Presupuesto 2006, ¿austeridad para quién?

El proyecto de Presupuesto del Sector Público para el 2006 confirma la falta de prioridad por la educación y la lucha anticorrupción; mientras sigue la tendencia de seguir concentrando los gastos en cierta burocracia estatal y en el pago de la deuda externa (a los que destina la mitad de lo presupuestado); en tanto que a la inversión pública se le relega con el cuento de la austeridad y equilibrio fiscal. Es decir menores recursos para los sectores sociales, pero sí mantener privilegios tributarios para un grupo de empresas, que de no existir, bien podrían ayudar a incrementar los ingresos que se necesitan.

El presupuesto para educación y cultura, de 8,464 millones de soles es menor en 485 millones con respecto al del 2005; y es peor en términos del PBI del próximo año porque representa sólo el 3,1%, porcentaje menor al PBI para educación que a la fecha está en alrededor de 3,8%. Esto aleja aún más la meta del 6% del PBI en educación para 2006, establecida en el Acuerdo Nacional, y no contempla los compromisos para aumentos de sueldos para este sector en el siguiente año, y además sigue condenando a la calidad de la educación pública a seguir en el piso.

De lo que se plantea para educación, la mayor parte va para las previsiones administrativas de los Gobiernos Regionales (S/. 4,893 millones), en tanto que para los gobiernos locales se destina S/. 368 millones. De lo asignado al Ministerio de Educación (S/. 3,203 millones) parte se destinará al programa de mejoramiento de la calidad de al educación, secundaria, que financia el BID; otra para el proyecto de educación en áreas rurales, que financia el BIRF/Banco Mundial, y un porcentaje para adquirir equipos del Programa Huascarán, cuya efectividad ha sido cuestionada porque la compra de computadoras no viene acompañada de un adecuado soporte técnico ni del personal necesario capacitado.

En cuanto al Poder Judicial, el gabinete PPK ha provocado un enfrentamiento al negarle más de 1,000 millones de soles que pedía, asignándole sólo 687 millones, que no permiten cubrir la administración de justicia, más aún en momentos que la lucha anticorrupción se ha vuelto lenta por la falta de recursos, y que la aplicación del nuevo código procesal civil a partir del 2006 demanda mayor financiamiento para la celeridad de los casos; o de lo contrario los implicados en la mafia fujimorista o en el narcotráfico saldrán libres por exceso de carcelería sin sentencia.

En términos macroeconómicos el Presupuesto plantea un crecimiento del PBI en 5% y un incremento de las exportaciones, que se explican básicamente por el aumento en volumen de los sectores primarios y la mantención de altos precios internacionales de las materias primas; mientras que la demanda interna crecería impulsada sobre todo para una mayor inversión privada en minería y energía, y en industrias para la exportación. Lo sectores de mayor generación de empleo como la industria manufacturera y el agro mostrarán desempeños modestos.

El Ejecutivo afirma que el Presupuesto del 2006 permitirá la transferencia de las finanzas públicas ordenadas al siguiente gobierno. En ese sentido plantea la reducción del déficit fiscal (a 1% del PBI para el siguiente año); una tendencia similar a la del 2005. El mensaje real, sin embargo, sigue siendo el mismo: a pesar que en el país la pobreza supera el 50% de la población, y que las necesidades sociales son grandes se prefiere gastar menos en educación, en salud, en justicia en seguridad nacional, en inversión pública porque eso sería caer en la “farra fiscal” (un término que muchos periodistas repiten de paporreta). Así quedamos bien con los organismos financieros internacionales a fin que estos nos ayuden a seguir endeudándonos para financiar un presupuesto, que renuncia a un mayor incremento de ingresos tributarios, ya que prefiere mantener exoneraciones y dádivas para ciertos grupos de poder.

Esta tendencia se va a seguir afianzado en el gabinete PPK donde priman ya no los otrora “Chicagos Boys” en el manejo de la economía, sino los “Romeros Boys”, como el Ministro de Economía, Fernando Zavala, quien trabajó para el Grupo Romero, que ahora ha afianzado su presencia en el sector financiero, o los “Lobby Boys”, ex empleados de empresas mineras y energéticas, como Cecilia Blume, la jefa del gabinete de asesores de PPK. Este gabinete, que prefiere vender gas y puertos a los chilenos, antes que abastecer el mercado interno, y potenciar nuestro control sobre la infraestructura portuaria, es el mismo que apoyan los partidos que lideran las encuestas, Unidad Nacional, Apra y AP. Gabinete que puede explotar en la cara de las expectativas electorales de estas organizaciones políticas; y que a pesar de su aparente fortaleza puede resultar débil ante la arremetida social que el mismo está provocando.