En las giras con propósito pedagógico para obtener apoyo y recursos para la tan controvertida Ley de Justicia y Paz, se utilizó una estrategia altanera de argumentos desesperados y justificaciones comparativas con leyes y procesos de reinserción que han tenido lugar en otros países y en otros tiempos. Como consecuencia de la fallida ofensiva, el apoyo político y económico a la ley que tanto buscaba Uribe quedó por puertas para otra gira.

¿El problema principal fue el frac?

Poca o ninguna importancia parecen tener las palabras en cuanto a asuntos de diplomacia en la prensa nacional. Salta a la vista cómo se le dio una prioridad exagerada al error de protocolo del frac del Presidente Uribe en la cena de gala ofrecida por el Rey Juan Carlos en España. Creo que hay que dejar los asuntos de etiqueta en su lugar y más bien mirar con lupa los argumentos presentados en las giras por parte de la delegación colombiana.

La prensa extranjera, por el contrario, se fijó mucho más en las palabras. El artículo de Isabel Hilton publicado por The Guardian en vísperas de la visita de Uribe, argumentaba, entre otras cosas, que “El lenguaje tiene importancia en la guerra contra el terror.” Y con esto se refiere explícitamente al oportunismo de varios líderes mundiales, entre ellos el presidente Uribe, al renombrar conflictos locales como parte de una “cruzada global contra el terrorismo”. El lenguaje hace parte de la estrategia de internacionalización del conflicto que han adoptado todos los que juegan del lado del presidente Bush y dependen de su ayuda económica y política. Uribe maneja perfectamente el discurso de la guerra contra el terror y su visita diplomática buscaba aliados que hablaran el mismo idioma en términos de terrorismo. Tal vez por eso solo se dirigió a Inglaterra y España, dejando pendiente la visita diplomática a Francia que sí había estado planeada para la gira de febrero. ¿Será que está esperando que alguien haga un atentado terrorista en París para que los ánimos bajos encuentren motivos para creer en la “lucha contra el terrorismo”? Es lamentable reconocer que el clima de terror por los atentados en Londres favoreció al discurso anti-terrorista de Uribe.

El propósito de la gira en los dos continentes era conseguir apoyo para la Ley de Justicia y Paz, partiendo de la premisa de que en el exterior hay una gran ignorancia y por eso desconfianza sobre esta ley y el proceso de reinserción que se viene adelantando con las AUC. La visita de propósitos “pedagógicos” sobre la controvertida Ley de Justicia y Paz se presentó con altanería en España frente a una agremiación de empresarios, miembros de organizaciones como Amnistía Internacional y académicos del Centro Internacional de Toledo para la Paz (que terminó involucrado en una propuesta de verificación del proceso). La prensa nacional fue muy optimista al afirmar que Uribe había barrido en España y había logrado el apoyo del gobierno de Rodríguez Zapatero, que le dio 256 millones de euros para proyectos de desarrollo agrario y microcrédito, pero ni un solo peso para el proceso de reinserción. Uribe no logró el apoyo definitivo de Zapatero para la Ley de Justicia y Paz, pero sí lo comprometió con la idea de la creación de una comisión de verificación para el proceso por parte de la UE.

En Londres, por otra parte, el hecho de que en medio de la tragedia Blair sacara 30 minutos de su tiempo para decirle finalmente a Uribe “¿Qué más podemos hacer por usted?” fue considerado un triunfo diplomático. Para mí, la corta visita en medio de la tragedia fue un ejemplo más de la admirable diplomacia inglesa. No puedo decir lo mismo de la delegación colombiana. No era ni el momento ni el lugar para hacer una defensa de la Ley de Justicia y Paz utilizando el argumento que la ley colombiana es mucho más dura que la que hizo Inglaterra con el IRA. Una muestra más de que las comparaciones pueden ser odiosas.

Pero esta comparación no fue la excepción a la regla. La estrategia de la ofensiva diplomática colombiana en el viejo continente y posteriormente en Estados Unidos estuvo basada en argumentos comparativos con otros procesos de paz y leyes de reinserción que se hicieron en el pasado, en otros lugares y bajo otras circunstancias. Nombraron exhaustivamente los errores cometidos en diversos procesos de paz: indultos, amnistía, reparación inexistente, etc. Parece que en Colombia la estrategia defensiva de utilizar el espejo retrovisor y andar mirando a la casa del vecino es lo único que hacemos para defendernos, y para distraer la atención de los problemas de fondo.

La “Yihad” inesperada

La gira por Estados Unidos tuvo un matiz bien diferente. Si en Europa la diplomacia fue decente, en la tierra del Tío Sam fue desesperada y ofensiva gracias a las declaraciones de pataleo de ahogado del vicepresidente Francisco Santos, quién afirmó que las ONG, y más específicamente Human Rights Watch, estaban emprendiendo una “yihad” en contra de la Ley de Justicia y Paz. La realidad es que la delegación colombiana cometió un error de cálculo al no contar con la excelente labor de lobbying realizada por las ONG. En Estados Unidos ya conocían la ley, y la supuesta función pedagógica de la gira se convirtió más bien en una ofensiva diplomática, o tal vez en un ejemplo de diplomacia ofensiva. Uribe fue muy astuto, o tal vez muy cobarde, para no asumir la dirección de la ofensiva contra los congresistas y senadores que se negaron a recibir a su comitiva. Él sabe bien que una cosa es ir de visita al rancho de su amigo Bush, y otra muy distinta es tratar de convencer y “educar” a diferentes congresistas de las bondades de la Ley de Justicia y Paz. Para esta tarea sacó un as bajo la manga, el nuevo fiscal Iguarán (que conoce la ley de principio a fin) quién se reunió con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch. (el líder de la “yihad” contra la ley según Santos). Este duelo de titanes, aunque tuvo menos protagonismo en la prensa, seguramente fue más interesante y más importante para el futuro de la ley.

Los cuatro senadores que se negaron a atender a la delegación colombiana son en realidad la punta del iceberg de un conjunto de “issues” de fondo estrechamente relacionados, como lo son el proceso de reinserción de los paramilitares, el narcotráfico y la extradición. A la lista también se podría agregar el tema de violaciones a los derechos humanos, especialmente las violaciones al debido proceso cometidas por miembros de las fuerzas armadas colombianas que fueron señalados, con nombres propios, en las cartas de los 4 senadores, quienes se basaron en los informes de Amnistía Internacional, la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Aunque la delegación colombiana sí logró avances condicionados para contar con el respaldo de la cámara (siempre y cuando se cumpla la promesa de extradición y de que los paras abandonen por completo la ilegalidad) el senado afirmó que se deben hacer más de 10 modificaciones a la ley para contar con el apoyo del gobierno en términos políticos y económicos. El debate entre senado y cámara está pendiente hasta septiembre, pero desde ahora se sabe que el punto álgido de la discusión está centrado en la extradición, pues muchos senadores consideran que la ley permitirá a los cabecillas pedidos en extradición salirse por la tangente, riesgo más grave aún considerando que es el mismo Uribe quién tiene la facultad para firmar o aplazar la extradición de cualquiera de los miembros de las AUC. Serias dudas se están planteando frente a la Ley de Justicia y Paz no sólo por considerarla una ley que dejará muchas violaciones impunes, sino porque también se considera que permitirá a las autodefensas continuar con el tráfico ilegal de droga, manteniendo y fortaleciendo su influencia ilegal sobre la política del país. Estas preocupaciones se reflejaron de manera acertada en el Centro Internacional Woodrow Wilson, dónde se cuestionó el hecho de que desde que comenzaron las desmovilizaciones ha habido un incremento en el tráfico de coca y continúa simultáneamente el proceso de reclutamiento.

Política y económicamente la táctica diplomática deja muchas dudas sobre el apoyo internacional a la Ley de Justicia y Paz. Habrá que ver, una vez se presente esta iniciativa frente a toda la Comunidad Europea, hasta dónde llega la buena voluntad y todo el amable protocolo de España e Inglaterra. En esto no soy muy optimista. Mucho menos ahora que Suiza y Holanda dudan en apoyar la ley después de ver los argumentos en contra presentados por el senado de los Estados Unidos y por Human Rights Watch. Dudo también que el esperado debate entre senado y cámara el mes que viene resulte favorable al desembolso de la ayuda económica estadounidense que necesita el proceso de reinserción. Y también me pregunto si la idea de la comisión de verificación de Uribe fue una movida improvisada para no llegar al país con las manos políticamente vacías, o una estrategia auténtica y honesta para el control del proceso de paz. Es poco probable que una vez iniciado todo el proceso, el presidente se acoja a las recomendaciones de la Unión Europea, ya que parece haber sido afectado en su capacidad de escucha por la laberintitis que padeció. A tal punto, que hace oídos sordos inclusive a comentarios como el del ex ministro de defensa, Jorge Alberto Uribe, quién en la gira pasada por Estados Unidos aceptó que la ley sí podía dejar algo de impunidad. Lo que necesita este gobierno es un buen lavado de oídos para que esta ley aprenda de los errores u omisiones del pasado y se retroalimente de las experiencias de otros lugares, y de las recomendaciones que han hecho Naciones Unidas, la OEA y otros estados.

Catalina Lobo-Guerrero