Más de medio millar de representantes de unas 15 comunidades campesinas notificaron a la empresa transnacional norteamericana Newmont, propietaria de la Minera Yanacocha, para que retire sus máquinas perforadoras de las cuencas hidrográficas ubicadas en los cerros San Cirilo y La Quinua, cuyas aguas subterráneas alimentan los ríos Alto Llaucano y Río Grande, y son utilizadas en sus actividades agrícolas y ganaderas y para el abastecimiento de la población de Cajamarca.

Esta advertencia la hicieron luego de dos marchas pacíficas hasta los citados lugares, realizadas por separado el pasado 16 de los corrientes, con la finalidad de inspeccionar in situ, y verificar que la Minera Yanacocha efectúa trabajos de perforación en terrenos donde existen “esponjas acuiferas”, en las cuáles según todas las recomendaciones técnicas internacionales, no deben realizarse actividades mineras.

La razón de esta prohibición obedece a que las “esponjas” asimilan con facilidad los efluentes contaminantes propio e inevitables de la actividad minera.

Siguen en San Cirilo

Los manifestantes expresaron su malestar porque la empresa minera Yanacocha a fines del pasado mayo, se comprometió a retirarse de San Cirilo y del adyacente Río Alta Llaucano, luego de que la población campesina y de Cajamarca hicieran una manifestación de protesta y rechazo a la presencia de actividad minera en San Cirilo, y no ha cumplido con hacerlo.

“Nosotros no otorgaremos la licencia social de explotación porque se trata de nuestras tierras ancestrales que nos dan la vida, el sustento, el trabajo y la supervivencia en este planeta y si ellos buscan confrontación la tendrán y debe quedar muy claro que ellos serán los únicos responsables”, dijeron.

La primera marcha a San Cirilo estuvo totalmente integrada por dirigentes de las comunidades y rondas campesinas, sin la presencia de las autoridades de Cajamarca, a pesar de que fueron convocadas y muchas de ellas confirmaran su asistencia con anticipación.

Río Alto Llaucano

La inspección permitió comprobar la presencia de perforadores de Minera Yanacocha, diversa maquinaria y vehículos, custodiados por un grueso dispositivo de seguridad, ante lo cual se procedió a redactar un acta, con la firma del representante de la Defensoría del Pueblo, doctora Alicia Abanto Cabanillas, donde se puntualiza que el agua procedente de la cuenca del cerro San Cirilo y del Río Alto Llaucano, tienen como usuarios específicos a las 16 comunidades campesinas que habitan en las zonas aledañas y al 70% de los 150 mil habitantes de la ciudad de Cajamarca.

También se dejó constancia en el acta que la presencia de brigadas de perforadores en San Cirilo cuenta con la complicidad del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y se realiza a pesar de no contar con la licencia social de las comunidades campesinas y población de Cajamarca.

En el acta, los representantes de las comunidades campesinas y población de Cajamarca, notifican a la transnacional Newmont, propietaria de Minera Yanacocha para que retire sus sus máquinas perforadoras que ahora se encuentran instaladas en las faldas del colchón acuífero del Alto Llaucano con la finalidad de realizar actividades en esta como en Río Grande y San Cirilo en general.

Provocaciones

En el intertanto de esta inspección, los dirigentes de las comunidades campesinas fueron objetos de una provocación con el presumible propósito de provocar hechos de violencia, que de haber ocurrido habrían justificado las denuncias que hicieron sus voceros en la prensa limeña, en el sentido de que los campesinos iban a tomar por las fuerza las instalaciones de este campamento minero.

El hecho ocurrió cuando las delegaciones de dirigentes comuneros se encontraban cerca de la laguna Munshuy. Fueron bloqueados sorpresivamente una camioneta “Couster”, de propiedad de una de las empresas contratistas que realiza trabajos en la zona, al mismo tiempo que aparecieron una veintena de personas desconocidas, que no eran comuneros, quienes arrojaron piedras a las parabrisas del vehículo, y luego emprendieron la fuga. La forma del ataque y la facilidad con que desaparecieron, sin ser seguidos por los efectivos policiales y de seguridad de Minera Yanacocha, ha hecho pensar a los dirigentes de la comunidad de Yanacanchilla, ubicados a la cabeza de la marcha, que se trató de un autoatentado realizado de manera convenida por trabajadores de la mina, con la finalidad de culpar a los campesinos.

Fuerte dotación policial

La transnacional Newmont trasladó hasta el cerro San Cirilo y Río Grande un total de cinco buses repleto de personal policial armado hasta los dientes. Los directivos de la empresa se quedaron con los crespos hechos pues no hubo de parte de los campesinos un solo acto de provocación. Los pobladores demostraron una elevada conciencia y responsabilidad y se preocuparon en todo de que la manifestación fuera pacífica.

En estas circunstancias, cuando los provocadores esperaban una reacción violenta de los campesinos, llegaron al lugar un grupo de periodistas, convocados por la empresa para grabar imágenes de una confrontación que no llegó a producirse. Los campesinos pidieron a los hombres de prensa que se retiren, pero al negarse un grupo de campesinos los desalojaron a punta de correazos en sus posaderas, que los puso en fuga. Los afectados, convencidos de que no iba a ocurrir nada, se alejaron por sus propios medios del lugar.

Cerro La Quinua

Simultáneamente, cerca de dos centenares de pobladores entre ellos dirigentes del Frente Unico en Defensa de la Vida, del Medio Ambiente y los Intereses de Cajamarca, una delegación de la Institución Educativa Juan XXIII, Colegio San Ramón, Champagñat, SUTEC, Federación Regional de Rondas Campesinas, Red Verde, y algunos periodistas independientes, con la presencia del representante de la Defensoría del Pueblo, doctor Sabroso, realizaron una visita de inspección al cerro La Quinua y al adyacente Río Grande. La marcha, lamentablemente no llegó hasta las propias instalaciones del campamento minero, porque fue bloqueada por un fuerte contingente policial. Los pobladores se remitieron a realizar observaciones en el dique y la presa Río Grande, donde en medio del asombro general constataron un color verde amarillento, revelador a la vista que era producto de la contaminación producida por trabajos de Minera Yanacocha.

Las delegaciones, debido a la férrea oposición policial, no pudieronn ingresar al interior de la cuenca, donde se sabe que la empresa realiza un intenso trabajo de extracción de minerales, desconociéndose la extensión de estas labores y la magnitud del tratamiento química que les aplica en este lugar.

Bambamarca también da plazo

Delia Díaz, alcaldesa del distrito de Chogur, provincia de Bambamarca, departamento de Cajamarca, emplazó a la empresa minera Yanacocha, para que en el más breve plazo retire sus campamentos del Cerro Negro, una cuenca acuífera parecida al Cerro Quilish de la provincia de Cajamarca, porque el área está declarada como zona reservada e intangible, mediante ordenanza municipal de su despacho.

La burgomaestre indicó que la empresa ha sido notificada con esta ordenanza municipal, pero desafia la voluntad del pueblo y su autoridad y ha empezado a instalar sus campamentos en el denominado Cerro Negro. Esta decisión de Minera Yanacocha ha provocado el rechazo de la población que se encuentra decidida a preservar sus tierras que son altamente productivas en ganadería y agricultura.

El Cerro Negro es el lugar donde se han sembrado pastos mejorados para la ganadería y su producción esta basada en los productos lácteos.

“Si Yanacocha explota los recursos minerales que están debajo de estas tierras altamente fértiles, sólo quedarán tierras inservibles y contaminadas”, dijo la alcaldesa.

Marcha Nacional en julio

Seguidamente, agregó que por esta razón, viene coordinando la defensa de esta zona intangible con los alcaldes de Hualgayoc y Bambamarca.

La alcaldesa de Chogur brindó estas declaraciones al comentar las conclusiones del reciente Encuentro de Comunidades Afectadas por la Minería, realizado en la ciudad de Cajamarca y que fue organizado por la ONG “Conacami-Perú”, evento forma parte de las actividades previas a la gran "MARCHA NACIONAL por la vida, la tierra, el agua y el agro" que se realizar durante la primera semana de julio.

La burgomaestre informó que su distrito participaría en esta marcha nacional, porque considera que la minería esta acabando con la producción agropecuaria e implementa una campaña asistencialista con pequeños créditos a los ganaderos que no significan la solución al problema ambiental.

Díaz se pregunta “¿Por unas monedas podemos cambiar nuestro derecho a un ambiente sano?”, y se responde: “Evidentemente que No”, señaló la alcaldesa .

Pobreza aumentó en Cajamarca

Durante el Encuentro de Comunidades Afectadas por la Minería de Cajamarca, realizado los días 10 y 11 de junio, los representantes de los distritos de la Encalada, Baños del Inca, Cajamarca, San Pablo y Tumbaden, Choropampa, entre otros, manifestaron su preocupación porque desde que Yanacocha explota el oro de Cajamarca, los niveles de pobreza se han incrementado y de ser el cuarto departamento más pobre del país, ha pasado ha ser el segundo más pobre a nivel nacional.

En Cajamarca, desde que el Estado entregó en concesión tierras productivas a Yanacocha son múltiples los conflictos socio-ambientales que se han generado por la propiedad de la tierra, el uso de las aguas y la contaminación de sus cuencas hidrográficas como lo que sucede en el Llaucano y el Jequetepeque.

Además de llevarse adelante la explotación del cerro Quilish, principal acuífero que abastece de agua a la población rural y urbana de Cajamarca se corre el riesgo de contaminación de los ríos Grande y Porcón debido a las operaciones mineras.

Pero el mayor problema y reclamo del pueblo de Cajamarca es la desatención a las víctimas de la intoxicación por mercurio en el poblado de Choropampa ocurrido hace dos años.

Son 900 personas que sufren las secuelas del derrame de este metal y no reciben atención especializada.

Miseria social es origen de protestas

Invocó al gobierno a no reprimirlo y a los cocaleros a evitar la violencia

La opresión que sufren las grandes mayorías del país han dado pie a la reciente ola de protestas contra la actividad minera, precisó este lunes 20 el padre Gastón Garatea, presidente de la Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza.

"Nuestra gente lleva siglos de opresión y eso no lo hemos entendido. Ahora está saliendo como presión de gas. La humillacion que siente la gente de las minas, que son los mismos campesinos convertidos en mineros, se va siendo cada vez más consciente", manifestó Garatea a través de de declaraciones al programa televisivo de noticias "Diálogo Directo". En ese sentido, invocó al Ejecutivo a tomar cartas en el asunto. "No se trata de reprimir, sino de que pensemos cómo hacer para que la opresión se vea disminuida".

Destacó que para aliviar la opresión se requiere trabajar desde una perspectiva multidiscplinaria que incluya el aporte de las universidades particulares y públicas. "Este es un asunto de fondo, y hay que hacerlo con profundidad y ahora mismo".

Así mismo, rechazó que éstas manifestaciones del descontento ciudadano tengan algún transfondo político. "Aquí no hay levantamiento político. Si uno mira esto como asonada, alli hay una mirada errónea", sostuvo.

No a la coca

De otra parte, el padre Garatea cuestionó la ordenanza emitida la semana pasada por el presidente de la Región Cusco, Carlos Cuaresma, para legalizar el cultivo de la hoja de coca en los valles de su jurisdicción.

Indicó que justamente la zona de Quillabamba es donde es Estado compra la mayor cantidad de dicho cultivo a través de la Empresa Nacional de la Coca (ENACO). "No entiendo porque Cuaresma propone esto", dijo.

En todo caso, Garatea invocó a los cocaleros a evitar la violencia y al gobierno a no reprimirlos. "La receta es la misma: el diálogo. Hemos pasado dos décadas de violencia. Aprendamos la lección: no podemos vivir amenazándonos unos a otros", acotó.

*La Razón, 21-6-2005