Alí Rodríguez Araque

El ministro de Relaciones Exteriores, Alí Rodríguez Araque, llamó la atención de sus homólogos de la Organización de Estados Americanos, durante su intervención en la plenaria de este lunes en el marco de la XXXV Asamblea General de la OEA, en Florida, Estados Unidos, en cuanto a que “la OEA no está facultada para hacer evaluaciones sobre el estado de la democracia en los diferentes países”, y advirtió que “esta es una materia que compete, de manera exclusiva e intransferible, al único legitimado como soberano para evaluar y decidir sobre su sistema político y sobre su desempeño, esto es, el pueblo de cada uno de nuestros países. A nadie más y bajo ningún pretexto”.

De esta manera, el Canciller dejó sentada la posición de la República Bolivariana de Venezuela de rechazo a la propuesta de los Estados Unidos de un “Plan de Acción para fortalecer la eficacia y aplicación de la Carta Democrática Interamericana en la defensa, la protección y promoción de la democracia”

Intervención del ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Alí Rodríguez Araque, en la XXXV Asamblea General de la Organización De Estados Americanos -OEA-

Señores Cancilleres:

Esta Asamblea General de nuestra Organización, se realiza con un muy atractivo lema: “Hacer realidad los beneficios de la democracia”. Tal objetivo genérico plantea de inmediato dos interrogantes: ¿cuáles serán esos beneficios y cómo lograrlos? Intentemos definirlos comenzando por el mayor problema que padece la mayoría de nuestros países y de cuya solución depende la estabilidad de nuestras democracias, la paz social y una sana relación entre nuestras naciones. Es la pobreza que asola a nuestros pueblos.

En efecto, 240 millones de pobres habitan nuestro continente y de ellos, casi cien millones sobreviven en condiciones de pobreza extrema. En tales condiciones, la calidad de vida es simplemente inexistente y, en consecuencia, la calidad de la democracia es sencillamente precaria y, su suerte, incierta. De manera que no habrá estabilidad política en la región, mientras pervivan tan altos índices de desigualdad social.

Si no enfrentamos la pobreza con urgencia y determinación podría convertirse, como de hecho se ha convertido, en el factor que más afecta la estabilidad política en la región.

Los países del hemisferio tenemos que enfrentar las amenazas contra la democracia. Para que ésta sea auténtica, deben garantizarse no sólo los derechos civiles y políticos, sino también los económicos, sociales y culturales. La democracia y la pobreza son incompatibles.

Los Derechos Humanos, que en esencia se resumen en una vida digna, son la esencia de la democracia. Donde se padezcan calamidades como el hambre y la miseria, la democracia está en tela de juicio y los derechos humanos resultan una ficción. Las desigualdades sociales y económicas desestabilizan la democracia y comprometen su legitimidad.

Por tal razón, Venezuela sometió a la aprobación de la anterior Asamblea General de esta Organización, un Proyecto de Resolución denominado Proyecto de Carta Social de las Américas, aprobado 8 de junio de 2004 en la ciudad de Quito. Transcurrido un año, finalmente pudo acordarse el Grupo de Trabajo designándose como Presidente a nuestro Embajador Jorge Valero.

El Grupo de Trabajo tiene la responsabilidad de dar cumplimiento al mandato de elaborar la Carta Social de las Américas. La misma deberá precisar un conjunto de metas y un curso de acción para el logro de las mismas. El compromiso que debemos asumir ahora, es el de multiplicar los esfuerzos para la negociación y aprobación del Proyecto sin los obstáculos que se han presentado hasta ahora. Por ello, saludamos el importante paso que representa la aprobación de tal Grupo de Trabajo.

Ahora bien, es tan importante como el problema antes tratado, es el relativo al respeto que todos debemos a los principios fundamentales que dieron lugar a la creación de la Organización de Estados Americanos, cuya violación pondría en riesgo la existencia misma de esta Organización. Me refiero a los principios consagrados en los artículos 1, 2, y 3 de nuestra Carta fundacional, extremadamente claros en cuanto a la no intervención en asuntos de la jurisdicción interna de los Estado Miembros; el derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social, así como a la cooperación amplia entre los Estados Miembros, con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales; la condena a la guerra y el respeto a la personalidad cultural de los países americanos. Con el mayor respeto, Señores Cancilleres, los invito a releer tales artículos.

El caso es, en cierto momento se consideró que la Carta de la OEA era insuficiente. Se nos presentó entonces el Proyecto de Carta Democrática Interamericana. Empero, pareciera que la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, todavía resultaran insuficientes.

Se nos presenta ahora una reforma de ambas instituciones jurídicas, creando procedimientos y mecanismos que no están contempladas en ningún estatuto de esta Organización, además de darle ingerencia en los asuntos puramente interestatales a sectores externos y a lo que, sin definición precisa, llaman sociedad civil. De darle curso a tales ideas, estaríamos hablando de otro tipo de asociación, pero nunca de una Organización de Estados.

Ya en la Carta Democrática Interamericana están establecidos delicados equilibrios para encarar situaciones cuando, en algunos de los países del Continente, se presenten “alteraciones del orden democrático y constitucional”“. Los procedimientos están contemplados en los artículos 17, 18 y 20 de la referida Carta Democrática.

Por otro lado, bien vale la pena recordar que la OEA no está facultada para hacer evaluaciones sobre el estado de la democracia en los diferentes países. Esta es una materia que compete, de manera exclusiva e intransferible, al único legitimado como soberano para evaluar y decidir sobre su sistema político y sobre su desempeño, esto es, el pueblo de cada uno de nuestros países. A nadie más y bajo ningún pretexto.

Ningún país; ni grupo de países, ninguna instancia en el marco de la OEA o fuera de ella, existe para evaluar y corregir las situaciones políticas internas de los países. En tal caso, se estarían trasgrediendo los fundamentos que rigen las relaciones interamericanas y, en particular, la Carta de la OEA.

Son los mismos países quienes, consultando la voluntad soberana de sus pueblos, los llamados a establecer los mecanismos correctivos. En el caso de Venezuela, por ejemplo, nuestra Constitución Bolivariana introdujo la figura del Referendo Revocatorio, derecho elemental de nuestro pueblo para revocar los mandatos otorgados a sus representantes y gobernantes. Mecanismo que permitió superar, por un medio democrático, pacífico, electoral y participativo, como nos lo pedían algunos amigos, nuestro conflicto interno.

En conclusión, la OEA debe ser un organismo promotor de la democracia y no un órgano interventor en los asuntos internos de nuestros países.

Señores Cancilleres.

Cuando cada uno de nosotros regrese a su país, nuestros pueblos estarán preguntándonos, por milésima vez ¿cuáles son los beneficios de nuestra democracia? ¿En qué medida esta nueva Asamblea de la OEA ha contribuido a hacer realidad los beneficios de mi democracia? ¿Creando nuevas formas de intervención en nuestros asuntos internos? ¿Y qué de nuestras más perentorias necesidades? ¿Qué de la escuela, de la salud, del bienestar de mis hijos?

Estas y muchas otras preguntas de igual naturaleza nos están esperando. Y esperan por nuestra respuesta. Si como demócratas representamos la voluntad popular, estamos obligados a dar respuestas concretas evitando así que siga creciendo la incredulidad como ocurre ya en tantos países de nuestra región.

Ahí están las Metas del Milenio planteadas en la Organización de las Naciones Unidas, como un enorme, pero hermoso desafío. Vamos a definir las nuestras propias y el curso a seguir para su realización. Estaremos colocando así la piedra angular para hacer del sueño democrático, una robusta realidad.

Muchas gracias y el mejor de los éxitos en esta XXXV Asamblea General.