– 1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño, entre otros instrumentos, forman parte de nuestro derecho interno y son plenamente exigibles al Estado.

– 2. El Estado peruano tiene obligaciones con la alimentación, la salud, la educación, el trabajo digno y bien remunerado y la niñez, y debe rendir cuentas de sus acciones para cumplir los compromisos con la nación y la comunidad internacional. El Perú no puede invocar sus leyes o vacíos legales como justificación de incumplimiento de ningún tratado internacional (Art. 27, Convención de Viena sobre Tratados).

– 3. De los Informes sobre Desarrollo Humano 2000, 2003 y 2004 de las Naciones Unidas se constata que el Perú incurre en grave incumplimiento de las obligaciones contraídas. Los presupuestos de salud y educación son insuficientes e impactan negativamente en la calidad de vida de millones de peruanos, ubicando al Perú entre los últimos lugares de desarrollo humano en América Latina. Las políticas económica y financiera no distribuyen con equidad ni justicia social, ni generan fuentes de trabajo estable. No hay reinversión en industrias para el desarrollo del país y más de 14 millones de peruanos en pobreza y pobreza extrema sintetizan el drama nacional reflejado en esos Informes.

– 4. La pobreza bloquea y condiciona la realización de los derechos humanos y el Estado incumple las políticas públicas para erradicarla, verificándose grave falta de voluntad política para: procurar el crecimiento económico en beneficio de los pobres, reestructurar el presupuesto en favor de los sectores sociales, reorientar la iniciativa estatal hacia el crecimiento sostenido del empleo, garantizar la participación ciudadana en temas claves para la nación (como el TLC), y proteger los recursos ambientales, violándose así la Declaración Universal y los tratados internacionales. Contrariamente, se privilegia y protege el interés de poderosos grupos económicos, nacionales y extranjeros.

– 5. La Defensoría del Pueblo, sin titular desde noviembre del 2,000, se ha debilitado año a año limitando su iniciativa y capacidad, y perjudicando severamente la defensa de los derechos humanos. El Congreso debe convocar nuevo concurso, con equidad y legalidad, y crear las condiciones para su institucionalización y fortalecimiento.

En este contexto el IDH insta:

Al Estado peruano a que cumpla con los tratados internacionales con los que está obligado. Que el Gobierno cambie sustancialmente sus políticas sociales y económicas, asigne los recursos necesarios y priorice la promoción y generación de empleo, la alimentación, la salud, la educación, la justicia y la seguridad ciudadana.

Que el Congreso re-oriente las políticas de Estado y de gobierno a través del presupuesto y leyes a favor de los sectores mencionados. Que el Poder Judicial, sin renunciar a la propuesta para hacer eficaz sus acciones, optimice sus recursos para: agilizar los procesos en pro de una justicia pronta y cumplida, sancionar efectivamente la corrupción pública (que alcanzó su máxima expresión en el régimen fenecido en el año 2000) y privada, que tiene efectos perniciosos en la ética pública y en el bienestar de la población y, erradicar la impunidad para defender la vida.

A los partidos políticos u otras organizaciones que participarán en el proceso electoral del 2006: a plasmar en sus programas y planes de gobierno, metas y acciones concretas para el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos, que son camino seguro para el buen gobierno, el desarrollo y la paz social. A los ciudadanos y a la sociedad civil organizada: a proponer soluciones y vigilar la acción del gobierno y de quienes aspiran a gobernar.

El IDH afirma que la recuperación de la credibilidad en el sistema democrático, la confianza en sus instituciones, y la convivencia fraterna entre los peruanos comienza con nosotros como sociedad, para transformarla y construirnos un Estado donde la dignidad, la solidaridad, la justicia social y el respeto a los derechos humanos sean siempre las prioridades inalterables de quienes toman las decisiones.

Lima, junio 2005
Luis Alberto Salgado Tantte
Padre Ricardo Morales Basadre, S.J.
Presidente, Consejo Directivo
Presidente, Consejo Consultivo

Calle Domínguez No. 331 San Borja, Lima 41, PERÚ
www.institutoddhh.org