El Día 21 de Junio fue declarado el "Día por una América Latina Libre de Transgénicos" por la Red de América Latina Libre de Transgénicos (RALLT) reunida en Quito en 2002 .
Aprovechamos esta ocasión para alertar al país sobre el hecho de que, a pesar de las afirmaciones del Presidente de que en Venezuela no se sembrará transgénicos, hay evidencias de que se planifique todo lo contrario.

El diario “El Clarín” de Buenos Aires reportó sobre la visita de una delegación venezolana que incluía la Diputada del Estado de Barinas, Katiuzka Angulo, y Balsamino Belandria , de la Federación Bolivariana de Ganaderos y Agricultores.

Según este ultimo, se está analizando la creación de “ unidades de producción mixta en soja, en maíz” Dice el periódico, “ Con ese objetivo, vinieron a la Argentina a buscar la reconocida tecnología local en maquinaria, adaptada y especializada en siembra directa. “
No es secreto que Argentina es el segundo país productor de transgénicos del mundo (los Estados Unidos es el primero), que la tecnología argentina de producción de soya y de maíz es la tecnología transgénica y, además, que la tecnología de siembra directa es parte del paquete tecnológico de la soya RR , soya patentado por Monsanto, tolerante al herbicida “ Roundup ” o glifosato .

Nos preguntamos entonces ¿para qué se propone estas empresas mixtas? ¿Para repetir el desastre socio-económico y agrícola de la Argentina “transgénica” en Venezuela? Exigimos al Presidente y al Ministro de Agricultura una explicación.

Dentro del mismo gobierno se sostiene un doble discurso sobre transgénicos y una falta de coherencia política entre los diferentes entes gubernamentales y el mismo Presidente Chávez. Por un lado, el Presidente reitera su oposición a los cultivos transgénicos, mientras que, por otro lado, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ( MCyT ) los promueve, el Ministerio de Agricultura y Tierra ha hecho contratos para sembrar transgénicos (cancelados por el Presidente), la Fiscalía ignora las denuncias de la venta de OMG para consumo humano y animal y la anterior Ministra del Ambiente nunca plasmó el Principio de Precaución establecido en la Ley de Diversidad Biológica, en una resolución ministerial que prohibiera liberación de OMG al ambiente.

En adición, se hace toda clase de convenio de intercambio comercial con países productores de transgénicos (MERCOSUR.) Al mismo tiempo, se importan soya y maíz transgénicos para consumo humano y animal.
Es también ocasión propicia para reclamar al gobernador Florencio Porras la firma del proyecto de decreto para restringir actividades con transgénicos en el Estado Mérida, proyecto que ya fue revisado por la Procuraduría del Estado y le fue entregado hace ocho meses.

Por último, queremos llamar la atención de a esta declaración de RALLT sobre la falta de participación pública en los procesos y proyectos de la ONU sobre bioseguridad. Además, reclama que los fondos designados a la implementación del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad se están utilizando para difundir interpretaciones del Protocolo que favorecen la adopción de medidas débiles en los países ( incluyendo a Venezuela) que beneficiarían a la industria de la ingeniería genética.

RED POR UNA AMERICA LATINA LIBRE DE TRANSGENICOS DECLARACION SOBRE EL PROYECTO MARCO NACIONAL DE BIOSEGURIDAD, FINANCIADO POR EL UNEP GEF Y EN EJECUCION EN 28 PAISES DE AMÉRICA LATINA

La Red por una América Latina Libre de Transgénicos hace las siguientes consideraciones frente a los proyectos que el UNEP GEF realiza para establecer Marcos Nacionales de Bioseguridad:
– Que la región latinoamericana concentra la mayor biodiversidad del Planeta, así como una importante diversidad cultural, y que es necesario protegerlas.
– Que los organismos genéticamente modificados constituyen una gran amenaza a la biodiversidad de la región . Por ejemplo, ya está completamente documentado que variedades tradicionales de maíz han sido contaminadas con transgenes en la cuna del maíz, México.
– Que los proyectos enmarcados por el UNEP GEF, ignoran esta realidad .
– Que la ejecución de estos procesos carece de legitimidad pues los ejecutores del proyecto primero definen las reglas, los marcos legales y administrativos y luego invitan a ciertas organizaciones a participar con el fin de cumplir con el requisito de participación de la sociedad civil. Pero de ninguna manera representan la opinión de la sociedad en su conjunto.
– Que el proyecto UNEP GEF parte del supuesto de que el Protocolo de Cartagena nos obliga a aceptar transgénicos, e interpreta al Protocolo como el techo máximo en el que podemos movernos, desconociendo el Art. 2.4. que establece que “ninguna disposición del presente Protocolo se interpretará en un sentido que restrinja el derecho de una Parte a adoptar medidas más estrictas para proteger la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica”, lo que permitiría a los países establecer moratorias e incluso territorios libres de transgénicos por razones de conservación y uso sustentable de la biodiversidad o para precautelar la salud humana.
– Que el proyecto UNEP - GEF pretende homologar las normativas sobre bioseguridad en los países donde estos proyectos se desarrollan, sin tomar en cuenta las particularidades y necesidades de cada país. Esto se revela en su “ Toolkit ” . Esta homologación está diseñada para facilitar el trabajo de las empresas, las que podrán operar con un marco común en todo el mundo, mas no para proteger la biodiversidad y la salud humana.

FRENTE A ESTAS CONSIDERACIONES EXIGIMOS:

– Que el UNEP-GEF suspenda inmediatamente los fondos de estos proyectos, hasta que tenga la capacidad de ejecutarlos de acuerdo a los objetivos para los que fueron creados: proteger la biodiversidad y la salud humana en nuestros países.

– Que los marcos nacionales de bioseguridad estén diseñados para eliminar los factores que ponen en riesgo la biodiversidad, el ambiente y la salud humana.

Que se declare una moratoria a cualquier proceso de formulación de normas sobre bioseguridad, hasta que las organizaciones de campesinos, indígenas, agricultores, consumidores y la sociedad civil en general hayan debatido ampliamente qué tipo de desarrollo agrícola desean para su país.

Centinela y RAPAL-VE

Lorna Haynes