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Al día siguiente de ser detenido en Roma, el etíope Hamdi Isaac recibió la noticia de que sería extraditado a Londres. Le dijeron claramente que él no tenía nada que apelar, ni audiencia de fianza a la que recurrir, ni tampoco trámite burocrático por el que esperar.

A las autoridades italianas les bastó saber que este hombre era acusado por Londres de estar implicado en los atentados terroristas del 21 de julio. De acuerdo con la agencia de noticias ANSA, el caso de Hamdi será sometido ante un tribunal romano con fines de extradición de forma expedita.

¿Por qué en Estados Unidos este tipo de trámite es diferente? ¿En qué limbo legal puede caer un terrorista acusado por otro país del homicidio premeditado de 73 personas? ¿Qué pasa con el pedido del gobierno venezolano para la extradición de Luis Posada Carriles?

La incongruencia salta a la vista. Hace más de mes y medio que Venezuela pidió la extradición y los Estados Unidos ni siquiera han nombrado al fiscal para el caso. En vez de procesar a Posada Carriles en un tribunal federal para extraditarlo por homicidio, Estados Unidos está empeñado en procesarlo administrativamente por el hecho de haber ingresado al país sin pasar por una garita de inmigración. Nos quieren hipnotizar con el proceso inmigratorio en El Paso para que olvidemos lo de la extradición que está pendiente en Washington. Las autoridades quieren enseñarnos al indocumentado que tienen preso en El Paso desde mayo, para que no nos fijemos en el terrorista que amparan desde hace más de cuatro décadas.

Quieren trancar la extradición con la herramienta del proceso inmigratorio. Pero se avecina una tormenta en El Paso, y los planes para ocultar la sórdida historia del terrorista están a punto de desmoronarse. Washington no contaba con la audacia legal y el coraje de un anteriormente desconocido juez administrativo en El Paso. El Juez William Abbott le dijo la semana pasada a un asombrado abogado de Posada que no importa si el gobierno de los Estados Unidos fue el que organizó y planeó las operaciones de su cliente.

De acuerdo con las leyes de inmigración, no hay terrorismo bueno y terrorismo malo. El terrorismo es terrorismo y punto.La solicitud de Posada Carriles, que quiere a toda costa el asilo en los Estados Unidos, es una caja de Pandora. De ella, como quien destapa los demonios ocultos en una botella, están saltando al ruedo político las agencias de Inteligencia y las sacrosantas instituciones norteamericanas que, en complicidad con los tiranuelos locales, impusieron el terror en América Latina durante décadas.

En este orden, por más que les duela a los actuales estrategas de la guerra contra el terrorismo, la ley está muy clara. El que pide asilo tiene que testificar para tener alguna posibilidad de ganarlo, y está obligado decir la verdad. El que no testifica no gana, y el que le miente a un tribunal de inmigración pierde el asilo y va preso por perjurio. Un Posada Carriles contestando preguntas sobre su vida como agente de la CIA es una pesadilla para sus superiores.

Posada nunca ha sido un tiro al aire. Fue un agente clave y disciplinado de la CIA durante la guerra sucia en América Latina. ¿Testificará bajo qué órdenes actuaba?

El Juez Abbott tendrá también evidencias -y probablemente hasta la trascripción literal- de la confesión al New York Times en 1998, en la que Posada se acredita los ataques con bombas a instalaciones turísticas cubanas, que causaron la muerte a un turista italiano en La Habana. Y como si fuera poco, examinará la documentación de cómo Posada planeó un atentado con explosivos a Fidel Castro en Panamá en el año 2000, mientras que el mandatario cubano pronunciaba un discurso ante un auditorio universitario desbordado de estudiantes.

Es evidente que el Juez Abbott quiere llegar hasta lo más hondo de la historia de este insólito «indocumentado», y aplaudiremos el eficiente ejercicio de su cargo. Pero la corte de inmigración en El Paso es el foro equivocado para ventilar los crímenes de Luis Posada Carriles. Se trata de un foro administrativo del Departamento de Justicia que no tiene la potestad jurídica para condenar o castigar a un criminal. La sanción máxima que puede aplicarle a un terrorista es recomendar su expulsión del país.

Un caso como el de Luis Posada Carriles, entretenido durante meses en una corte de inmigración, debería sonar tan absurdo como si se pretendiera juzgar a Hamdi en Roma simplemente por violaciones de las leyes de inmigración. Pero al etiope seguramente lo ubicaremos en un tribunal de Londres más temprano que tarde, y a uno no le queda otra alternativa que preguntarse por qué es diferente el procedimiento para el terrorista de origen cubano y nacionalizado venezolano. ¿Por qué no está hace semanas en Venezuela?

Hay una causa pendiente en Venezuela contra Luis Posada Carriles por terrorismo. La corte venezolana está esperando por él desde que se fugó de la cárcel en 1985. Tiene una enorme deuda con la justicia para rendir cuentas por la voladura del avión de Cubana de Aviación. Los hijos, las viudas y los seres queridos de las 73 personas que perdieron sus vidas en ese avión tienen el derecho de exigir que Posada Carriles rinda cuentas en Venezuela por asesino. Encausarlo en Estados Unidos por indocumentado es una burla a su dolor y a la justicia.