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El viernes 3 de junio del 2005 en Lima, miles de personas agrupadas en la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida CONAGUAVIDA, marcharon por las calles en defensa de un solo interés: EL AGUA. Señalando un NO rotundo a la privatización y concesión del agua a empresas transnacionales, expresando su rechazo al anteproyecto de Ley General de Aguas aprobado por la Comisión Agraria del Congreso y que prometen aprobarlo antes del cierre de esta legislatura sin la consulta a los pueblos directamente afectados.

En 18 regiones del país las comunidades afectadas por la minería se movilizaron, porque el mencionado anteproyecto de ley legitimaría la contaminación de los ríos y lagunas en las zonas alto andinas, además no fueron consultados y piden mayor información antes de tomar una decisión final.

Hubo multitudinarias movilizaciones en Lima, Junin, Cerro de Pasco, Moquegua, Piura, Tacna, Puno, Cusco, Lircay, Abancay y Chalhuanca, Arequipa, Huaraz y San Marcos, Ayacucho, Ica, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas e Iquitos, entre otras.

En Lima, el destino fue la sede del Parlamento donde los representantes de CONAGUAVIDA entregaron un memorial al congresista Amprino en representación del Presidente del Congreso, recibiendo sus demandas y manifestó que apoya la posición de la privatización, la cual causo mucha preocupación y malestar; al final se comprometió a apoyar en la realización de un foro abierto donde se pueda debatir y escuchar los pedidos. En la misma reunión estuvo presente Michael Martinez como Presidente de la Comisión que propone el anteproyecto de Ley que está en discusión. Necesita enfatizar que los dirigentes sociales pidieron que ese poder del Estado respalde la implementación de una política nacional del agua en forma concentrada, técnica y participativa con todos los usuarios; así como plantear una reforma constitucional para considerar el agua un derecho de dominio público y de interés social.

Por la tarde, un grupo de dirigentes se entrevistó también con el Presidente encargado David Waisman, quien se pronunció a favor de la no privatización de Sedapal y se mostró inclinado a actuar con cautela en el tema de la privatización del agua. Sobre el anteproyecto de la ley de aguas dijo que "no se puede legislar a espaldas de la población".

Marchas similares también en otras 23 regiones del país, con la participación de organizaciones, gremios y bases sindicales, que anteriormente han analizado el Anteproyecto de ley general de aguas que promociona la privatización del agua a través de la concesión de manera indefinida, que es una forma de poder hacer transferencia y venta de dicho recurso, y además autoriza el vertimiento de residuos de las mineras en las fuentes de agua natural que se ubican en las cabeceras de cuenca a cambio de un pago al Estado, afectando directamente a los pueblos que viven a sus alrededor y que actualmente luchan por defender su vida, la salud y medio ambiente.

La movilización fue convocada por la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida CONAGUAVIDA, creada el 14 de mayo del presente ano y esta integrada por la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la minería CONACAMI, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana AIDESEP, la Federación de Trabajadores del Agua Potable FENTAP, la Confederación Nacional Agraria CNA, la Confederación Campesina del Perú CCP, el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible CONADES, la Confederación General de Trabajadores del Perú CGTP, las rondas campesinas de Perú, los Frentes regionales, etc.

Crisis del Agua: problema global

Según datos referenciales, el 97,5% del agua en el mundo es salada y solo el 2,24% es dulce y esta contenida en las profundidades de la Antártida (congelada), en las aguas subterráneas profundas y en los lagos, embalses y suelos pocos profundos.

Hay un déficit crónico de agua dulce en 31 países del mundo y se prevé que para el 2005 ya serán 48 las naciones que afronten este grave problema, entre ellas el Perú. La crisis del agua se debe a las altas tasas de crecimiento de la población y el aumento de la demanda de agua para consumo humano y para diferentes usos de la actividad productiva.

Perú tiene 106 cuencas hidrográficas y por ellas discurren anualmente un promedio de 780000 MMC, pero el 90% del agua se va al Atlántico a través del rió Amazonas y del 10% restante solo se aprovecha una pequeña parte debido al régimen estacional de las corrientes de agua.

Miguel Palacin, coordinandor de CONACAMI - Coordinadora Nacional de comunidades afectadas por la minería analiza que "por su oferta y potencial de recursos naturales el Perú es un blanco y objetivo de las empresas transnacionales extractivas como las mineras, petroleras, gasíferas, agroforestales y pesqueras. No es casual que financieras internacionales como el Banco Mundial, el BID, el FMI, entre otros, le concedan créditos económicos, pero a la vez ejercen presiones para continuar con el modelo neoliberal que obliga al otorgamiento de concesiones y privilegios tributarios y legales a las transnacionales.

Ahora el Gobierno pretende considerar al agua como un bien o recurso privatizable sujeto a las leyes del mercado y por lo cual debe ser mercantilizado a capitales privados, dejando de lado su condición de patrimonio común y de dominio público que predominó durante siglos con excelentes resultados en nuestros pueblos ancestrales.

(...) El Perú tiene una diversidad cultural amplísima: 72 pueblos indígenas, entre andinos y amazónicos, agrupados en 7.201 comunidades. Sólo en las comunidades andinas habitan aproximadamente 8 millones 603 peruanos, a quienes no se les ha informado debidamente sobre el anteproyecto de Ley General del Agua, toda vez que ellos viven en las nacientes de las aguas, es decir en las cabeceras de las cuencas hidrográficas. Son ellos quienes tienen una relación con la Madre Tierra y reconocen, honran y respetan el agua como un elemento sagrado que sostiene la vida y que a través de esa convivencia con la naturaleza han asimilado conocimientos y formas de vida que permiten cuidar el agua y los demás recursos naturales. Preguntamos a los responsables de las audiencias publicas en lo que se expone el anteproyecto de ley general del agua si han contado con la participación de los representantes de los pueblos indígenas y si estos realmente están de acuerdo con las llamadas concesiones del agua y su forma de administración..."

Movilización popular contra la explotación minera

La historia de las movilizaciones populares en Perú indica una fuerte relación entre el derecho al agua y la lucha contra la explotación minera.

Un ejemplo simbólico es la lucha en Cajamarca, ubicada en el norte del Perú, donde a finales de junio se han realizado nuevos conflictos.

La Coordinadora nacional de Derechos Humanos CNDHH del Perú, subraya que "desde hace más de 12 años, la empresa Minera Yanacocha ha venido desarrollando actividades mineras en el departamento de Cajamarca con obtención de importantes ingresos. Sin embargo, se han generado impactos ambientales y sociales negativos, que perjudican más a los campesinos de las zonas aledañas."

El malestar de la población ha ido creciendo debido a que Cajamarca, continua siendo uno de los departamentos mas pobres del Perú, teniendo indicadores en analfabetismo, desnutrición, mortalidad materna infantil e indocumentación que se encuentran entre los peores a nivel nacional.

En septiembre del 2004, el intento de la Minera Yanacocha de realizar explotaciones mineras en el Cerro Quilish generó honda oposición de la población urbana y rural de Cajamarca (hasta 30,000 campesinos marcharon por las calles...) que temía se contaminaran las fuentes que abastecen de agua potable a la población urbana y rural. La empresa Minera Yanacocha reconoció públicamente que había cometido muchos errores en su relación con la comunidad, así como lamentó la conducta prepotente de muchos de sus representantes.

A la fecha de hoy 5 de julio, sin que se haya aún resuelto el clima de tensión social existente, Minera Yanacocha está realizando labores de explotación en el Cerro San Cirillo lo que ha provocado la oposición de varias comunidades campesinas, debido a que en este lugar existen numerosas lagunas aque, proveen de agua a las comunidades de Yanacanchilla y la cuenca del Río Llaucano.

La propuesta de la Red Muqui por el diálogo y la no violencia

Ante los graves conflictos que se están agudizando entre las comunidades rurales, pobladores, empresas mineras y el Estado en Cajamarca, Espinar y otras localidades del país, la Red Muqui, conformada por organismos de las iglesias, instituciones sociales y académicas y ONGs especializadas, evidencia que "es urgente promover un clima de convivencia pacífica que se base en el respeto, la tolerancia y el diálogo entre los representantes de las comunidades, empresas mineras y el Estado para una concertación adecuada y transparente, con voluntad política que ayude a encontrar reales salidas a los conflictos. Buscando un equilibrio entre los intereses de la actividad minera con los de las poblaciones aledañas a las minas, que posibilite un verdadero desarrollo sostenible que asegure la vida a las generaciones futuras."

La actividad minera puede y debe hacerse observando planes de ordenamiento territorial que no comprometan el derecho a la salud, agua, las tierras de las comunidades y en general la existencia de otras actividades productivas de las poblaciones aledañas. Es decir de manera regulada, no en cualquier lugar, ni imponiendo a las comunidades que viven de otras actividades económicas como la agricultura o la ganadería, porque todos tenemos derecho a la vida, al desarrollo y al disfrute de sus beneficios.

Es necesario que se reconozca que a pesar de existir un mayor crecimiento de la inversión y las utilidades de las empresas mineras en el país, esto no se refleja en un mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones rurales y urbanas aledañas a los yacimientos. Por el contrario, persisten problemas como los altos niveles de pobreza, desnutrición infantil, carencia de servicios básicos, deterioro de la salud por los efectos de la contaminación ambiental, entre otros aspectos. Estos contrastes son generadores y perpetuadores de situaciones de conflicto.

Por ello es fundamental la participación de las poblaciones y de sus representantes en el destino de las inversiones sociales de la empresas, en el monitoreo y control del impacto ambiental, con mecanismos de consulta democrática para un manejo pacífico que permita encontrar soluciones duraderas ante los conflictos.

Para contribuir a superar estas situaciones:

Corresponde al Estado: Formular una adecuada política minera a fin de asegurar que las empresas contribuyan decididamente al desarrollo; así como establecer un marco legal idóneo para asegurar una adecuada redistribución de los impuestos y una transparente, participativa y eficaz gestión de los recursos destinados al desarrollo local y regional.

Contar con un adecuado sistema de gestión y fiscalización ambiental que genere confianza en los diferentes actores: empresas, organizaciones sociales, autoridades locales y regionales. Hacer transparente y disponible la información sobre impuestos y el destino de estos, así como los informes ambientales para que la población supere las desconfianzas.

Corresponde a las empresas mineras: Actuar de acuerdo a criterios de responsabilidad social y de justicia (cumpliendo con el pago de impuestos y regalías), contribuyendo al desarrollo sostenible de las localidades, así como controlar y minimizar adecuadamente los impactos negativos hacia el ambiente y las comunidades que pueden generarse por la actividad; construyendo relaciones de confianza y colaboración con las comunidades, fomentando respuestas no violentas frente a los conflictos.

Las comunidades y líderes de organizaciones sociales deben tomar en cuenta: Que la violencia desnaturaliza las protestas, le restan legitimidad, provoca más violencia y represión. Que nada justifica poner en riesgo la vida humana, la propiedad pública y privada. Que por el contrario, deben articular adecuadamente sus demandas y organizarse proponiendo verdaderas agendas para el desarrollo respaldadas por métodos legítimos basados en la información, el diálogo y concertación.

Los peruanos y peruanas: "Necesitamos construir una visión común sobre nuestro desarrollo como país, región y localidad, con la participación responsable de todos: sociedad civil (organizaciones sociales, políticas, académicas, eclesiales, Ong’s), Estado y empresas mineras porque el Perú es tarea de todos".

La Red Muqui está integrada por: Centro Pastoral de Diócesis de Chulucanas, Pastoral Social del Vicariato San Francisco Javier - Jaén, Diaconia para la Justicia y la Paz del Arzobispado de Piura y Tumbes, Comisión Episcopal de Acción Social- Ceas, Pastoral de Dignidad Humana - Pasdih de la Arquidiócesis de Huancayo, Fundación Ecuménica para el desarrollo y la Paz -Fedepaz, Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible
- Grufides Cajamarca, Asociación Civil Labor, Grupo para la Promoción del Desarrollo de los Andes, CooperAccion, Acción Solidaria para el Desarrollo, Asociación Evangélica Paz y Esperanza.

La movilización popular contra la privatización del agua representa otra etapa histórica de la lucha popular del Perú que, gracias a la experiencia victoriosa de Tambogrande, testimonia la soberanía de los pueblos frentes a los intereses neoliberales.