La profesión docente, o mejor, la docencia como profesión, es un campo práctico de trabajo cultural y pedagógico, ético y político, que se ha venido construyendo a lo largo de la historia. En ella se concibe al maestro como sujeto de un saber en el cual fundamenta su práctica de enseñanza, instrucción y formación en valores.

Este “campo intelectual” está constituido por diferentes corrientes de pensamiento, problemas que le son propios, teorías y métodos, fines y contenidos, que se reconocen como los códigos especializados de una comunidad académica.

Se reconoce que, a partir de la década de los 80, ha comenzado y se ha consolidado un verdadero “florecimiento de la investigación pedagógica” en Colombia, gracias al Movimiento Pedagógico y a una nueva legislación sobre educación que sentó las bases para fundamentar el ejercicio de la profesión docente en la Pedagogía.

El impulso al Movimiento Pedagógico dado por FECODE en los ochenta y noventa permitió el desarrollo de propuestas pedagógicas de gran altura conceptual y práctica. Este saber propio del maestro, este reflexionar permanente sobre los procesos de formación, este saber explícito sobre la educación, es la fortaleza que da identidad al maestro y lo relaciona con la investigación, con la cultura, con las ciencias y los saberes.

Es también por su pertenencia a este campo especializado de saberes y prácticas por lo que el maestro comprende su responsabilidad social con la educación como un bien público de carácter cultural. El docente como profesional se asume también como ciudadano que piensa políticamente su deber de construir un mejor país.

Pero este proyecto pedagógico, cultural y político que se ha venido consolidando en Colombia durante más de 15 años, se ve hoy enrarecido y desdibujado por la mirada contabilizadora y eficientista de los “banqueros”.

En efecto, una mirada a las políticas educativas para América Latina, señalan una creciente intromisión del Banco Mundial, el BID, la CEPAL y el PNUD.

A partir de las reuniones de Jontiem (1990) denominadas “Educación para todos”, la Cumbre Mundial a favor de la infancia, celebrada en New York (1990), la iniciativa de educación “Plan Universal de Acceso a la Educación”, reunida en Miami por iniciativa de los Estados Unidos en 1994 y el Acuerdo de Santiago de Chile de 1996, hasta la tercera cumbre de Québec en 2001, salta a la vista el desplazamiento de la UNESCO como agencia internacional especializada en educación: de actor protagónico en el proyecto principal a inicios de los 80, a actor menor y subordinado en el proceso de las cumbres hemisféricas a mediados y hacia fines de los noventa. Esto tiene como contrapeso la emergencia de nuevos actores liderando la esfera educativa a nivel mundial y regional, particularmente la banca internacional, el Banco Mundial y el BID en este caso.

La banca internacional, preocupada por la creciente deuda externa de los países de América Latina y alertada por las consecuencias que puedan tener los movimientos culturales pedagógicos y políticos que vienen tomando fuerza en las regiones, decide condicionar sus políticas de crédito y de “apoyo” al cumplimiento de pactos de saneamiento fiscal, recorte al gasto público y neoliberalismo en sus economías.

Urgen una nueva relación del Estado con la educación, a la que equiparan con la prestación de servicios públicos como el agua, la luz, las carreteras o los bancos... y se abren a la globalización, la libre competencia de oferta y demanda, la sociedad del conocimiento y la aplicación de nuevas tecnologías de comunicación.

Desde las multinacionales de la educación, como la UNESCO y el PNUD, se comienza a “racionalizar” un discurso sobre la educación como si se tratara de una “mercancía” cuya calidad depende de la relación costo-beneficio, capital humano, eficiencia, eficacia y gestión empresarial.

Dentro de una lógica sociotecnocrática, este discurso busca apropiarse de la idea de calidad bajo criterios y parámetros que suponen la abierta mercantilización de la educación y la búsqueda de la excelencia educativa de carácter elitista, segregadora y discriminativa. Este discurso sobre la calidad retrotrae del ámbito de la economía conceptos como productividad, rentabilidad, excelencia, eficacia, eficiencia, optimización, indicadores, evaluación, rendición de cuentas, control, etc., y urge reordenar el sistema educativo mediante evaluaciones desde este enfoque, fijar criterios de acreditación, poner la enseñanza en función de las necesidades de la empresa, vigilar con criterio empresarial las instituciones educativas... la educación como un bien de consumo y no como un servicio cultural.

Sus destinatarios ya no son los ciudadanos sino los clientes, y la calidad es ahora su nuevo valor de cambio, de transacción entre la escuela y la familia. Se insiste en la descentralización para eludir la responsabilidad del Estado, se asume la capacitación docente como un gasto innecesario, se deslegitima al Estado benefactor para pasar a un estado de mínimos y se exalta la eficacia y calidad de la educación privada que se constituye ahora en un ejemplo a imitar.

La calidad, concepto que tiene sentido y significado dentro del campo intelectual de la pedagogía, pierde ahora su origen y se ve definido y reducido, subordinado y desarticulado frente al discurso hegemónico y estandarizado que pretende imponer el gobierno desde este enfoque neoliberal.

Calidad como indicador de gestión empresarial exitosa, eficiencia porque hace más con menos inversiones, recorte al gasto en valor agregado en lo cultural, en lo lúdico, en lo ético y estético y mirada contabilizadora sobre el gasto por estudiante, pago a profesores, recursos a las instituciones... ahorrar al máximo es la consigna.

Se desprestigia la educación pública, se denuncian sus costos y se señala a profesores y directivos como despilfarradores ineficaces; se privilegia la educación privada y se monta un dispositivo para evaluar la educación desde esta mirada economicista.

Mirada economicista que es acompañada de leyes y decretos que pretenden regular el sistema educativo con el único fin de ajustar su gasto a los intereses de la banca mundial. No importa que dichas leyes y decretos atenten contra derechos adquiridos, atropellen las libertades democráticas, acaben con las organizaciones sociales y los derechos del Magisterio... el fin justifica los medios, y a ellos se une la gran prensa y la oligarquía para hacer aparecer como legítima, urgente y necesaria una reforma a la educación y a la enseñanza que por medio de evaluaciones de eficiencia, estándares mínimos de calidad, competencias básicas, aumento de estudiantes por profesor, integración de instituciones escolares y convenios con el sector privado, niegan la posibilidad de hacer de la educación lo que la Constitución consagra: Un derecho ciudadano, un bien público de carácter social y cultural.

Queda desfigurada la profesión docente que se reduce ahora a administrar con eficiencia, eficacia y “calidad” las directrices del gobierno, dejando de lado la formación pedagógica y el campo intelectual de la educación y la pedagogía es “colonizado” por el lenguaje de la empresas, lenguaje que le es extraño e impuesto. Política en contra de las Escuelas Normales Superiores y las Facultades de Educación, quienes ahora tienen que competir en su propio campo con profesionales de todas las disciplinas que llegan a la docencia sin fundamentación y sin vocación. ¿Cómo entonces, nos preguntamos, seguir hablando de calidad?.

Ante tales despropósitos no queda otra alternativa que la consolidación del movimiento pedagógico para que bajo sus objetivos de fundamentar en la pedagogía la labor del docente y cualificarlo para enfrentar críticamente las políticas de gobierno, podamos construir entre todos un proyecto cultural científico, pedagógico y social que enfrente con dignidad los abusos del dictador.

Alfonso Tamayo Valencia