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El Contralor General de la República, Clodosbaldo Russián, indicó que la corrupción administrativa es una forma de terrorismo social porque ella sustrae y desvía recursos que podrían estar destinados a la salud, educación y alimentación y, de esa manera, perjudica directamente al pueblo necesitado.

"Mientras la corrupción exista, la lucha contra la pobreza será muy difícil", aseveró el Contralor durante un foro realizado este lunes en la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN).

Explicó que ese tipo de terrorismo, que se desarrolla muy sutilmente en todos los estratos de la administración pública, no se diferencia mucho de la lucha que se libra contra aquellos que "ponen bombas", porque también genera efectos colaterales. Es decir, hay menos ambulancias, menos pupitres y menos escuelas, hay menos de todo.

Indicó que en los últimos cinco años la Contraloría ha elaborado más de 100 expedientes contra la corrupción, tanto en el ámbito nacional como a nivel de los estados y municipios, los cuales han sido enviados a los órganos correspondientes para su investigación.

Reconoció que, lamentablemente, en la llamada cuarta República se flexibilizaron los mecanismos de control de la corrupción. Considera que, como ese flagelo tiene que ver con un problema ideológico y político, es imprescindible fomentar una cultura contra la corrupción y hacerle ver a la gente que participa en ese tipo de práctica que "son unos traidores a la patria".

Russián piensa que, frente a este hecho, debe existir una respuesta y una sanción social. En su opinión, si existiera una sanción social contra quienes cometen delito contra la cosa pública, al extremo de que no pudieran engalanar las portadas de las revistas y periódicos, la cosa sería muy diferente.

Asimismo, habló sobre un acuerdo suscrito con el Ministerio de Educación y Deporte, en el cual se establecen algunos principios éticos y morales, que podrían ayudar a combatir el flagelo de la corrupción. También pidió a los medios de comunicación social que incluyan mensajes creadores de conciencia para combatir y eliminar esa práctica dañina dentro de la sociedad venezolana .

Puso a disposición de la colectividad la oficina de atención al ciudadano de la Contraloría General de la República, para brindar orientación o información sobre las denuncias realizadas.

Con relación a la averiguación administrativa que la Contraloría inició a la Alcaldía de Chacao, Russián manifestó que la misma se produjo por desinformación del alcalde Leopoldo López, quien difundió el oficio de la citación.

Puntualizó que si la aclaratoria del alcalde López satisface a los funcionarios de la contraloría, entonces, no habrá problema, pero si no lo hacen serán sancionados desde el punto de vista administrativo. Observó que si, por el contrario, encuentran evidencias de responsabilidad civil o penal, las enviarán al Ministerio Público.

Aseguró que la Contraloría General de la República no persigue a ningún funcionario público o privado, ni tampoco puede meter preso a nadie porque no tiene potestad para ello y no descartó actuarían de manera similar si se produjera un hecho de corrupción en cualquier municipio o estado, porque la ley no hace excepción