De acuerdo con un artículo publicado por el The Miami Herald el 20 de julio de 2005, el Departamento de Estado dijo que no aceptaría la “ridícula y confusa decisión” tomada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas (Comisión de Derechos Humanos) el 27 de mayo del 2005, la cual dictaminó que la detención de los cinco cubanos condenados en Miami fue arbitraria y en violación del derecho internacional.

Un funcionario de alto nivel del Departamento de Estado le dijo al Herald que la decisión era una maniobra “motivada políticamente” y orquestada por el Gobierno cubano y agregó que otros esfuerzos dentro de Naciones Unidas para asumir el caso habían sido rechazados.

“Tenemos una serie de ideas acerca de cómo responder,” dijo el funcionario, quién no se identificó pero que dejó claro que estaba hablando oficialmente a nombre del gobierno de Estados Unidos. “Nosotros no dejaremos pasar esto. Una respuesta de Estados Unidos a la decisión del panel está en camino”, anunció.

“Esto es escandaloso.” El funcionario del Departamento de Estado dijo que la decisión cuestiona el trabajo del panel de Naciones Unidas, citando disposiciones que estipulan que el grupo brinda una plataforma para quejas individuales “no para que estados lo usen para perseguir a otros estados. Esto es una completa perversión del proceso.”

La decisión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, uno de los mecanismos especiales de la Comisión de Derechos Humanos, se produjo después de evaluar los argumentos proporcionados tanto por los familiares, como por el Gobierno de los Estados Unidos.

La primera denuncia ante el Grupo fue presentada personalmente por los familiares en Ginebra en la primavera de 2003. Un año después éstos se comunicaron con la Presidenta del Grupo, suministrándole sus comentarios a la respuesta del Gobierno de Estados Unidos. La Presidenta les solicitó información adicional, la cual fue enviada. Finalmente, el asistente del Grupo de Trabajo pidió nuevos datos a las familias, que fueron proporcionados días antes de que tomaran su decisión.

El Grupo consideró:

– Que “el juicio no tuvo lugar en un clima de objetividad e imparcialidad tal como es requerido” y que “el Gobierno [de Estados Unidos] no ha negado que el clima de predisposición y prejuicio contra los acusados en Miami persistió y contribuyó a presentarlos como culpables desde el principio”. “No fue impugnado por el Gobierno [de Estados Unidos] el hecho de que un año más tarde el mismo admitió que Miami no era el lugar adecuado para celebrar un juicio donde estaba probado que era casi imposible seleccionar un jurado imparcial en un caso vinculado con Cuba”.

– Que “el Gobierno [de Estados Unidos] no ha refutado el hecho de que los abogados de la defensa tuvieron un acceso muy limitado a la evidencia al ser clasificado su caso por el Gobierno como de seguridad nacional”, lo que “socavó el necesario balance entre la fiscalía y la defensa y afectó negativamente su capacidad para presentar evidencia contraria”.
– Que el hecho de haberlos “mantenido en confinamiento solitario durante 17 meses” determinó que “la comunicación con sus abogados, el acceso a la evidencia y, por consiguiente, las posibilidades de contar con una defensa adecuada se vieron debilitadas”
– Que "estos tres elementos combinados son de tal gravedad que le confieren a la privación de libertad de estos cinco hombres un carácter arbitrario" y “en contravención del Artículo 14 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Político.”

Por ello el panel le solicita al gobierno de Estados Unidos que “adopte las medidas necesarias para remediar esta situación”.

El Grupo de Trabajo, establecido en 1991, incluye a cinco expertos, actualmente de Argelia, España, Irán, Hungría y Paraguay.

Grupo de Trabajo Antiterrorista
Asamblea Nacional del Poder Popular