JPEG - 9.6 KB
Óscar Berger

Órdenes de captura, desalojos y campañas de desprestigio contra organizaciones y líderes sociales son las respuestas que utiliza el gobierno de Óscar Berger, en lugar de establecer una política integral que atienda la conflictividad en el campo, denuncia la Plataforma Agraria en comunicado público en este miércoles. Al mismo tiempo, reivindica su derecho a fiscalizar las acciones del Ejecutivo en los conflictos agrarios y laborales.

Después de verificar cómo está funcionando la institucionalidad, Plataforma Agraria sostiene que los funcionarios gubernamentales abordan el conflicto con un respeto absoluto a la propiedad privada, obligando al Estado a declinar de su obligación de velar por los derechos económicos, sociales y culturales de la población campesinas trabajadora.

Tanto el gobierno central como la Corte Suprema de Justicia tienen responsabilidad en los niveles altos de conflictividad que existen en el campo. Plataforma Agraria afirma que Contierra tiene grandes limitaciones ya que atiende fundamentalmente casos de muy bajo impacto o asuntos en los que salen más favorecidos los propietarios privados.

La conflictividad en el campo está marcada por el hambre, el desempleo y la falta de respeto al Código Laboral. Al menos 32 mil propiedades están parcial o totalmente abandonadas y se perdieron más de cien mil puestos de trabajo hasta abril del 2002. Por tal razón, se han deteriorado las condiciones económicas y sociales de miles de familias campesinas.

La conflictividad en el agro guatemalteco es producto del incumplimiento de las obligaciones de instituciones y funcionarios estatales, es decir, es una violación al Estado de Derecho. Para Plataforma Agraria, Estado de Derecho significa garantizar el derecho a la vida de las personas, en su forma integral, mediante el acceso a recursos, a salarios y vivienda dignos, a la educación y la cultura, a participar en la toma de decisiones, al pleno ejercicio de los derechos de petición y organización.

Adital