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Las personas que incurran en delitos contra el patrimonio público serán sancionadas con presidio de 30 años e inhabilitación política por 15 años más, de acuerdo a lo previsto en el artículo 5 del proyecto de Ley Orgánica Penal contra la Corrupción, distribuido el jueves en la plenaria de la Asamblea Nacional.

El texto propuesto por el diputado Carlos Colina Yánez (MVR), viene respaldado por la rúbrica de 57 parlamentarios de Gobierno y oposición, consta de 54 artículos y entrará próximamente a su primera discusión.

Advierten que “los delitos contra el patrimonio público son de lesa patria y no prescriben y quienes resultaren sancionados conforme a la presente ley no gozarán de privilegios u otras medidas tendientes a modificar, disminuir o sustituir la pena de presidio impuesta”.

Asimismo, consideran agravantes de la pena, que los delitos señalados se realicen prevalidos de la condición de funcionario público de alta y media jerarquía, o si se tratara de presidentes o miembros de la Junta Directiva de algunas de las empresas básicas o de aquellas destinadas a prestar un servicio público.

En el proyecto plantean la creación de un “Circuito Judicial Especial Penal contra la corrupción”, dentro de éste funcionaría un Tribunal Superior Penal, Cortes Regionales Penales, Tribunales de Primera Instancia, el Ministerio Público y la policía contra la corrupción.

El Tribunal estaría conformado por 9 magistrados, quienes pasarán por el mismo procedimiento de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para ser electos. En las Cortes existirían 5 magistrados, designados por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, y 6 escabinos.

En cuanto a la policía anticorrupción, se prevé que tenga carácter autónomo, personalidad jurídica, patrimonio y presupuesto propio, y que además funcione en sedes independientes.

Estos efectivos deberán “gozar de buena reputación”, ser abogados, preferiblemente con estudios de postgrado, y su elección para ingresar al Cuerpo será realizada por el Consejo Moral Republicano.

Esta policía se identificará con letras visibles en su uniforme con la palabra “Anticorrupción”, y actuará sin previo aviso en coordinación con el Ministerio Público contra la corrupción.

Esta Ley derogaría la Ley Contra la Corrupción; y, de acuerdo al informe de impacto financiero de la Oficina de Asesoría Económica, representaría un gasto de 189 mil 176 millones de bolívares que conforman el 0,084% del PIB estimado para este año.

Este monto serviría para construir las 24 sedes de los Tribunales Superiores y las Cortes Penales.

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