Muy estimado Cong. Del Castillo:

Aldo Mariátegui, de Correo, sigue atacándome con el reclamo que ejerza facultades que la ley no le franquea a APCI. Sus acusaciones no son nuevas y él se niega a prestar atención a mis explicaciones. Me exige "disolver" ONGDs sin querer percatarse que APCI no está investida de capacidades legales para ello.

APCI viene trabajando muy activamente con la Sociedad de Minería, con el Ministerio de Energía y Minas, con Inteligencia Policial, etc., en todo lo tocante al supuesto involucramiento de ONGDs en fomentar conflictos violentos contra empresas mineras. En esta materia, en resumen, hay mucho ruido y pocas nueces: se pretende echar la culpa genéricamente a ONGDs respecto a hechos cuya autoría y causalidad no están establecidas con precisión, y que muy probablemente corresponden más bien al narcotráfico (en Majaz) y a caudillos locales afiliados a Patria Roja u otros grupúsculos radicales. El reportaje de El Comercio, de este domingo 7 de agosto, tiende a confirmar esta caracterización.

APCI ha propuesto a la Sociedad de Minería trabajar conjuntamente, convocando a distintas agencias de cooperación internacional, a efectos de asesorar a los Gobiernos Regionales y Locales, para que puedan invertir eficientemente los recursos del canon y las regalías. Queremos, además, generar mayores sinergias entre las inversiones de desarrollo local que realizan las empresas y las agencias de cooperación. De este modo crearemos un ambiente hospitalario y menos conflictivo para las inversiones mineras.

APCI se encuentra inmejorablemente dotada para seguir propiciando el diálogo con la Sociedad de Minería: mi Despacho cuenta con la Asesoría ad-honorem de Kurt Schultze-Rhonhof, quien es además Miembro Vitalicio del Directorio de la Sociedad de
Minería, y viene ejerciendo activamente su rol facilitador.

APCI viene además formulando propuestas para mejorar las normas que rigen la cooperación internacional y prevengan situaciones de uso indebido de recursos para fomentar violencia. Actualmente, para una ONGD, la inscripción en APCI es opcional
y no mandatoria, lo cual posibilita que se estén canalizando recursos internacionales no-declarados para fomentar violencia o como lavado de dinero. Para acabar con esa situación que propicia informalidad y eventual criminalidad, estamos alcanzando al Ejecutivo una propuesta de Decreto Supremo, que básicamente consagra la obligatoriedad de registro de todos los actores y recursos de cooperación internacional. En esa misma vena, estamos empezando a preparar un Proyecto de Ley para ampliar las
facultades sancionadoras de APCI, pues actualmente lo máximo que podemos hacer es eliminar a una ONGD del Registro (cuya pertenencia al mismos es, insisto, opcional).

Correo me reclama que "disuelva" a CONACAMI y otras ONGDs. Eso no es sólo legalmente imposible (por carecer APCI y el Ejecutivo de tales facultades) sino que además es absurdo: eliminar a CONACAMI del Registro de ONGD (lo máximo que APCI podría hacer) implicaría devolverla nuevamente al ámbito de la informalidad e impedir así que el Estado ejerza sus facultades de fiscalización.

En estas circunstancias, estimado Cong. Del Castillo, sólo puedo apelar a su apoyo. Le ruego tome nota sobre lo que APCI viene haciendo y los límites legales que afronta. Estoy cumpliendo diligente mi labor con un excelente equipo directivo en APCI, pero apegado a lo que la ley dicta, bajo la consigna que debemos proteger y tratar a la cooperación internacional con el mismo celo que brindamos a la inversión extranjera. Una y otra son fundamentales para el desarrollo del Perú. Si se me tiene que sancionar o destituír, que sea por hechos de mi responsabilidad y no por profesar respeto a la ley.

Un cordial saludo y mi anticipado agradecimiento por su valioso apoyo,

Oscar

Oscar Schiappa-Pietra
Director Ejecutivo
Agencia Peruana de Cooperación Internacional

Av. José Pardo 261, Lima 18
tlfs. 242-4927 y 446-3514
oschiappa@apci.gob.pe

Oscar Schiappa-Pietra