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Augusto Pinochet

Los periodistas chilenos lograron que el Senado eliminara una disposición constitucional aprobada por la Cámara de Diputados que pretendía blindar la “vida pública” de la clase política del escrutinio de la prensa y la ciudadanía, en un artículo que también protege la vida privada y la honra de todos los ciudadanos y sus familias. La modificación, que afecta al Artículo 19º Nº 4 de la carta fundamental, garantiza además los derechos humanos y cívicos, entre otros, la siempre vapuleada libertad de expresión.

El Senado concluyó anoche los cambios más trascendentales introducidos a la Constitución impuesta en 1980 por el dictador Augusto Pinochet desde que se inició la “transición a la democracia” en marzo de 1990. La Constitución, que sobrevivió un cuarto de siglo y rigió los últimos 16 años de democracia formal, será ratificada solemnemente el 16 de agosto, en una sesión conjunta de las dos ramas legislativas.

Según estos cambios constitucionales:

- El Presidente podrá remover a los jefes del Ejército, Fuerza Aérea, Marina y Carabineros solamente comunicando su decisión al Senado.

- Termina la figura de los senadores no elegidos, designados “a dedo” por el Ejército, la Marina, la Aviación, Carabineros, el Poder Judicial, etcétera, que actualmente conforman el 20% de la cámara alta de 50 miembros.

- El período presidencial se rebaja de 6 a 4 años, sin reelección.
- La edad para postular a la Presidencia se reduce a 35 años.
- El Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), integrado por los jefes de las Fuerzas Armadas, queda como un simple órgano asesor del Presidente, sin los poderes supra presidenciales que detentaba hasta ahora.

- Se elimina la condición de senador vitalicio de los ex presidentes de la República, privilegio que Pinochet disfrutó hasta que tuvo que renunciar a su regreso de la prisión en Londres y que hoy sólo ostenta Eduardo Frei Ruiz Tagle, que gobernó el período 1994-2000.

Resguardo de la libertad de expresión

El conflicto creado por la incorporación de la expresión “vida pública” en el texto constitucional aprobado por los diputados para proteger la vida privada de las personas será zanjado por un veto presidencial acordado entre el gremio de periodistas, el gobierno, las presidencias de ambas ramas del parlamento, los jefes de las bancadas y los presidentes de las comisiones encargadas de los asuntos constitucionales en ambas cámaras.

El Presidente del Colegio de Periodistas, Alejandro Guillier, y un grupo de dirigentes de la profesión permanecieron todo el día miércoles en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso haciendo gestiones amistosas para cautelar los intereses del periodismo chileno, tras un conflictivo deterioro de las relaciones con ese poder del Estado “recalentado” en la víspera.

El Colegio manifestó satisfacción porque el Senado decidió que la vida pública no debe ser objeto de una protección especial, no así la privada. “Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados estaban de acuerdo con suprimir la figura delictiva de la difamación, que está incluida en la Constitución del 80”, dijo Guillier.

“Eso voló en su oportunidad, y lo que quedaba pendiente -y que todos teníamos entendido que se suprimía- era lo de la vida pública. Pero cuando los diputados devuelven el proyecto colocan dos párrafos donde señalan que la ley va a proteger tanto la vida privada como pública”, dijo.

Otras batallas pendientes

Los periodistas todavía tienen otras amenazas legales que podrían aprobarse en el Congreso Nacional y cuya eliminación resultaría más difícil si existiera una norma de la Constitución garantizando el secreto de la vida pública, como lo estipulaba la disposición derrotada ayer.

Todavía falta que se despache una ley de privacidad e intimidad de las personas que establecerá sanciones pecuniarias e indemnizaciones a los periodistas más que a los medios donde trabajan, cuyos propietarios y jefes deciden su línea editorial y no los trabajadores de la información. En el ánimo de legisladores como el socialista Juan Bustos prevalece la idea del castigo a los periodistas.

Como paradoja, las eventuales condenas a indemnizaciones podrían hacer desaparecer a más de alguna publicación alternativa a los grandes medios que en los últimos 16 años han servido de tribuna incluso a este parlamentario, en su condición de destacado abogado defensor de los derechos humanos violentados por la dictadura, como fue el emblemático juicio contra Manuel Contreras, el ex jefe de la DINA, por el asesinato de Orlando Letelier en Washington.

La “doctrina Bustos” también está presente en la nueva redacción del artículo 161 del nuevo Código de Procedimiento Penal, disposición que se halla en proceso de reforma por iniciativa del Ejecutivo. La modificación legal originalmente fue concebida como una forma de despenalización de los delitos de opinión, es decir, acabar con las penas de cárcel trasladándolos del ámbito penal al civil, donde ahora se presentan severas amenazas de penalidades económicas que arruinarían a cualquier periodista.

Bustos: "Un malentendido"

Bustos dijo que “nos pusimos a resolver un tema que se provocó debido a que nadie había reparado en que la palabra “pública” podía dar lugar a interpretaciones ambiguas en contra de la libertad de expresión. No había reparado en ello ni el Ejecutivo, ni nosotros, ni el Senado”, afirmó. Agregó que una vez que el Presidente vete la polémica palabra “pública”, los parlamentarios, como el resto de las autoridades, deberán someterse al escrutinio de los medios y la gente.

“Nosotros habíamos señalado que las autoridades públicas tienen más restringida la protección a su vida. Todo lo que hagan público y lo manifiesten públicamente, eso ya no puede ser objeto de protección. Es decir, si un parlamentario dice que siempre ha sido fiel a su mujer evidentemente un periodista podría señalar lo contrario con pruebas fehacientes...Es decir, que desde que hace pública su vida puede ser controlado”, dijo Bustos.

El parlamentario socialista atribuyó las críticas del Colegio a simples diferencias de opinión. “Creo que simplemente había un tema de diferencia de interpretaciones, en ese sentido tanto el Senado como la Cámara buscaron la mejor solución que era eliminar la palabra pública del articulo 19 número cuatro (...) Nadie se había percatado del problema porque nadie lo había interpretado en un sentido negativo”, insistió.

Hacia el Estatuto del Periodista

Los dirigentes del Colegio aprovecharon la jornada en el Congreso para hacer lobby ante nuevas tormentas que se avecinan. “Nosotros, lo que conseguimos ayer en la comisión de Constitución de la Cámara -que es la que está más dura- es que se reponga el concepto del interés público como prioritario frente al de la privacidad de las personas. Hasta ahí llega el acuerdo alcanzado hasta ahora. Por lo tanto, el tema de las sanciones tiene todavía que discutirse”, precisó Guillier.

En las conversaciones con los presidentes del Senado, Sergio Romero, y de la Cámara de Diputados, Gabriel Ascensio; los presidentes de las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, Alberto Espina (Renovación Nacional), y de Diputados, Laura Soto González (PPD), más el ministro Secretario General de Gobierno Osvaldo Puccio y los jefes de las principales bancadas los periodistas obtuvieron el compromiso de impulsar el Estatuto del Periodista, una ley especial que regulará el ejercicio y dignificará esa profesión, de acuerdo a las tendencias que se observan en legislaciones más avanzadas de otros países.

La nueva normativa regularía el ejercicio profesional del periodismo, restablecerá la tuición ética del Colegio sobre sus miembros y establecerá tribunales especiales para los periodistas no afiliados a la organización, a la vez que garantizaría al ciudadano un periodismo de mejor calidad, donde los jefes y editores tampoco tergiversarían el trabajo de estos profesionales, cuyo autoría intelectual deberá ser respetada por las empresas en beneficio del público.

Es decir, no se intervendrán los textos en el caso del periodismo escrito, ni se editarán los conceptos básicos ni las imágenes de las notas de radio y televisión. Por lo menos, esas fueron las ideas básicas que se compartieron en la sede del Congreso, donde los legisladores suelen quejarse de que la prensa tergiversa lo que dicen en el marco de campañas impulsadas por los dueños de las empresas periodísticas.

Programa de becas

El ministro Puccio se mostró receptivo a la idea de obtener unas 16 becas anuales para que periodistas jóvenes activos en los medios puedan perfeccionar sus conocimientos en el exterior, tal como otros sectores de la sociedad chilena enviaron a estudiar economía a decenas de jóvenes a la Universidad de Chicago para impulsar después las reformas económicas que caracterizan al Chile de hoy.

“El periodismo chileno ganaría en calidad y en unos 10 años estaría completamente renovado”, indicó Guillier, citando la necesidad de mejoramiento profesional que también tienen otros gremios de la sociedad chilena, por ejemplo los docentes. Las conversaciones de los periodistas se reanudarán el lunes con el ministro Puccio y en esa misma semana, con el senador Espina. En el intenso lobby del miércoles, Guillier fue acompañado por Ethel Pliscoff, presidenta del Consejo Metropolitano (Santiago); Audénico Barría, presidente del Consejo de la IV Región (Valparaíso); Carlos Paredes, segundo vicepresidente de la orden, y Ernesto Carmona, consejero nacional del Colegio.