Tras la euforia por el fallo judicial que declaró inconstitucionales las llamadas leyes del perdón, comenzó hoy en Argentina un debate de reflexión sobre los caminos tortuosos por recorrer para responder al clamor mayoritario de justicia.

La decisión mayoritaria -aunque dividida- de la Corte Suprema de Justicia poniendo fin a las leyes de Punto Final (diciembre de 1986) y Obediencia Debida (junio de 1987), comienza a recorrer precisamente ese derrotero tras el torrente de declaraciones de nada disimulado júbilo.

Comienzan a hacerse los balances y saltan a los primeros planos los probables escenarios que podrían presentarse en lo que ya se pronostica como un semillero de procesos judiciales.

A juzgar por importantes figuras de instituciones sociales que llevan casi tres décadas reclamando justicia, lo primero que debía dilucidarse es el grado de complejidad en perspectiva para emprender procesos judiciales, así como el número de probables acusados.

De acuerdo con Estela de Carlotto, presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, serían más de 1.600 si se toma como referencia válida la lista que arrojó la indagación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), en 1984.

En tanto, Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo, sostiene que hay evidencias sobre más de cuatro mil militares implicados.

El jefe del Ejército, teniente general Roberto Bendini, ya mencionó la cifra de 400 militares que deben rendir cuentas ante la justicia por su papel en la represión y afirmó que de ellos, alrededor del 10 por ciento -entre 10 y 50 personas- están aún en activo.

Pero ambas activistas llaman la atención sobre un asunto que, de manera deliberada o no, está siendo silenciado por los medios de difusión: los civiles que desde distintas responsabilidades fueron cómplices de los crímenes de la última dictadura militar (1976-1983).

De Bonafini va aún más lejos y, como declaró hoy al diario Página /12, las transnacionales nunca fueron tocadas en el pasado y no deberían quedar fuera ahora.

Otro asunto que preocupa a las organizaciones populares, por los precedentes ya sentados, tiene relación con el eventual escenario de los procesos y cómo los futuros condenados van a cumplir sus penas.

Se trata de rechazar que los juicios se celebren en locales castrenses, así como que las penas se purguen en esos lugares o en los respectivos domicilios por cuestiones de avanzada edad.

En un análisis publicado hoy en Página/12, se expresa que es inadmisible la existencia de alojamientos lujosos para los condenados por crímenes contra la humanidad, mientras presos comunes se pudren en cárceles vergonzosas.

La nueva situación creada con el fallo de ayer puso de nuevo sobre el tapete un asunto no menos controvertido y sensible: los indultos decretados por el ex presidente Carlos Saúl Menem, que beneficiaron a los principales jerarcas de la dictadura militar.

En declaraciones a una radioemisora desde su provincia de La Rioja, Menem dijo que acepta la decisión de los jueces sobre las leyes del perdón y que haría lo mismo ante similar decisión sobre el indulto.

El promotor de Punto Final y Obediencia Debida, el expresidente Raúl Alfonsín, al referirse al fallo de la Corte, dijo que la cuestión “sufre aún de una evidente renquera, debido a que permanecen incólumes los indultos aplicados por el presidente Carlos Menem”.

Al respecto, el jefe de gabinete, Alberto Fernández, dijo desconocer si el presidente Néstor Kirchner tiene la intención de anularlos, porque si bien son facultad de un mandatario, ignora si eso es jurídicamente factible y posible.

A 24 horas del ya histórico fallo, el caudal de juicios emitidos al respecto y sobre los posibles desenlaces futuros, confirman nuevamente el aserto de que cada meta es sólo un punto de partida.

PL

Roberto Molina