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Foto, Carlos Rivodó, Sin título I

El habitante del sudeste tiende a considerar a la población y el territorio brasilero como un tesoro fácil de explorar -cosa que solo impide la corrupción y la ineficiencia- o más frecuentemente como una especie de obligación, pues "el Brasil es muy grande, tiene mucha gente". En general, este habitante no tiene conciencia de las ventajas de un territorio continental ni de una gran población.

La Amazonia ocupa el 60% del territorio terrestre brasilero (cerca de cinco millones de kilómetros cuadrados) y está habitado por apenas el 11% de la población total del país, concentrada en dos centros urbanos, Belén y Manaos.

En la Amazonia se encuentra la selva tropical más extensa del mundo con la mayor biodiversidad del planeta, el mayor reservorio de agua dulce conocido y recursos minerales extraordinarios, cuyo enorme volumen no conocemos con precisión, pues apenas un 10% del territorio amazónico ha sido relevado geológicamente. La Amazonia tiene el 85% del total de la frontera terrestre del Brasil, 13.190 kilómetros, nuestros límites con seis países sudamericanos y con Francia.

Por su parte, el nordeste es la región más habitada y más antigua del territorio brasilero, donde viven y sobreviven en condiciones de pobreza crónica -en la región semiárida y en las periferias urbanas miserables- cerca del 22% del pueblo brasilero, en un territorio con dos millones de Km2, casi el 25% del territorio nacional. En un régimen climático en gran parte semiárido y con mucha irregularidad pluvial, para cuyos desafíos pueden existir soluciones menos complejas, inclusive por la ausencia de interacción con otros países. A pesar de todas las dificultades de organización geoeconómicas del nordeste, enfrentar el desafío amazónico tal vez sea el problema más complejo y más urgente para el estado brasilero y el reto más decisivo para el futuro de la sociedad brasileña. Por lo tanto este problema debería recibir una atención prioritaria que nunca ha existido.

El contexto internacional de la Amazonia

Hoy, mucho más de lo que sucedía en un pasado reciente, el contexto internacional para el Brasil y en particular para la Amazonia, tiene una influencia decisiva sobre el futuro de país y de la región. En este contexto operan los siguientes factores:

  1. La situación política, social, económica y militar en los seis países que lindan con la Amazonia
  2. La presión internacional para controlar la Amazonia, ejercida a través de agencias internacionales, de ONGs, y la estrategia divisionista de estados extranjeros con patrones de consumo y producción insustentables y de grandes recursos tecnológicos y financieros.
  3. El tráfico internacional de drogas y sus efectos sobre el sistema financiero y político.
  4. La presencia militar y la acción norteamericana en los países vecinos.
  5. Las políticas económicas contraccionistas y de corte antidesarrollista de los gobiernos federales que dificultan la realización de programas de desarrollo en las regiones atrasadas.
  6. La omisión a veces interesada del Estado frente a las acciones de las grandes empresas nacionales y extranjeras, principales responsables de la deforestación amazónica. La situación en los países vecinos es crítica en todos los aspectos. Después de años de neoliberalismo económico y democracia formal y de la recolección del fruto ilusorio de la estabilidad de sus monedas, los indicadores económicos y sociales revelan la persistencia de situaciones estructurales que están en la raíz de los conflictos que irrumpen con mayor frecuencia en la región.

En las fronteras más al sur de Brasil, la situación podría tornarse semejante, aunque no tan grave, lo que pareciera a primera vista no afectar a la Amazonia. Sin embargo, debido a los vínculos entre la economía brasileña y los países vecinos del sur, las dificultades para superar crisis económicas o inestabilidad social tendrían profundas consecuencias para la economía y las políticas económicas brasileñas, lo que a su vez reduciría todavía más la capacidad del Estado brasilero para actuar en la Amazonia e iniciar el enfrentamiento sistemático a sus desafíos.

Las políticas económicas en los países de América del Sur han sido muy semejantes por tener una inspiración común en los principios del Consenso de Washington, articulado entre la academia, las megaempresas multinacionales, los organismos internacionales y del gobierno de los EE.UU., como solución para Latinoamérica.

Han promovido la apertura y la desregulación de la economía a través de la reducción de tarifas arancelarias y la liberalización cambiaria; la reducción de la capacidad de acción del Estado; la privatización radical; el ajuste fiscal riguroso e implacable; las políticas de anclaje cambiario; la flexibilización de los mercados de trabajo; la eliminación de reservas de mercado para el capital local y el tratamiento privilegiado al capital extranjero. En resumen: el Consenso abogaba por el libre juego de las fuerzas del mercado en todos los mercados, con un perfil favorable a lo extranjero y a las empresas megamultinacionales, sin ninguna distinción ante la complejidad propia de cada región.

En el campo político todos los Estados de la región fueron inducidos a promover reformas para aumentar el poder de los ejecutivos regionales -inclusive adoptando la posibilidad de elección presidencial por dos (y solamente dos ) mandatos consecutivos- a reducir la influencia política de los Congresos (y de los pueblos) que tendrían supuestamente una naturaleza corporativa, atribuyendo poderes legislativos a los ejecutivos y creando agencias tecnocráticas -las llamadas agencias reguladoras de naturaleza económica- para reformar los sistemas legislativos a fin de disciplinarlos y encuadrarlos en apoyo a las "nuevas" políticas; a reducir el número de efectivos y la influencia de las fuerzas armadas, cuya tendencia nacionalista podría perjudicar la ejecución de la nueva estrategia económica neoliberal.

Las políticas ejecutadas por los gobiernos neoliberales en América del Sur y en la región Amazónica no tenían que ver con la esencia de la cuestión económica, que es la construcción y el desarrollo del mercado interno y el fortalecimiento de la cohesión social. Basaron sus esperanzas en una inserción retrógrada en el mercado internacional, buscando una vuelta a los años dorados de la exportación de productos primarios y de la estabilidad ficticia del patrón oro, a través de nuevos malabarismos tales como la caja de conversión (currency board) argentina.

La apertura radical de sus economías al capital multinacional y las privatizaciones aceleradas causaron la contracción empresarial local y la desestructuración de los frágiles estados nacionales, generando por otro lado un gran ingreso temporal de capital extranjero que los engañó. Las megaempresas multinacionales adquirieron y modernizaron unidades productivas, pero en muchos casos las inversiones se concentraron en el sector de servicios y no negociables (non-tradeables). Sin embargo, en este proceso expandieron muy poco su capacidad instalada, generando mayor desempleo industrial sin reducir el desempleo estructural, no aumentaron sus exportaciones, hicieron crecer sus importaciones y profundizaron su dependencia tecnológica.

En apariencia y de forma artificial, los gobiernos de los países de la región lograron el éxito al controlar la inflación a través de rigurosos ajustes fiscales, del ingreso de capital extranjero y da liberalización de importaciones. Sus políticas generaron el ingreso rapaz de capitales especulativos a corto plazo, atraídos por las elevadas tasas de interés y por sistemas cambiarios desrregulados, en realidad descontrolados, de inversiones directas oportunistas atraídos por una miríada de exenciones, créditos y oportunidades, que absorbieron a las empresas locales y contribuyeron a una estabilidad cambiaria y de precios ficticia. Los responsables de las políticas económicas, los llamados equipos económicos, aparentemente consideraron las entradas de capital extranjero como donaciones, con la capacidad mágica de generar divisas que irían a compensar las futuras e inevitables salidas de capital.

Asimismo, se garantizó la felicidad inicial de las diminutas y deslumbradas clases medias en cada país, que conquistaron la libertad y el derecho de importar y consumir productos sofisticados. Clases éstas que también habían apoyado anteriores tentativas de implantar modelos económicos liberales, aunque fueran acompañados por regímenes políticos autoritarios.

Las clases pobres fueron atendidas por el neoasistencialismo de la distribución de alimentos y por otros esquemas semejantes de solidaridad, anestesiadas por la libertad irrestricta conferida a la televisión hipnótica y alienante que invadió el vacío cultural, engañadas por estrategias paliativas de lucha por los derechos humanos que, en realidad, no enfrentaban causas reales de las violaciones ni de la criminalidad de las que los pobres son las principales víctimas.

Las clases privilegiadas y poderosas se vieron en principio aliviadas por el hábil alejamiento (efímero) de las reivindicaciones de redistribución de renta y riqueza, substituidas por el culto a la estabilidad de la moneda, por la difusión de la creencia en su capacidad de resolver todos los problemas de subdesarrollo y por la apelación a una lucha (superficial) contra la pobreza.

Muchos vendieron sus empresas al capital extranjero avasallador y fueron a insertarse (o permanecieron) familiarmente en el Primer Mundo, usando sus sistemas de educación (famosas escuelas y universidades para sus hijos), de ocio (museos, restaurantes, televisión por cable, Disney World), de salud (hospitales y clínicas de la más avanzada tecnología), en una situación que se asemeja mucho a lo que hacían en el pasado los grandes propietarios de haciendas de azúcar, café y cacao, que entregaban su manejo a administradores y vivían fastuosamente en el litoral o en Europa. Con el cambio fijo (o casi fijo) sus ingresos provenientes de la renta del Estado se mantenían estables en moneda fuerte y habiendo transferido parte de su capital al exterior, la situación política y social les preocupó cada vez menos y hasta la misma perspectiva de la crisis final de esas estrategias -en sentido estricto, económicas, sociales y políticas- insostenibles, no fue temida.

Este sistema económico falla periódicamente (las crisis), puesto de que por una parte se basa en la acumulación de compromisos financieros a tasas de interés elevadas, en la explotación oligopólica con lucros astronómicos, en la venta precipitada y corrupta de un stock finito de activos, en la contracción del mercado interno; y por otra no es capaz de generar volúmenes crecientes -no sólo de producción exportable nueva- sino tampoco de superávits no contractivos.

La escasez latente de divisas para enfrentar los compromisos al materializarse la crisis, provoca operaciones apresuradas de sustentación que se realizan a costa de nuevos y nuevos paquetes de asistencia financiera organizados por el FMI, siempre a cambio de mayores compromisos de liberalización y de restricciones a la autonomía nacional en la gestión económica.

Así, la situación de todos los países vecinos de la región Amazónica fronterizos con Brasil presenta características muy semejantes: largo estancamiento o lento crecimiento económico, compromisos externos elevados, alta vulnerabilidad a fluctuaciones externas, desarticulación del estado, presión externa renovada para que adopten políticas todavía más neoliberales y contractivas, desempleo elevado, crimen organizado y violencia urbana, crecimiento incontrolable de las ciudades, incapacidad del Estado para atender las demandas sociales, inquietud política acentuada.

La insatisfacción con los regímenes democráticos es creciente e inquietante, porque ellos son vistos cada vez más por la población como formales y seudopopulares, por ser antinacionales (globalizantes), elitistas y autoritarios (soft). Las masas de los países de la región tienen hace generaciones porcentajes bajo la línea de la pobreza crónica (no ocasional) siempre elevados y la pobreza tiende a ser mayor en las regiones amazónicas, con un grado de politización extremadamente bajo, ya que su principal objetivo es la supervivencia cotidiana. Su participación política en la democracia es reducida y cíclica.

A estas masas se agregan fajas crecientes de clase media empobrecida, cuyo individualismo y expectativas de progreso material habían sido estimulados por los medios. Su frustración, inclusive con un empobrecimiento relativo, su recelo ante la pobreza y la violencia creciente de los centros urbanos, hace que pasen a demandar cada vez más orden y empleo, nostálgicas del pasado.

Periódicamente, los centros de poder mundial articulados con las estructuras de poder local estimulan la renovación de liderazgos políticos desgastados, tales como los de Salinas de Gortari, Menen y Fujimori, para garantizar la supervivencia del modelo económico y político, concentrador y mistificador. Ésta seudo renovación, en la que los centros de poder pasan a atacar y ayudan a desmoralizar a sus agentes ya desgastados, con lo que ganan la simpatía de la masa miserabilizada y hasta de sectores de izquierda en esos países y en otros, lleva a un alivio que es apenas temporal, hasta que de nuevo se agudizan las contradicciones entre el modelo económico y las necesidades de desarrollo, impulsadas en último término por el crecimiento demográfico y por la demanda creciente de empleo, en un sistema tecnológico cada vez más capital-excluyente.

En el caso de Amazonia, las políticas económicas neoliberales adoptadas a nivel nacional más que expandirse por la región, tuvieron efectos más graves, pues la naturaleza de los desafíos exigía una presencia firme y planificadora del Estado central. La propia organización primitiva de producción industrial de transformación y de las empresas locales hicieron que la región pasase a depender cada vez más de la producción exigida por el consumismo de alto nivel de renta de los grandes países desarrollados, esto es, de la producción y el tráfico de drogas, la extracción y el contrabando de piedras preciosas y el parque del ocio exótico para las clases medias de esos países, en la mejor de las hipótesis disfrazado bajo el rótulo de ecoturismo.

La región quedó sujeta a la depredación de sus recursos naturales (inclusive la biopiratería) y humanos a través de la prostitución infantil que en las ciudades mayores llega a afectar a más del 30% de la población pobre.

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Foto, Carlos Rivodó, Sin título II

Los países vecinos en la Amazonia

La ilusión del crecimiento económico y de la estabilidad política y social terminó en América del Sur, ahora se recoge el fruto amargo por haber abandonado irreflexivamente el proyecto de desarrollo autónomo nacional (no autárquico) que fuera cambiado con gran fanfarria, por una estrategia de inserción competitiva que se reveló apenas subordinada a la globalización y por una seudomodernidad, en especial de consumo.

A pesar de las críticas a la globalización asimétrica y a sus agencias, como la OMC y el FMI, que surgen entre líderes que tanto las alabaran y que continúan ejecutando las mismas políticas anteriores que llevaron a las dificultades y angustias actuales, la última carta para consolidar las políticas neoliberales se juega en la apertura de negociación de acuerdos de libre comercio con los EE.UU.

En Colombia, cuya población es el 26% de la brasileña, cerca de 30% de su territorio llegó a encontrarse bajo el control legal -con la aceptación del Estado Central- de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y del ELN( Ejército de Liberación Nacional).

En ese territorio ambas organizaciones ejecutaron funciones típicas del Estado. Éstas organizaciones de guerrilla, que se iniciaron después de 1948, cuando ocurrió el famoso "bogotazo"(la entrega de las armas por los insurgentes y enseguida su matanza), llegaron a tener amplio apoyo en las áreas rurales, debido a la concentración de la propiedad y al trato arbitrario y violento hacia los campesinos.

La ejecución del Plan Colombia, proyecto establecido entre EE.UU. y Colombia prevé la adquisición de equipo militar sofisticado norteamericano, tal como helicópteros de combate, para ser utilizado en la erradicación de las plantaciones de coca, pero que puede ser utilizado contra los guerrilleros de las FARC y del ELN, acusados de tener estrechos lazos con el narcotráfico, al que cobran impuestos. Los EE.UU. han llegado a tener cerca de 1.000 asesores militares en Colombia. Por otro lado, el crecimiento económico en Colombia en los últimos años ha sido muy bajo. Inclusive inferior a la tasa de crecimiento demográfico, factor que acentúa el desempleo que afecta a una parcela importante de la población y aumenta la emigración, en especial hacia Venezuela.

El Estado se muestra impotente frente las acciones de grupos paramilitares, las llamadas AUC (y hasta es acusado de estimularlo veladamente) responsables por la matanza sistemáticas de líderes sindicales, campesinos e intelectuales. En cuanto aumentan los movimientos de refugiados hacia Venezuela y Ecuador y por tanto las tensiones con esos países, se ocasionan disputas históricas con Venezuela en relación a las áreas ricas en petróleo y de las fronteras.

En Colombia se contabilizaron un promedio de 30 mil asesinatos por año en los últimos 10 años, siendo considerado el país más violento del mundo. En Ecuador, país con una población equivalente al 8% de la brasileña, cerca de 60% indígenas, de los cuales 20% no hablan español, la economía está en retroceso, siendo el crecimiento del PIB inferior a 1% al año en los últimos años. Más de 60% de la población es desempleada o subempleada, y más del 60% de los ecuatorianos se encuentran debajo de la línea de pobreza.

Las políticas neoliberales reforzaron la extraordinaria concentración histórica de renta y la profunda vulnerabilidad externa de la economía ecuatoriana, dependiente exclusivamente de las exportaciones de petróleo y de pescado. La última iniciativa de los defensores de la estabilidad monetaria a cualquier costo (y de los lucros que vendrían a obtener en el momento de la conversión) fue hecha con la dolarización súbita de la economía en 2000, lo que la colocó a merced de las fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo, sobre los cuales no tienen ningún control. El profundo e histórico resentimiento de la enorme mayoría indígena de la población contra la minoría blanca se traduce hoy en creciente movilización política, cada vez más consciente y capaz de colocar en shock el sistema político oligárquico tradicional, mientras el Estado hace acuerdos con Estados Unidos para la utilización militar de la base aérea de Manta para apoyar el Plan Colombia, lo que compromete al Ecuador en la explosiva situación colombiana.

En Perú, cuya población es un 16% de la brasileña, la política económica agravó la concentración histórica de renta y elevó el desempleo y la urbanización descontrolada, provocada por la actividad de la guerrilla de Sendero Luminoso y por los feroces métodos de combate aplicados en las zonas rurales.

El cuadro de inquietud social y político no es coyuntural, sino estructural, y se agravó en la medida en que el sucesor de Fujimori, Alejandro Toledo, de origen indígena, continuó con la aplicación de las mismas políticas en la esfera económica, que a pesar de los aparentes índices elevados de crecimiento, no se reflejaron en el desarrollo y el empleo, llevándolo a índices de popularidad inferiores a dos dígitos. El surgimiento de la manifestación de justicia sumaria (indígena) contra políticos (blancos) acusados de corrupción constituye un reciente fenómeno de profundas posibilidades.

En Venezuela, el gobierno radicalmente democrático de Hugo Chávez, que ya venció ocho elecciones acompañadas por observación internacional, sufre los efectos de una campaña internacional en los medios de comunicación que intenta caracterizarlo como loco y dictador. A juzgar por la experiencia histórica latinoamericana no habrá duda internacional en apoyar, inclusive con amplios recursos financieros (como ocurrió en el caso del derrocamiento de Allende en Chile, acción ahora revelada oficialmente por EE.UU.), la oposición a su gobierno, en especial a través de la articulación de los intereses de sectores de las elites que fueron removidas por los votos de las posiciones tradicionales de control político de la sociedad y del Estado, que concentra y distribuye los ingresos devengados por el petróleo.

Por otro lado, las históricas disputas entre Venezuela y Colombia podrán, a partir de eventuales violaciones de frontera originadas por la aplicación del Plan Colombia, a la persecución y a la eventual (no comprobada) instalación de núcleos de guerrilla colombiana en Venezuela y a la aceleración de la emigración colombiana hacia Venezuela, que bien podrían agravarse, dando munición política a la oposición al Gobierno de Chávez, con riesgo de un eventual surgimiento de guerrillas cuya acción y reacción podrían violar las fronteras brasileñas y afectar la seguridad. La implicación de la OEA y del Centro Carter en el proceso refrendario en Venezuela fue indicador de una tendencia a la internacionalización del propio proceso político interno de los países de la región, que pasa a ser considerada gradualmente como natural.

La participación de potencias y países extracontinentales en los esfuerzos de mediación en los conflictos políticos (no militares) internos trae a Sudamérica prácticas del pasado. Asimismo, en cuanto los medios de comunicación procuran aislar políticamente a Venezuela, al mismo tiempo hay una intensa participación internacional en su política interna. La economía y el Estado venezolano dependen esencialmente de los ingresos petroleros, el desempleo y subempleo estructural alcanzan una parte muy grande de la población, cuyo volumen corresponde en total a cerca de 15% de la brasileña.

En Bolivia, las situaciones históricas de enorme desigualdad, agravadas por las políticas económicas neoliberales, de las cuales el Gobierno boliviano de Paz Estensoro fue precursor en Sudamérica, el consecuente desempleo y los programas casi militares de erradicación a la fuerza de las plantaciones de coca y su sustitución por plantíos mucho menos lucrativos con el auxilio financiero y de asesores de los EE.UU; ha provocado una insatisfacción popular de tal magnitud que llevó a la movilización activa de las poblaciones indígenas que a través de esas reivindicaciones han alcanzado mayor participación y representación efectivas en el poder Legislativo.

La población indígena se concentra en el altiplano de difícil explotación económica y está compuesta por distintos grupos, con idiomas diversos, en tradicional oposición a la región de Santa Cruz de la Sierra que tiene veleidades autonomistas. El resurgimiento de las tensiones con Chile en torno al acceso soberano al Pacífico, cuestión inalienable en la política interna boliviana y la nueva dependencia del gas, de su explotación, exportación o transformación local, así como sus conexiones con el Brasil, vuelve tenso el contexto externo de Bolivia. La población total de Bolivia corresponde a cerca del 5% de la brasileña.

Las sociedades amazónicas de menor población, territorio y producción, que son Suriname (aproximadamente 450 mil hab.) y Guyana (cerca de 800 mil hab.) presentan cuadros de subdesarrollo económico crónico e igualmente de fragilidad política latente e igualmente preocupantes, y se encuentran sujetos a constante influencia externa, en especial Suriname donde hay conflictos históricos de frontera. La Guayana Francesa es un caso aparte, pues se encuentra bajo el dominio colonial de Francia, que la considera una parte integral del territorio francés, como si se encontrase en Europa continental.

La cuestión militar en Amazonia

Un componente relativamente nuevo en lo que respecta a la seguridad de la región amazónica brasileña es la creciente presencia de asesores militares norteamericanos y la venta de equipos sofisticados a las Fuerzas Armadas colombianas. La presencia militar norteamericana, que ya se extiende al Ecuador, el Perú y aparentemente a Bolivia, a través de la utilización de bases militares podrá expandirse a otros países, en un proceso semejante al que ocurrió en la Guerra de Vietnam, y traer presiones crecientes para procurar obtener la colaboración de Brasil y de otros países sudamericanos a fin de transformar la lucha contra el narcotráfico (y contra las FARC y el ELN) en una empresa militar sudamericana, no sólo colombo-norteamericana.

El Plan Colombia es parte de la estrategia de los EE.UU. para asegurarse presencia militar directa en la región andino-amazónica e incluye aspectos tales como la reforma de las institituciones políticas colombianas -en particular de sus sistema judicial- así como también de la legislación para permitir la extradición a los EE.UU., no solamente de narcotraficantes -ciudadanos colombianos- sino también de guerrilleros y el desplazamiento masivo de campesinos, sin realizar la reforma agraria.

El Plan Colombia es parte de la primera de las tres vertientes de la estrategia militar norteamericana para América del Sur, las otras dos son la adopción por parte de los Gobiernos y Fuerzas Armadas de la región de tesis y esquemas de seguridad cooperativa; y en segundo término el desarme -inclusive convencional- de los países de la región.

La primera vertiente de esta estrategia tiene como objetivo estacionar permanentemente tropas norteamericanas en el continente, para facilitar eventuales intervenciones. Esta vertiente viene desarrollándose por lo menos desde 1994, cuando se realizaron en la región amázónica las operaciones militares de EE.UU. llamadas Green Clover y Laser Strike, en países vecinos a Brasil. La situación generada por el Plan Colombia, una iniciativa que traspasa en mucho su objetivo declarado de ser el mero combate a la producción de drogas, tiene sin embargo el mérito de resucitar el debate sobre la Amazonia y sobre las estrategias de desarrollo económico y político brasilero para la región y para el país en general.

La elevada y creciente inestabilidad social, política y económica en los países fronterizos de la Amazonia brasileña, permite vislumbrar algunas situaciones hipotéticas, plausibles en el futuro próximo: la operación (esporádica o permanente) en territorio brasilero de guerrillas extranjeras; el ocasional ingreso de tropas extranjeras, americanas o de países vecinos en territorio brasilero para perseguir guerrilleros; agresiones eventuales a brasileros en esas circunstancias y movimientos significativos de refugiados provenientes de países limítrofes.

Las fronteras brasileñas de tierra comprenden unos 15.600 kilómetros, sólo las de la Amazonia son de 13.200 km. Brasil tiene 3 mil kilómetros de frontera con Bolivia; 3.000 km. con Perú; 1.600 km con Colombia; 2.200 km. con Venezuela; 1.600 km. con Guyana; 700 km. con la Guayana Francesa y 600 km con Suriname. En comparación, la frontera entre Francia y España se prolonga por apenas 600 kilómetros y la frontera entre Francia y Alemania tiene 450 km.

Las actividades necesarias para la vigilancia y la defensa de esos 13 mil kilómetros de frontera brasileña en regiones amazónicas apartadas -de difícil acceso y muchas veces inhóspitas- exigirían grandes recursos para ser mínimamente eficientes. Si la sociedad y las dirigencias políticas de las regiones más desarrolladas del Brasil continúan mostrándose miopes o avaras frente a la urgencia de este problema se sorprenderán a mediano plazo con las consecuencias de su omisión, pues toda la sociedad brasileña se verá afectada, sin que puedan escapar aún aquellas regiones distantes de la Amazonia que pudieran parecer a salvo de esas consecuencias.

Cualquier brasilero preocupado con la escalada de violencia y de crimen sofisticado y fuertemente armado en las grandes ciudades (y más recientemente en las medianas) y con un consumo de drogas en abierta y acelerada expansión en Brasil, debe concordar con la necesidad de una vigilancia eficiente de las fronteras, inclusive terrestres. Cualquier individuo realista reconoce que esta vigilancia no pueden llevarla a cabo organizaciones privadas pero si el Estado, dentro del cual esta tarea le debe corresponder a la Fuerzas Armadas ayudadas por la policía.

Por más violentos y arbitrarios, corruptos e ineficientes que pudieran haber sido en el pasado los sectores de esas organizaciones del Estado, y justo el resentimiento social por hechos lamentables y dolorosos cuyos responsables individuales deben ser castigados, lo que se debe tener en cuenta en el presente es la necesidad de función que la sociedad necesita ejercer, y que para ser ejercida, debe hacerlo a través de las organizaciones del Estado, de forma eficiente, honesta y democrática.

El proyecto Cala Norte, así como el proyecto Sivam, son importantes iniciativas en el control y defensa de las fronteras. El proyecto Cala Norte, iniciado en 1985, tiene como objetivo instalar unidades militares de apoyo en las poblaciones civiles a lo largo de la faja de fronteras y de ese modo prevenir y desestimular eventuales ingresos de insurgentes en el territorio brasilero y para contribuir en el control de actividades ilícitas, especialmente las del contrabando y narcotráfico.

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El proyecto Cala Norte puede ser transformado de una hipotética amenaza en un poderoso instrumento de integración bilateral en la medida en que se pueda asociar cada país vecino en su ejecución y así hacerlo un elemento de aproximación política y de integración física y económica de las poblaciones de las fronteras y de los propios países en general.

El proyecto Sivam (Sistema de Vigilancia Aérea de la Amazonia) corresponde a un conjunto de unidades rastreadoras de señales de satélite, que permite la detección de actividades ilegales, la localización de aeronaves clandestinas implicadas en el tráfico de drogas, actividades de deforestación y quemas, en los cuales hay grandes intereses de los Estados vecinos en participar.

Que hubiera ineficacia o corrupción, real o imaginada, en tales programas no significa que la sociedad brasileña -aún aquellos sectores que se encuentran distantes de la Amazonia e indiferentes a la soberanía brasileña sobre esa región- pueda prescindir de ellos. Como hacer esas organizaciones y programas del Estado eficientes y garantizar el control social sobre la formulación y ejecución de políticas de defensa de fronteras es una tarea difícil y debe ser resuelta a través de mecanismos de control permanente del Congreso, con el auxilio de la sociedad civil.

Cada vez es más importante enfrentar el problema de la Amazonia y la situación de inestabilidad a lo largo de las fronteras, es una cuestión esencial para la evolución a mediano y a largo plazo de la sociedad brasileña, sea cual sea la reconciliación efectiva entre ciertos segmentos de la sociedad civil y las Fuerzas Armadas brasileñas. La división que ocurrió en el pasado, debido a los excesos e ilegalidades cometidas -en especial en la época de la represión más violenta del Estado a la guerrilla- no puede proseguir indefinidamente.

Es necesario que la sociedad brasileña haga esfuerzos constantes para fortalecer y fomentar una creciente cohesión entre sus organizaciones civiles y militares, sin dejarse ilusionar por la utopía de la construcción de una sociedad sin Fuerzas Armadas. Lo que debe ser resaltado en esos esfuerzos es la necesidad de construir Fuerzas Armadas democráticas, eficientes, para la defensa de los intereses brasileños, delante de la acción de potencias extra-regionales, cuyo interés, de hecho, es desarmar la sociedad brasileña y hacerla más vulnerable a la su influencia y a sus objetivos nacionales.

La protección militar eficiente para garantizar la inviolabilidad de las fronteras y la seguridad de las poblaciones brasileñas que habitan en esas regiones, así como la enérgica negación a que se utilicen métodos de combate contra las drogas en Colombia y la erradicación de plantaciones que pudieran afectar el ecosistema de la Amazonia, deben ser prioridades del Gobierno y de la sociedad brasileña.

En cuanto a la producción y al comercio, el narcotráfico está vinculado con sistemas predatorios y voluntaristas de la explotación económica para la exportación, implantados en la Amazonia. Esos sistemas atraen poblaciones de otras regiones del país y financian proyectos de colonización orientados inicialmente para la cría de ganado y más recientemente para el cultivo de arroz y de soja, que llevan y llevarán a la deforestación.

El rápido agotamiento del suelo y la generación de desempleo consecuencia del monocultivo y la ganadería extensiva, además del descubrimiento de yacimientos de oro, lanzaron a las poblaciones desempleadas hacia la extracción y el tráfico de drogas y agentes químicos, que se articulan por su parte con la red internacional de contrabando de oro, piedras preciosas y armas, que por definición, desconoce fronteras.

Por otro lado, la cuestión general del narcotráfico está profundamente vinculada a las normas de funcionamiento del sistema financiero nacional e internacional, que permiten en la práctica, el lavado de dinero y su transferencia legal hacia los grandes centros financieros y los megabancos. La resistencia a la quiebra del secreto bancario por parte de los grandes bancos, en especial de los paraísos fiscales, y la reluctancia de los gobiernos de los países desarrollados en controlar su sistema financiero, hacen que haya un esfuerzo permanente en colocar la carga política de la imagen de corrupción y crimen y el coste financiero del combate contra las drogas en los Estados de la periferia.

En el caso de Brasil, el control indispensable de las fronteras será de poca eficacia si no es acompañado por la obligatoriedad de los bancos privados de declarar al Banco Central los depósitos en especie por encima de ciertos valores y de ejercer un control efectivo sobre la apertura de cuentas naranja y, por otro lado, de mayor fiscalización del Banco Central sobre los movimientos financieros hacia el exterior de las agencias bancarias privadas, especialmente en las áreas fronterizas.

Aunque tales medidas puedan contribuir al combate contra las drogas, a la huída de divisas y al lavado de dinero, solamente programas dirigidos para la reducción sistemática del desempleo, para la organización de actividades sociales para jóvenes en las periferias, la reducción de la propaganda de la violencia en los medios de comunicación, y finalmente la discriminación del consumo de drogas podrán de hecho lograr reducir las profundas causas de la demanda de narcóticos, que van además más allá de la inducción de los traficantes.

Esas causas no pueden ser eliminadas por los programas de erradicación y sustitución de la producción, que se revelarán siempre frustrantes e ilusorios, llevando sólo al desplazamiento geográfico de áreas de producción y a la expansión de la producción de drogas sintéticas, responsables en más de un 50% del consumo global de narcóticos, antidepresivos y estimulantes en el mundo, fabricados en los países altamente desarrollados.

La cuestión del narcotráfico es políticamente importante debido a la infiltración de sus integrantes y representantes en el sistema político, en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, municipales, provinciales y federales. Es necesario analizar la evolución de los mecanismos de esa infiltración en Colombia y en otros países, inclusive en los países desarrollados consumidores, para combatirla mejor en Brasil.

Una forma posible de combate a esa infiltración política en los organismos del Estado sería la adopción de legislación exigiendo la suspensión automática del secreto bancario de todos los ocupantes y candidatos a cargos en el Ejecutivo, Legislativo y Judicatura. La cuestión de la infiltración política viene se agravando en la medida en que Brasil pasa de una situación de país de tráfico hacia una situación de consumo creciente y difuso de drogas.

Traducido para Question: Ricardo Infante y Miguel Guaglianone