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Once periodistas fueron asesinados en seis países de América Latina en los primeros siete meses de 2005, mientras un millar de crímenes permanece impune en todo el planeta, según el informe de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (Ciap), presentado en Buenos Aires ante la reunión anual del Comité Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap).

Según el informe leído por Hernán Uribe, presidente de la Ciap-Felap, “hasta finales de abril último fueron muertos ocho profesionales en Brasil, Colombia, Ecuador, Haití y México”, de acuerdo a recuentos anteriores. En el cuatrimestre enero-abril, México aportó la mayor cuota de víctimas, con dos caídos y un desaparecido.

Pero el 1 de julio, y de nuevo en Brasil, fue muerto José Cándido Amorim Pinto, en Carpina, cerca de Recife, cuando llegaba a la radio comunitaria “Alternativa”, a las 6,40 de la mañana. Tiroteado por dos pistoleros que le metieron 20 balazos. Concejal de esa localidad, Amorim dirigía un programa de denuncias, recibió amenazas de muerte, el 21 de mayo sufrió un atentado en el que recibió un disparo y murió a los 40 días, victimado por dos pistoleros que le dispararon 20 balazos.

El cinco de julio se encontró en Caracas, Venezuela, el cadáver del reportero gráfico Gustavo Acevedo, luego de una desaparición de once días. Falleció de una hemorragia cerebral provocada por un traumatismo severo, indicó la autopsia. Sus restos estuvieron ocho días en la morgue, desde el 27 de junio, sin ser identificados.

En Puerto Príncipe, Haití, fue hallado el 14 de julio el cadáver del periodista Jacques Roche, secuestrado 4 días antes. Según la agencia francesa AFP, “el cadáver de Roche, de 40 años, fue encontrado en una calle sobre una silla. Mostraba signos de golpes y quemaduras y tenía trazas de una bala en un brazo”. Roche mantenía una columna literaria en el diario “Le Matin” y conducía programas en radio “Ibo” y en la TV nacional. Los delincuentes habían exigido 250 mil dólares para liberarlo.

Impunidad mundial

Un estudio de la Unesco -citado por Uribe- apuntó que el 95 % de los crímenes de 2003 contra periodistas permanecen en la impunidad. Por otra parte, la Asociación Mundial de Periódicos (AMP) denunció el 12 de mayo de 2005 que más de 500 asesinatos de comunicadores cometidos en la última década no han recibido sanción, mientras los autores permanecen en libertad. La AMP propicia una campaña que llama “Los asesinos andan sueltos”

Los recuentos de la AMP se refieren a la década 1995-2005, aluden solamente a Europa, Asia y África, pero no mencionan a Latinoamérica y el Caribe. Las estadísticas Ciap-Felap indican que desde 1970 a la fecha, en esta región han sido eliminados más de 700 trabajadores de la prensa, “lo cual permite asegurar que a lo menos son 1.000 los casos de impunidad en el planeta”, dijo Uribe.

Los esfuerzos de las organizaciones internacionales y regionales de periodistas por la adopción de medidas concretas por la seguridad de los periodistas a nivel mundial se estrellan a menudo con el rechazo de los empresarios de las noticias (la propia AMP) y de algunos gobiernos, como el de Estados Unidos. Al mismo tiempo, la UNESCO abandonó su interés por el tema.

Si funcionara la Corte Penal Internacional, habría un camino para la protección de los periodistas en misiones peligrosas, señaló el informe de la Ciap-Felap. Como anotó el juez español Baltasar Garzón, el artículo 7º del Estatuto de esa corte da cabida a las acciones criminales cometidas contra periodistas en el capítulo de crímenes contra la humanidad, indicó Uribe.

En el marco de las ya fenecidas Reuniones Consultivas de Organizaciones Periodísticas que en el pasado propició la Unesco, la Felap sugirió elevar las penas en los casos de homicidios y agresiones a periodistas. La iniciativa renació en el Parlamento de México, donde el diputado René Meza Cabrera propuso en estos días tipificar el homicidio de periodistas como “delito federal grave”, que significaría aumentar en 20 años la actual pena máxima de prisión por ese delito.

Crímenes históricos

Las matanzas de periodistas durante las dictaduras militares latinoamericanas se caracterizaron por la impunidad, desde los años 60 hasta avanzados los ‘80, como ocurre en Chile con el asesinato de José Carrasco Tapia, que el 8 de septiembre cumplirá 19 años sin culpables. Pero el informe de Uribe reseñó otras situaciones recientes y emblemáticas:

Jean-Leopold Dominique, conocido periodista haitiano, fue muerto de siete tiros el tres de abril de 2002. Claudy Gassant, el primer juez designado para el caso, se fue a Estados Unidos bajo el argumento de que no tenía protección adecuada... El segundo juez, Bernard Saint-Vil procesó y encarceló en 2003 a seis personas acusadas del crimen, pero luego la Corte de Apelaciones ordenó una tercera investigación y liberó a tres de losimputados. Los otros tres escaparon de la Penitenciaría de Port-au-Prince. Ahora, el juez Jean Perez realiza la cuarta investigación...

Luis C. Molina Yepes, uno de los asesinos del periodista colombiano Guillermo Cano, quedó en libertad en octubre de 2004, después de cumplir sólo seis años de una condena a 16 sentenciada en 1995 pero que empezó a cumplir cuando fue aprehendido, dos años después. Cano, director del diario “El Espectador” y enconado enemigo del narcotráfico, fue muerto de ocho disparos el 17 de diciembre de 1986. La autoría intelectual se atribuyó a Pablo Escobar, entonces jefe del cártel de Medellín.

En Argentina ya abandonó la cárcel toda la banda que el 25 de enero de 1997 asesinó con sevicia al reportero gráfico José Luis Cabezas y sigue impune el crimen de Mario Bonino (1993), mientras en República Dominicana aún no hay una sentencia clara por el asesinato de Orlando Martínez, perpetrado por militares bajo el gobierno de Joaquín Balaguer, el 17 de marzo de 1975. En México, penan en los tribunales las muertes sin sanción de numerosos periodistas y permanecen las dudas acerca de los culpables del asesinato de Manuel Buendía, ocurrido en 1984. En fin, la trágica nómina es tan extensa como extremada es la impunidad.

Por la aprobación de los vetos a la Reforma Constitucional:

Los periodistas anuncian manifestaciones en Valparaíso

El Colegio de Periodistas y la Federación de Colegios Profesionales preparan dos días de manifestaciones en apoyo a los vetos del Ejecutivo a la Reforma Constitucional que se debatirán en el Senado y en la Cámara de Diputados los días 16 y 17 de agosto, respectivamente.

Los periodistas bregan, particularmente, por la aprobación de tres de los 14 vetos que el gobierno enviará al Parlamento:El retiro del llamado “blindaje” que protege la “vida pública” de los ciudadanos, incluidas las autoridades y la clase política, contenido en el Artículo 19 de la nueva Constitución, aprobado por la Cámara de Diputados y rechazado en el Senado.

La figura de la “difamación” contenida en el mismo Artículo 19

El restablecimiento de la tuición ética sobre sus afiliados para todos los colegios profesionales, además del Colegio de Periodistas. Los periodistas, hombres y mujeres, sean o no colegiados, en ejercicio y pasivos, así como los estudiantes de la profesión, fueron convocados a movilizarse hasta el Congreso Nacional, en Valparaíso, al igual que el resto de los colegios profesionales, según informó el Colegio de Periodistas. Quienes deseen participar en esta manifestación dispondrán de autobuses que partirán a Valparaíso desde la sede del Colegio, en Amunátegui 31, a las 9 horas del martes 16.

Se prevé que el Senado debata y apruebe los vetos que interesan a los periodistas apartir de las 12 horas, después de una sesión conjunta de ambas cámaras legislativas que deberá iniciarse a las 9. La Cámara de Diputados abordará el tema en la mañana del día siguiente, miércoles 17. El gobierno se propone promulgar las reformas el día 18, bajo el nombre de “Nueva Constitución 2005”.

Lo que viene a futuro

Aunque las bancadas, la Presidencia y la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Baja manifestaron su disposición de aprobar estos vetos, los periodistas temen cambios en la postura definitiva de algunos diputados, debido a su renuencia anterior a favor de una legislación más transparente con la libertad de expresión y en sintonía con las tendencias reflejada en la legislación y los tratados internacionales del siglo 21.

Durante todos estos días previos a la votación, la Federación de Colegios Profesionales organiza actos cívicos en las principales regiones del país, a fin de convocar a la ciudadanía y a los legisladores locales a debatir abiertamente las reformas constitucionales frente a los electores. Del paquete de 14 vetos que ingresará al Poder Legislativo el 16 de agosto, la mitad cuestiona errores de técnica legislativa y sólo siete tienen relevancia política.

Los periodistas enfrentan además otras leyes y códigos que atentan contra el derecho ciudadano a la información veraz y oportuna, como la figura del desacato, las prohibiciones de informar y los castigos por captar imágenes del nuevo Código Penal, la doctrina del secretismo del Estado que bloquea el acceso al conocimiento de sus actos administrativos y políticos, además del desacato que está siendo revisado por los legisladores.

La Cama de Diputados eliminó esta semana la figura del desacato en los códigos Penal y de Justicia Militar, pero aún falta que el Senado apruebe esta reforma. Los periodistas chilenos creen que si “pierden” los vetos a la nueva Constitución, el camino se les pondrá más duro para impugnar el resto de las restricciones legales. También aspiran a convertir en Ley de la República el “Estatuto del Periodista”, un conjunto de normas para regular el ejercicio profesional.

Esta reforma a la Constitución dictatorial de 1980 es la más gravitante desde los 54 cambios introducidos por un plebiscito en 1989. Acorta a 4 años el período presidencial, termina con la inamovilidad de los jefes de las fuerzas armadas, elimina los senadores designados, establece una Legislatura única (que permitirá al Congreso trabajar todo el año con iniciativas propias) y fija en 8 años los períodos del fiscal nacional y del contralor general de la República.

También modifica la composición y atribuciones del Congreso Nacional, la forma de aprobar los tratados internacionales, la integración y funciones del Tribunal Constitucional y las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional.