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Emilio Massera, padre de Eduardo Enrique, fue jefe de la Armada y miembro de la junta militar de la dictadura. En los sótanos de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en Buenos Aires, funcionó el mayor centro de detención ilegal y una de las más importantes maternidades clandestinas.

Este campo de exterminio también ocultó una maquinaria para apoderarse de los bienes de las víctimas. Ana Rita le debe el apellido paterno a Valentín Milton Pretti, un ex comisario que fue lugarteniente de Ramón Camps, quien fuera el jefe de la Policía Bonaerense durante la dictadura. Pretti estuvo al frente del centro de detención conocido como Comando de Operaciones Tácticas I, de la localidad bonaerense de Martínez (COTI Martínez), pero también actuó en otros centros.

En la ESMA, que en marzo del 2004 fue convertido en Museo de la Memoria, se materializó el primer eslabón para saquear a los opositores políticos y conformar un oscuro entramado de despojo e impunidad.

Una resolución de principios de agosto del juez federal Sergio Torres estableció que “miembros del grupo de tareas de la ESMA de manera coordinada, sistemática y permanente y con la cooperación de otras personas ajenas a dicha estructura, luego de privar de la libertad a diversas víctimas, mediante distintos métodos extorsivos se apoderaban ilegítimamente de los bienes de éstas para luego iniciar una compleja madeja de maniobras tendientes a ocultar el origen ilícito de los mismos”.

El fallo permitió el procesamiento con prisión preventiva de Eduardo Enrique Massera, acusado de formar parte de una organización destinada a secuestrar, torturar y saquear a las víctimas del terrorismo de Estado.

El magistrado también incluyó en su resolución al ex titular de operaciones de la ESMA Jorge Perrén y a los suboficiales de la Armada Alberto González Menotti y Pedro García Velazco. Dispuso, además, un embargo sobre los bienes de los acusados de más de 1.2 millones de pesos (US$431,000). En la causa ya habían sido detenidos otros marinos como Jorge “Tigre” Acosta, Jorge Radice, Francis Whamond y Juan Carlos Rolón.

Según la investigación, en los primeros días de 1977 fueron secuestrados Victorio Cerutti, Conrado Higinio Gómez, Horacio Palma y Omar Masera Pincolini, quienes integraban una sociedad anónima denominada Cerro Largo, propietaria de una extensión de tierras —valorada en $16 millones— en Charcas de Coria, en la céntrica provincia de Mendoza.

En medio de las sesiones de tortura, Cerutti, Gómez, Palma y Masera Pincolini transfirieron parte de las propiedades de Cerro Largo a Will-Ri, otra sociedad anónima conformada por los mismos secuestradores. El resto fue transferido a la sociedad Misa Chico, cuyo presidente era Pedro Añón, pero los titulares del 90% del paquete accionario eran Eduardo Enrique Massera y su tío Carlos Massera.

Supuestamente de esa forma los detenidos recuperarían su libertad, pero sus cuerpos nunca aparecieron.

Ana Rita, como la contracara de Eduardo Enrique, hizo en marzo una solicitud judicial para llevar sólo el apellido materno y cumplir así dos deseos: reivindicar a su madre, Juana Vagliati, y quitarse de encima el “linaje de muerte” que posee el apellido de su padre.

Aunque ella hubiera preferido hacer público su caso una vez que la Justicia le concediera el cambio de apellido, debió adelantar su decisión debido a que el tema se filtró a la prensa.

En una carta a la sociedad distribuida en agosto por la Agencia de Noticias Red-Acción (AnRed), Ana Rita explicó que su decisión es “vital y liberadora” porque le permite “elegir” quién quiere ser. “Fue mi madre la que permitió romper el horror familiar, siendo la proveedora de ternura. Fue la que nos protegió y nos alimentó con valores humanos y llenos de vida”.

“Todo lo que hizo mi padre no fue parte de un brote psicótico. En ese caso hubiera sido internado en alguna institución psiquiátrica. Por el contrario, fue reclutado por el Estado a partir de una política consciente de terror sistemático sobre la población civil y las organizaciones populares. Luego, fue justificado por las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final”, sostuvo en su carta.

Las denominadas “leyes de impunidad” —aprobadas en 1986 y 1987, respectivamente, por el ex presidente Raúl Alfonsín (1983-89)— fueron, muchos años después, derogadas por el Congreso y en junio último anuladas por la Corte Suprema de Justicia.

“Con esta política siniestra se quitó, para mí, mi familia y la sociedad entera, la posibilidad de un tercero de apelación —en este caso el Estado— que juzgara y castigara, como correspondía, crímenes de lesa humanidad”, continuó la joven, de 33 años de edad, que desde muy pequeña luchó para diferenciarse de la historia oscura de su padre.

Este es el primer caso de una hija de un ex represor de la dictadura que toma esta decisión. Antes, han sido hijos de desaparecidos durante la dictadura militar que fueron secuestrados y entregados a otras familias quienes han buscado recuperar su identidad.

“Mi decisión me hermana con los hijos de los desaparecidos, porque de alguna manera estoy eligiendo una nueva familia, que se ajuste a quien quiero ser”, sostuvo la joven en una conferencia de prensa realizada el 10 de agosto en el Hotel Bauen, empresa recuperada por sus trabajadores hace cerca de cuatro años.

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