Un Palacio a la medida de los poderosos

Al llegar a su primer trimestre en el poder, el gobierno de Alfredo Palacio muestra un perfil profundamente antidemocrático, y no solo por el hecho de haber lanzado al tacho de la basura el denominado Sistema de Concertación Ciudadana, que se supone recogería la opinión de los ecuatorianos sobre el rumbo que debe seguir la anunciada “refundación de la república”, y haber presentado por cuenta propia un pliego de siete preguntas al Congreso Nacional para que sean materia de una consulta popular, sino sobre todo por el contenido mismo de sus propuestas de reforma política.

Palacio expresó, en los hechos, que nunca tuvo un real interés en escuchar la opinión ciudadana para definir los temas de la consulta. Queda claro que lo que presentó este 21 de julio será, en esencia, lo que presente en la propuesta de consulta definitiva. Incluso muchos sectores de forajidos, que hasta hace poco se mostraban gobiernistas, han comenzado a expresar su rechazo a la actitud del Presidente, y ahora hablan de volver a las calles para presionar a que se incluyan los temas que realmente plantearon las masas durante la caída de Lucio Gutiérrez: que se consulte si los ecuatorianos estamos de acuerdo o no con que se firme el TLC con los Estados Unidos, si creemos que el convenio de la Base de Manta debe ser terminado unilateralmente para recuperar nuestra soberanía, si creemos que debe convocarse o no a una Asamblea Constituyente representativa de los sectores populares, entre otros.

Las organizaciones populares, por su parte, han planteado también, tanto en el Sistema de Concertación Ciudadana como en todos los espacios posibles, propuestas como que los jueces de la Corte Suprema de Justicia, así como el Fiscal General de la Nación y el Controlador General del Estado, sean electos en votación universal; que el Presidente de la República también esté sujeto a la revocatoria del mandato, entre otras. Estos son los temas que al pueblo realmente le interesa que sean incluidos en la consulta popular.

El Congreso salvó la consulta de Palacio

La mayoría legislativa, conformada por la Izquierda Democrática (ID) y el Partido Social Cristiano (PSC), se sorprendió con esta actitud del primer mandatario, los legisladores la tomaron inicialmente como una especie de desplante, por ello algunos medios de comunicación comenzaron a hablar de una posible pugna de poderes, pero luego de un diálogo entre Palacio y el presidente del Congreso, Wilfrido Lucero, las aguas volvieron a su cauce: el Congreso no aprobó ni negó el pedido de calificación de urgencia de la consulta por parte del Presidente (algo que, una vez más, no es una opción que conste en la Constitución), sino que le sugirió amigablemente que espere un poco más hasta que termine de procesarse la información del Sistema de Concertación Ciudadana, en el que el PSC, a través del socialcristiano Alfredo Serrano, trabaja conjuntamente con el Vicepresidente de la República para redactar un pliego de preguntas más elaborado y definitivo.

Lo que quedó en evidencia con la resolución tomada por la mayoría legislativa, encabezada por el PSC, ID y Pachaklutik, es que estas fuerzas políticas no están en contra del contenido de las reformas presentadas por Palacio, porque si así hubiera sido, habrían negado el pedido del Presidente. Lo que más bien hicieron es impedir que por las fallas de forma que tenía la propuesta del Ejecutivo, sea negada en el Congreso y se vean obstaculizadas las contrareformas que allí se planteaban.

La primera pregunta, por ejemplo, tiene que ver con un sistema de elecciones por distritos, y ‘circuitos’ conformados por más de un distrito, para la elección de consejeros provinciales, concejales municipales y diputados. La propuesta dice que, en el caso de los diputados, se elegirían 53 escaños, uno por cada distrito de 100 mil electores, lo cual va contra la lógica matemática en relación al número de electores (más de 8 millones 600 mil votantes) y el número de distritos en que el país se dividiría. Pero lo de fondo es que esta reforma significaría que la mayoría de diputados sería de las provincias con mayor número de distritos, en este caso, Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay, y la mayoría legislativa sería entonces de los partidos que mayor peso político tienen en esas jurisdicciones: en este caso, el PSC y la ID.

Este sistema eliminaría de hecho la representación de las llamadas “minorías”, puesto que siendo los partidos mencionados anteriormente las principales fuerzas por ser verdaderas maquinarias de marketing electoral, las fuerzas electoralmente minoritarias, aunque tal vez representativamente dos veces más grandes que las “mayoritarias”, difícilmente podrán acceder a un primer lugar en los distritos y por tanto al Congreso Nacional.

Además, para conformarse como distritos, algunas provincias pequeñas en población deberán unirse a otras y perderían así su autonomía política y sus particularidades específicas al momento de elegir a un representante. Este mecanismo entonces se convierte en absolutamente antidemocrático y va en camino de consolidar un proyecto político que la oligarquía tiene en el Ecuador desde tiempos de la Asamblea Constituyente de 1998: el bipartidismo en función de lo que ellos llaman “gobernabilidad”.

La segunda pregunta de Palacio plantea que el Congreso Nacional sea bicameral. Es decir, que exista una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. El antidemocratismo del gobierno de Alfredo Palacio se expresa, en esta reforma, en que el Senado sería, en la práctica, el que tenga el poder de resolver todos los aspectos trascendentes, y estaría integrado nada más que por un solo representante de cada provincia. Tendríamos entonces un Senado dominado por los partidos que actualmente son mayoritarios en el Congreso Nacional: el PSC y la ID. Pero no solo eso: para ser senador hay que tener, según Palacio, al menos 45 años de edad, eso quiere decir que un joven nunca podría ser senador; y lo más grave: tanto para ser senador como para ser diputado se exige que el candidato tenga título universitario. Con esto, sectores populares como el movimiento indígena, campesino, e incluso dirigentes de la clase obrera no tendrían opción alguna de llegar a esas instancias del poder político del Estado. Y no es que los títulos universitarios garanticen la honradez y la eficiencia en el ejercicio de las funciones públicas; la historia nos muestra ejemplos muy claros, como el graduado en la universidad Harward, la más famosa del mundo: Jamil Mahuad.

Las demás preguntas reproducen esta concepción absolutamente antidemocrática, como por ejemplo aquella que plantea la integración del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Se plantea que los miembros de este Tribunal sean electos de candidatos propuestos por “instituciones y agrupaciones académicas, técnicas y profesionales”, entre las que incluyen a universidades, escuelas politécnicas y... sorpréndase: ¡cámaras de la producción! Si el criterio que se propone es que el futuro TSE sea apolítico, porque se pide que sus miembros no hayan estado afiliados a partido político alguno en por lo menos los últimos 10 años, cómo pueden considerar a los dirigentes de las cámaras de la producción como a-políticos, cuando ha sido evidente el papel político que han cumplido en toda la historia del país. Es conocido que las cámaras de la producción del país tienen una filiación política conocida con los dos partidos oligárquicos tradicionales: el PSC y la ID, aunque no militen; es decir, volvemos a la misma dupla de poder oligárquico a la que se le pretende entregar el control total del Estado: el PSC y la ID.

La “refundación” de la componenda oligárquica está en marcha

Luego de la jugada poco afortunada del presidente Alfredo Palacio, que dejó en evidencia el real propósito de la “refundación del país” que él y sus aliados (PSC-ID-Pachakutik) tienen, y que significa la imposición de reformas de corte absolutamente antidemocrático, se evidenciaron también los términos de una nueva componenda oligárquica para repartirse el Tribunal Constitucional.

Como en política las cosas a nivel legislativo funcionan bajo el principio de compra-venta, o lo que es lo mismo: yo te doy, tú me das, si Palacio quería que los legisladores se allanen a su veto parcial al proyecto de ley sobre la devolución de los fondos de reserva, y además quería impedir que nieguen el pedido de urgencia de la consulta popular que les hizo, él debía comprometerse a enviar en la terna que le corresponde, a un candidato cuota del PSC. A él se sumarían otros dos nombres más, como cuotas de ese partido, provenientes de las Cámaras de la Producción, y otro del mismo Congreso Nacional, con lo cual el PSC tendría tres de los siete vocales con los que el Congreso pretendía que el nuevo TC entre en funcionamiento. Su aliado, la ID, tendría por su parte dos vocales, y Pachakutik otro con lo cual la mayoría que hoy funciona el Congreso se habría reproducido en el TC, seguramente bajo la presidencia de un socialcristiano. El gobierno además daba una vocalía a la Democracia Popular, con lo que los otros dos miembros del TC que la Corte debe proponer no tendrían ya ningún peso frente a la mayoría PSC-ID-Pachakutik.

Esta es la “refundación” de la componenda, que Palacio ha dado a los ecuatorianos en este primer trimestre de gobierno.