ASPEC acaba de anunciar públicamente que en el Perú pagamos el gas para consumo doméstico (gas GLP) más caro de la región. El consumidor nacional paga por balón de gas de 10 kilos un promedio de S/. 32, mientras en otros países de la región se paga mucho menos.

En Argentina pagan el equivalente a S/. 18, en Colombia S/. 8, en Bolivia S/. 9, Ecuador S/. 4. Lo más escandaloso es que, aunque el Perú es productor de gas GLP, los consumidores peruanos pagamos mucho más que los chilenos, donde el balón apenas cuesta S/. 20, aunque Chile no produce gas y tiene que importarlo. La explotación de Camisea fue un anhelo nacional durante años que debía beneficiar a la región y al país. Todos hemos subsidiado la construcción del gasoducto pagando una sobretasa en nuestras facturas eléctricas.

Nos prometieron que nuestros sacrificios serian largamente compensados con la llegada del gas: las tarifas eléctricas bajarían sensiblemente y habría gas barato para consumo interno.

La realidad hoy resulta amargamente diferente: producimos gas y lo exportamos, pero ¿cuánto nos beneficia Camisea si seguimos pagando elevadas tarifas eléctricas y el gas domestico que consumimos es de los más caros de la región? ¿Cómo explicar que en Chile, sin producir gas, los consumidores tengan gas más barato que nosotros? ¿Ganó el Perú o sólo un puñado de empresas vinculadas al negocio?

¿Qué pasa? Con Fujimori, las políticas neoliberales desmantelaron al Estado, debilitándolo y privándolo de la capacidad de regular sectores estratégicos de la economía, como los hidrocarburos. Petroperú fue descuartizada y sus principales activos rematados. En nombre del “libre mercado” la presencia estatal fue liquidada, la regulación torpedeada y el consumidor quedó indefenso.

¿Los resultados?: mercados claves, como electricidad y combustibles, están sujetos a las manipulaciones y distorsiones de grandes empresas oligopólicas que incrementan artificialmente sus márgenes de ganancia -ya muy elevados- a costa del público consumidor, mientras el Estado se cruza de brazos. El quinquenio toledista no ha corregido esta situación.

Ni Toledo y Kuczynski, ni UN ni el APRA, han osado controlar a los grandes grupos económicos que medran con este “capitalismo salvaje”. El consumidor, al final, siempre paga los platos rotos. Así, no se estableció un tope razonable para el precio de venta del gas GLP proveniente de Camisea, permitiendo que se venda como si fuera importado.

Este absurdo del gas doméstico demuestra la urgente necesidad de una profunda reforma del régimen económico imperante. Tan importante como la elección presidencial del 2006 es establecer una Asamblea Constituyente que revise y reforme integralmente el régimen económico, depurándolo de los excesos y abusos del neoliberalismo y el mercantilismo, devolviendo al Estado y a la sociedad la preeminencia y la capacidad de asegurar que el Perú se desarrolle económicamente con eficiencia, transparencia y equidad.