Mientras las negociaciones del TLC con EEUU tienen avances muy limitados, a pesar de las siempre triunfalistas declaraciones oficiales, se está impulsando a ritmo acelerado las negociaciones de un TLC con Chile que ninguna autoridad se ha dignado explicar al país los beneficios que traería. Simultáneamente, se ha intentado boicotear la alianza estratégica con el Brasil, buscando impedir la construcción de la carretera Interoceánica en su ramal sur, y se ha cuestionado con renovados bríos a la Comunidad Andina, llegando al extremo de exigir el retiro del Perú (que sólo tiene el nefasto precedente fujimorista), como han planteado voceros empresariales exportadores.

Veamos algunos elementos de este complicado proceso simultáneo, donde algunos quieren pescar “a río revuelto”.

El TLC con EEUU

Después de 11 rondas de negociación, aún no tenemos asegurados los beneficios del ATPDEA para los productos estrella de exportación. Tampoco se han eliminado las barreras sanitarias y fitosanitarias que limitan el dinamismo agroindustrial, y más bien continúan las concesiones adicionales por parte nuestra, entregando mercados, aceptando la eliminación de franja de precios y cualquier mecanismo de protección en frontera, y tratando de establecer compensaciones internas que sólo servirán de consuelo marginal a productores que dejarán de serlo.

En propiedad intelectual, tampoco se han conseguido avances en el reconocimiento de nuestra biodiversidad y conocimientos tradicionales, y más bien el tema de datos de prueba ya se ha concedido y continúan las presiones sobre la ampliación y cobertura y duración de las patentes a través de distintos mecanismos. Seguimos cediendo a las posiciones de EEUU en Compras del Estado, Servicios e Inversiones, que afectarán severamente a la población y los márgenes de maniobra del Estado Nacional para el impulso de estrategias de desarrollo alternativas al neoliberalismo.

Las negociaciones se están bilateralizando con cada andino, lo cual merma sustancialmente su capacidad negociadora. No hay compensaciones a las gravísimas asimetrías, y los negociadores están tratando de poner políticas de parche en una suerte de control de daños de un acuerdo cuya firma quieren acelerar.

Después de la aprobación por dos votos del CAFTA, con el ajustado aval político conseguido por los negociadores de EEUU, es previsible que endurezcan sus posiciones para obtener mayores concesiones nuestras en temas que puedan afectar a productores y votantes norteamericanos en sus productos sensibles.

El presidente colombiano que busca la reelección, ha hecho un llamado para acelerar las negociaciones y en el Perú desde el MEF y otros sectores han sugerido que el Perú puede firmar sólo el TLC. Esto debilita la posición y la integración andina, más aún con las posiciones extremas de solicitud de retiro que reseñaremos más adelante.

Como señalamos en su momento, nos están llevando con presiones crecientes a la última ronda donde plantearán el ultimátum de “Tómelo o Déjelo”. Más allá del triunfalismo desbordante que sólo existe en la millonaria propaganda oficialista sobre el TLC, una firma del Ejecutivo en estas condiciones tendrá más costos que beneficios para el país. De no firmar el TLC y perder el ATPDEA, el costo sería de alrededor de US$ 1,300 millones según estudio del Mincetur. Ese es el escenario “de máxima” que supone pérdida total del mercado norteamericano. Pero, la pérdida de preferencias supone pagar los aranceles que EEUU le cobra a todo el mundo, y eso representó alrededor de sólo US$ 110 millones de dólares en el año 2003 (ese sería el escenario “de mínima”).

Si se comparan ganadores y perdedores en el sector agropecuario, es mucho más barato compensar a los exportadores y sus 70 mil hectáreas (US$ 246 millones), que a los cientos de miles de productores que producen alrededor de un millón de hectáreas en todo el Perú (y cuyo valor de producción asciende a US$ 1,400 millones).

Estimaciones del MINSA y cálculos propios muestran costos de alrededor de US$ 300 millones, sólo para el tema de datos de prueba, sin contar posibles ampliaciones del plazo de las patentes. INDECOPI hizo una estimación de costos para el conjunto de los sectores de propiedad intelectual, que representan una cifra cercana a la que el Mincetur reporta como los costos de no firmar.

Adicionalmente, hay aproximadamente US$ 2,000 millones de dólares que los umbrales que se están negociando no protegen a los productores nacionales en las compras del Estado, donde se abrirá la competencia a empresas y proveedores estadounidenses. Son incalculables los costos que tendrían para el país la perdida de sus conocimientos tradicionales, o la explotación unilateral de la biodiversidad por las trasnacionales.

A pesar de la heterogeneidad de los estudios disponibles en cuanto a resultados y metodologías, los costos son muy significativos para el país, y son inexistentes en la propaganda oficial. Es previsible que esta se intensifique en los spots de televisión, de radio, encartes en los diarios de circulación nacional, y la intensa difusión en regiones de las bondades del TLC. Pero, tendrán que explicarle al país los costos del TLC, que tiene su máxima expresión en la renuncia del Estado Nacional al impulso de estrategias de desarrollo que beneficien a la mayoría de la población.

El TLC con Chile

Sin los fuegos artificiales del TLC con EEUU y casi clandestinamente, se está desarrollando un acelerado proceso de “perfeccionamiento” del ACE con Chile. Acaba de terminar una reunión en Lima, está planteada otra para fin de agosto y otra para setiembre. Quieren conseguir antes de fin de año, o antes que termine el gobierno, un TLC que consolide la chilenización del Perú.

No se terminaron de apagar los ecos de indignación de la población frente a la artera actitud chilena durante el conflicto del Cenepa, de la campaña sistemática contra la autoestima nacional donde el vídeo de LAN era la punta del iceberg, de la crisis diplomática ocasionada por la altanera posición del país del sur frente al justo reclamo nacional, pero los activos lobbies chilenos (que actúan en las altas esferas del gobierno, fuera de él y en los medios de comunicación) siguieron cocinando este proceso de negociación que perjudica los intereses del país.

Por primera vez en muchos años comenzamos a tener resultados positivos en la balanza comercial bilateral, luego de más de US$ 1,500 millones que tuvieron a su favor los vecinos del sur. Un saldo favorable al Perú en la balanza comercial, sería un contrapeso mínimo frente a la asimetría que existe en los servicios, y las inversiones en todos los rubros. Sin embargo, se quieren adelantar plazos, cambiar estándares y disciplinas, incluyendo la liberalización de los servicios y acuerdos en compras del Estado, que no benefician al Perú.

Los objetivos centrales son geopolíticos, y buscan garantizar acceso de agua y energía escasos en Chile, y consolidar la hegemonía en el Pacífico Sur constituyéndose como bisagra entre los países andinos y el MERCOSUR, y la proyección al Asia-Pacífico con los corredores bioceánicos.

Es un país con el que tenemos pendiente el problema de los límites marítimos, donde hay alrededor de 80,000 peruanos que sufren el trato xenofóbico, y aquél que desarrolla una carrera armamentista en la región con intereses claramente ofensivos.

El Perú no debería modificar el status-quo de un ACE que ya existe. Tampoco profundizar vínculos económicos y de otra índole, mientras no se resuelva el problema de la delimitación marítima. No esperamos mucho del ministerio de Comercio ni del ministerio de Economía, que impulsan sin pausa ni tregua este acuerdo. Pero, sí esperaríamos que la Cancillería y otros sectores del Estado y del Parlamento reaccionen y hagan reaccionar al presidente Toledo, antes que sea demasiado tarde. La población peruana, con uniforme o sin él, debe evitar que se concrete este proceso que puede hipotecar el futuro del país y la nación, incluso en mayor grado que el TLC con EEUU.

Boicot a la Integración

Mientras se avanza lentamente en el TLC con EEUU y a ritmo de cueca con Chile, se ha intentado dinamitar la alianza estratégica con el Brasil, buscando impedir la construcción del la Interoceánica. Los lobbies que sirven a los intereses del país del sur, han utilizado algunas criticas atendibles y otras mal intencionadas, para cumplir tal objetivo, felizmente de manera infructuosa hasta el momento.

Esos mismos lobbies son los que han buscado que los grandes sacrificios del pueblo peruano para la construcción de Camisea, no se traduzcan en el gas como fuente de energía sustituta del petróleo cada vez más caro donde somos importadores netos, ni que tenga un mayor agregado en alianza con Bolivia. Nos han indispuesto con este hermano país que está revisando su histórica decisión de sacar su gas por puerto nacional. Mientras, se le ofrece desde Perú a Chile, no sólo quebrando la estrategia boliviana de gas por mar, sino la utilización del gas peruano para el desarrollo nacional.

También, se ponen piedras en el camino para el avance de la integración andina y sudamericana. A los conflictos que traerá consigo el TLC con EEUU respecto a la normativa comunitaria andina, se suma una campaña que reedita los argumentos neoliberales fujimoristas de inicios de la década de los noventa. Salirnos de la integración andina no solo significa afectar nuestras exportaciones de mayor valor agregado y comercio intraindustrial, sino el aislamiento y mayor vulnerabilidad del país. Indisponernos con Brasil y Bolivia, debilita una estrategia en la que el Perú queda mejor posicionado y cautela su interés nacional en un contexto de integración sudamericana.

También, impediría un acuerdo con la UE, que exige que la negociación se dé con la CAN en su conjunto y no con países individuales, lo que afectaría nuestras relaciones con socios fundamentales en el plano comercial, de inversiones, de cooperación y político. Si esos procesos no se revierten, consolidaremos una subordinación no sólo económica a Chile, lo cual pone en riesgo nuestro futuro como nación.

Los argumentos para el retiro de la CAN son deleznables. No lo han pedido los productores azucareros afectados por las importaciones andinas, tampoco los industriales de golosinas y gaseosas, sino los exportadores que representan intereses principalmente de capital extranjero, y lamentablemente un gremio que históricamente tuvo una posición integracionista.

Las demandas para la aplicación de cuotas y cláusulas de salvaguardia de los productores de azúcar es perfectamente atendible, y no impediría el cumplimiento de los programas de liberalización con la CAN. El azúcar es un producto sensible no solo en las negociaciones bilaterales, sino en los diferentes cuerdos de integración, y siempre tiene un trato especial. Es el caso por ejemplo de Centroamérica y del MERCOSUR. Los andinos también podemos darle un trato similar, en una negociación que no perjudique a nuestros productores y no cuestione la integración andina.

Curiosamente (¿O no tanto?) este ataque a la integración andina se produce cuando el presidente Hugo Chávez crítico del neoliberalismo y del TLC con EEUU, asume la presidencia de la CAN. En el contexto en el cual no solo está desplegando intensas iniciativas para profundizar nuestra integración, sino también en coordinaciones estrechas con el presidente Tabaré de Uruguay que es el presidente de turno del MERCOSUR. Los intereses nacionales del Perú se cautelan profundizando la integración regional andina, construyendo la integración sudamericana en base a una alianza estratégica con el Brasil y Bolivia, y no hipotecando y poniendo en riesgo el futuro de la nación con los TLCs de EEUU y Chile.