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Dos imágenes emparentadas marcan el acaecer de los últimos meses en el Cono Sur de América Latina. En el centro del foco, Lula da Silva acorralado por denuncias de corrupción contra los dirigentes de su partido, de nombre y origen obrero, al parecer volcado en cuerpo y alma a los enjuagues de la política tradicional. Apenas un poco de costado, Tabaré Vásquez apostándolo todo al impacto “modernizador” de las inversiones extranjeras, aún a costo de romper lanzas con asambleas vecinales y agrupaciones ecologistas de ambas orillas del río Uruguay.

El neoliberalismo ya no es una ideología de moda, sus opositores han ganado elecciones en la mayoría de los países, pero la imposibilidad de contrarrestar los intereses del gran capital y las prácticas políticas de la década de los 90” parece seguir inamovible en lo sustancial, incluso con el arribo de partidos y figuras con trayectorias de izquierda a la cúspide formal del aparato estatal.

Entre 2002 y 2004 se produjeron dos resultados electorales que muchos apreciaron como novedades de alcance histórico: a) El triunfo en los comicios presidenciales de Brasil de un obrero y dirigente sindical al mando de un partido de trabajadores desarrollado un poco a contrapelo de la historia de los años 80 y 90, a partir de uno de los nucleamientos de obreros industriales más importantes de América Latina. b) La victoria por primera vez de una fuerza por fuera de un bipartidismo con más de un siglo y medio de vigencia en Uruguay, a través de una coalición de la que formaban parte, entre otros, los dirigentes supérstites de uno de los movimientos guerrilleros más respetados de la región.

Mucho se subrayó el potencial disruptor de ambas “irrupciones” en el desgastado juego de los sistemas políticos de la época del neoliberalismo. Y algunos analistas visualizaron la posibilidad de un torrente transformador que se asociara a experiencias ya en vigencia, como la de Venezuela, e incluso la de Cuba. Todo esto aparecía plausible, a condición de olvidar un “detalle”: Ambas fuerzas habían llegado al gobierno tras largas décadas de atravesar las “horcas caudinas” de la democracia representativa, en un contexto histórico signado por la creciente capacidad económica, política y de construcción hegemónica del poder del capital y sus aliados estructurales. El Frente Amplio había perdido comicios presidenciales desde 1972, con el largo interludio de la dictadura.

El PT, con Lula de candidato, llevaba tres derrotas consecutivas en el mismo terreno. Las fuerzas conservadoras, ante la perspectiva de triunfo de las izquierdas, fueron transitando del rechazo histérico de los comienzos, a un rango de actitudes que fueron desde el moderado beneplácito hasta una actitud entre resignada y expectante, encuadrados ambos en un consecuente esfuerzo dirigido al “transformismo” de ambas fuerzas, promoviendo sus vínculos con el sistema empresarial, y “vetando” implícitamente a las organizaciones y personalidad que mantuvieran posiciones radicales. El PT y el FA colaboraron, con sus propias modalidades, “limando” progresivamente sus programas y “redefiniendo” una y otra vez, en sentido regresivo, su relación con las organizaciones de las clases subalternas. Había que mostrarse como “partidos de gobierno”, alejados de extremismos y utopías.

Finalmente, ambas fuerzas quedaron en posición de ganar las elecciones con relativa facilidad, contemporáneamente al estallido de rebeliones populares que colocaban en serios aprietos las instituciones representativas de países cercanos como Argentina, Ecuador, Bolivia o Perú.

Tanto en el pequeño país rioplatense como en el gigante de la región, la existencia de agrupaciones políticas con posibilidades de acceder al gobierno nacional, provistas de credenciales radicales y vínculos amplios con las clases subalternas, contribuyeron a amortiguar la posibilidad de que ocurrieran alzamientos masivos (no en vano en Argentina, el “centroizquierda” lloró a lágrima viva la inexistencia de un “Lula” local para resolver la crisis). Por el contrario, en ambos países, pero en especial en Brasil, la llegada al gobierno coincidió con un momento de baja movilización social.

Las “izquierdas” triunfantes lo lograron gracias a haber abandonado previamente, con suficiente antelación, claridad y persistencia, los puntos centrales de un programa de izquierda. Y una vez llegadas al gobierno, se apresuraron a garantizar que sus políticas fundamentales se ajustaran con creces a la progresiva moderación de sus propuestas y prácticas.

Los espacios de innovación (siempre limitados) quedaron recluidos a la política exterior, la de derechos humanos, y algunas iniciativas de “política social” que no tocaran ni de lejos las relaciones de propiedad.

Este resultado de pago puntual de la deuda, cortejo a la gran empresa y seguimiento de las instrucciones del FMI conducido por fuerzas de izquierda, no autoriza a albergar expectativas de reversión favorable, al menos en lo inmediato. Lo más probable es que el desprestigio del PT y el Frente Amplio no den lugar al crecimiento de opciones más radicalizadas, dentro o fuera de ellos, sino que sea presentado con éxito a las sociedades respectivas (y al conjunto latinoamericano) como el “fracaso de la izquierda” en función de gobierno, y constituyan la vía de salida hacia experiencias volcadas hacia la derecha, arraigadas en la política tradicional y con menos vinculaciones con el movimiento social, que a su vez podrán incubar un retorno de la “izquierda”, cada vez más moderada y alejada de sus bases iniciales. De la monotonía del pensamiento único se habrá pasado a la alternancia con el “progresismo posible”.

Un análisis de las perspectivas de los capitalistas y sus fuerzas aliadas a comienzos del siglo XXI parecía indicar a los partidos y coaliciones de izquierda como una interesante ampliación de las bases del sistema de partidos, en una época de desprestigio generalizado de éstos. El establishment podía proseguir la “colonización” progresiva de las propuestas políticas crecidas como potenciales alternativas a su dominio, y expandir su visión del mundo hacia la izquierda sin poner en riesgo ni en un ápice sus intereses fundamentales.

La apuesta entrañaría con toda probabilidad el enriquecimiento del discurso y la composición social en el sustento al orden capitalista en general y a la democracia representativa en particular. Sin embargo, al menos en el caso brasileño, la opción de la mayoría de los sectores con poder aparenta ser la vuelta al orden político tradicional. Hoy discuten si impulsar el juicio político contra Lula o dejarlo completar su período e inhabilitar su reelección. La “visión del mundo” de las clases dominantes sigue apuntando a la humillación de la izquierda, quizás a construir finalmente bipartidismos “a la anglosajona”, como el que hasta ahora avanza con éxito en Chile.

Cualquiera sea el desemboque de ambos procesos, lo que debería estar claro es que abre oportunidad para importantes reflexiones, en particular desde el ángulo de la izquierda radical.

Se puede reprochar a la izquierda de los 60” un abordaje lineal y esquemático de las relaciones entre economía y política, entre clase dominante y estado, entre posesión de los medios de producción y hegemonía. Pero debiera reconocérsele un núcleo de acierto en ver los vínculos entre esos diferentes órdenes, en el haber percibido, siquiera en grado de intuición, la unidad sustancial de planos que la ideología del capital “separa” para dominar mejor.

La aceptación del capitalismo como horizonte inamovible, al menos para una larga época; la renuncia a cuestionar en profundidad la democracia representativa junto con las nociones de nación, estado y ciudadanía que propaga el poder del gran capital, la obturación del propósito de transformación radical de las relaciones sociales en su conjunto, han llevado finalmente a abandonar no sólo la perspectiva revolucionaria, sino incluso la posibilidad efectiva de desarrollar reformas profundas.

Cabe la conclusión de que lo que se presentó como “renovación” del pensamiento de izquierda latinoamericano a partir de los 80” adolece de fallas fundamentales. Ha sido un instrumento útil para viabilizar el acceso al gobierno, pero a costa de abdicar, a cualquier efecto práctico, de la pretensión de transformar a sociedades que se vuelven cada vez más injustas y desiguales. Como en la Europa de las primeras décadas del siglo pasado, corrientes de origen socialista superan vetos y fraudes, y llegan laboriosamente al gobierno, para evidenciar de inmediato que el contacto con el poder se ha alcanzado a costa del alejamiento del socialismo.

Una lección a extraer es que es cierto que la perdurabilidad y efectos de las instituciones parlamentarias no deben ser subestimadas, que las elecciones y los órganos representativos son terreno de disputa insoslayable; pero que es asimismo verdad que no deberían convertirse en la vía principal de acción, y en el receptáculo de ilusiones singularmente paralizantes: Las de que se puede transformar la sociedad con las reglas impuestas por las clases dominantes, con éstas en el uso del silbato del árbitro y dueñas de la posibilidad, en caso de emergencia, de “llevarse la pelota” y terminar con el reglamento y con el juego mismo, si es necesario.

La rebelión latinoamericana que brota aquí y allá en los últimos cinco años, mantiene vivo el impulso de confrontar con el conjunto de la arquitectura social y política y no sólo con sus manifestaciones más ostensiblemente ominosas. Se asienta en organizaciones de masas, se expande rápidamente por el “abajo” social, no rechaza las elecciones pero tampoco abreva confiadamente en la superstición parlamentaria. Alberga el embrión de un lenguaje, unas reglas y unas prácticas diferentes, mensurables en democracia directa, autonomía frente a las clases dominantes y el estado, y voluntad de terminar con el reino de la explotación y la alienación instaurado por el despiadado capitalismo, apenas ataviado en algunas partes por el diminuto e inestable taparrabos del “cambio posible”...

Parece claro a dónde orientar las miradas, para quiénes miden el progreso social en mejor vida y más poder para las clases subalternas y no sólo en escaños parlamentarios o carteras ministeriales ocupados por “progresistas”, que a menudo se hallan en tránsito a dejar de serlo.