En el marco del diálogo propiciado por la Iglesia Católica ha comenzado a tomar fuerza la idea del adelantamiento de las elecciones generales en Bolivia; idea cuestionada, sin embargo, por algunas voces, especialmente desde esferas municipales. Cabe preguntarse, por tanto: ¿dada la renuncia de Carlos Mesa, convocar a elecciones generales es una solución para la crisis que vive el país? La respuesta lógica y natural a esta pregunta no puede sino ser ambivalente: ¡sí!, y al mismo tiempo, ¡no!

Una breve explicación para lectores no bolivianos. El artículo 93 de la Constitución dispone que en caso de ausencia o impedimento del presidente, lo reemplaza el vicepresidente y “a falta de éste, en forma sucesiva y estricta prelación, el presidente del Senado, el de la Cámara de Diputados o el de la Corte Suprema de Justicia”. El texto constitucional dispone, además, que si la sucesión llegase hasta el presidente del poder judicial antes de haberse cumplido tres años del período de gobierno, este último deberá convocar a elecciones para la renovación únicamente del binomio presidencial.

Este es el trance en el que se encuentra hoy Bolivia. Primero renunció el presidente Sánchez de Lozada; lo hizo ahora el sucesor Carlos Mesa y los sectores sociales que tienen sitiada a La Paz y paralizado El Alto, reflejando el intenso desprestigio que aqueja al Congreso Nacional y al sistema de partidos, están exigiendo que los presidentes del senado (Vaca Diez) y de diputados (Mario Cossío) sean eliminados de la sucesión, debiendo asumir la presidencia el titular del máximo tribunal de justicia de la nación (Eduardo Rodríguez) sin haberse cumplido todavía el trienio inicial del mandato gubernamental. El dilema, por tanto, está planteado entre seguir a pie juntillas la regla constitucional, la que, casi con seguridad, no devolverá la tranquilidad al país, o acortar el período de gobierno y proceder a nuevas elecciones generales, esperando que en las ánforas se produzca el ajuste entre la nueva realidad política del país y la composición de los poderes públicos. Con esta explicación, volvamos al análisis:

La elección de presidente, vicepresidente, senadores y diputados (elecciones generales) NO es una solución si no está asociada a los grandes temas que vienen debatiéndose en el país, es decir la modificación de la Ley de Hidrocarburos o nacionalización de los mismos, la Asamblea Constituyente, la realización del referéndum sobre las autonomías, la elección de Prefectos y, por supuesto, la inexistencia de un gobierno real y efectivo. Resulta innegable que las elecciones, por si solas, únicamente permitirían el cambio de personas, dejando intocados los problemas de fondo.

Los comicios generales pueden asociarse con la solución de las cuestiones de fondo en la medida en que se tengan presentes los siguientes elementos de análisis:

1. Carlos Mesa era presidente pero no gobernaba. No es posible pensar en solución de fondo alguna si no se cuenta con un gobierno real y efectivo que desde La Paz ordene el funcionamiento nacional.

2. El Congreso Nacional no refleja ya la correlación de fuerzas sociales vigente en Bolivia. Los partidos tradicionales (MNR, MIR, NFR, ADN y UCS) evidentemente se encuentran sobre-representados en el actual parlamento y, al mismo tiempo, son los responsables de la dispersión de fuerzas en el país y en el seno del legislativo. Las elecciones generales permitirán corregir, en el corto plazo, ambas situaciones: la falta de gobierno y la dispersión. Nadie en su sano juicio, seguramente, intentará hacernos creer que los electores reproducirán la dispersión actual de los partidos tradicionales.

3. La Asamblea Constituyente es, a estas alturas, una demanda impostergable. Por tanto, Bolivia necesita contar con un gobierno y un parlamento legítimos y, al mismo tiempo, modificar su Constitución en una Asamblea dotada de los suficientes poderes para realizar esa tarea. Por ello, en los últimos días, y ante la inminencia del derrumbe de los poderes ejecutivo y legislativo, ha comenzado a considerarse la posibilidad de atribuirle al Congreso Nacional (de suyo renovado) que surja de las urnas la calidad y las atribuciones de una Asamblea Constituyente (modalidad de trabajo ya experimentada en el país el año 1967 y con buen resultado). Esta propuesta, sin embargo, para ser viable requiere cumplir una condición, la misma que aquí la tratamos como cuarto elemento de análisis.

4. Los pueblos indígenas de tierras bajas, así como los urus y los kallawayas, por su reducido número y por su dispersión geográfica, no tendrían representación propia en el nuevo Congreso-Asamblea Constituyente. Hay que pensar, por lo tanto, en crear un mecanismo que permita la presencia de estos importantes grupos de bolivianos en la redacción de la nueva constitución.

5. La población de origen aymara y quechua, por el contrario, tiene su representación garantizada a través de más de 25 circunscripciones uninominales ordinarias. La prueba incontrovertible de esta afirmación se encuentra en la composición de la actual Cámara de Diputados. Consecuentemente, que nadie pretenda engañar a nadie con planteamientos como el de -aprovechándose de la demanda de los pueblos amazónicos- crear 26 circunscripciones indígenas especiales (10 para tierras bajas y 16 para tierras altas) con el único propósito de duplicar la representación de las circunscripciones aymaras y quechuas. Planteamientos como éste son los que están impidiendo las soluciones.

6. Si se realizan elecciones generales en noviembre o diciembre, los comicios prefecturales del 12 de agosto pierden sustento jurídico y sentido de oportunidad. Deben, por ello, postergarse y realizarse conjuntamente las elecciones generales, dejando librado el tema del período de los nuevos prefectos a la Asamblea Constituyente.

7. Quedan todavía dos temas de fondo sin respuesta inmediata: la nacionalización de los hidrocarburos y el referéndum autonómico. Aquí caben dos soluciones posibles: a) someter ambos temas al veredicto popular en un referéndum que podría realizarse antes de las elecciones generales o, también es posible, aunque más complicado, el mismo día de ellas, ó b) acordar que los candidatos a la presidencia pidan el voto en función de propuestas claras sobre ambos temas. Esta vía tiene la ventaja de que los ciudadanos serán quienes, con su voto, elegirán no sólo al nuevo presidente sino también una u otra vía para el desarrollo futuro del país, eliminando así la posibilidad de que, como podría suceder en la otra vía, termine elegido un presidente que no comparta el resultado del referéndum previo.

Con estos elementos de análisis, volvamos a la pregunta inicial: ¿es una solución adelantar elecciones? SI! Si los comicios vienen asociados a las soluciones de fondo. De manera que todos quienes todavía se oponen a la renovación del gobierno y del parlamento sólo están razonando desde sus intereses y proyectos personales o de grupo, que son tan particulares y egoístas como los de los parlamentarios actuales que, naturalmente, preferirían quedarse hasta el año 2007.