Mientras el Congreso y los medios de comunicación gimotean con relación a los programas de «traslado» de la CIA, que consisten en enviar detenidos a prisiones en terceros países donde serán además interrogados, ha llegado la hora de analizar lo que de verdad está en juego. En la página 127 de su informe, la Comisión de Investigación sobre el 11 de Septiembre menciona una conversación sostenida en 1998 entre Samuel Berger y Richard Clarke con relación a la captura de un lugarteniente de Ben Laden y una serie de arrestos de miembros de Al Qaeda. Para ambos responsables estaba claro que estos arrestos habían sido posibles gracias al sistema de traslados. Ello significa en primer lugar que la CIA obedece las órdenes de la Casa Blanca desde 1998 y que estas órdenes pasaron por las manos de numerosos juristas que no encontraron nada que decir en contra. Dirigí este programa durante 40 meses y en 22 años de carrera no había visto nunca que un sistema atrajera tanto interés y motivara tantas loas por parte del personal político. Sin embargo, siempre previnimos a los responsables políticos de que enviábamos prisioneros a países donde las normas de detención y las normas legales eran diferentes de las nuestras. La CIA obedeció las órdenes del poder ejecutivo. Fueron el National Security Council y los presidentes Bill Clinton y George W. Bush quienes tomaron las decisiones. En mi opinión, esta decisión fue acertada. El programa permitió alcanzar grandes éxitos y si se cometieron algunos errores, hay que corregirlos. No obstante, no es la CIA, que cumplía órdenes, quien debe pagar por ellos.

Fuente
New York Sun (Estados Unidos)

«A Fine Rendition», por Michael Scheuer, New York Times, 11 de marzo de 2005.