De frente, así chocaron la Alcaldía de Medellín y los paramilitares desmovilizados contra Amnistía Internacional (AI). El motivo: los cuestionamientos que hizo la organización no gubernamental con sede en Londres a través del documento “Colombia: Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legalización?”, en el que califica como “un fracaso” el proceso de desarme, desmovilización y reinserción del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas, iniciado en noviembre de 2003.

El informe de AI fue divulgado el pasado 1 de septiembre, y las reacciones de la administración municipal no se hicieron esperar. El alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, citó para el día siguiente una rueda de prensa, a la que llegó acompañado de su secretario de Gobierno, Alonso Salazar, y de su Asesor de Paz, Gustavo Villegas.

El mismo día del encuentro del Alcalde con los periodistas, el periódico El Tiempo, de Bogotá, publicó las declaraciones de Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional para Colombia y responsable del informe, quien fue entrevistado en Madrid, España, desde donde ratificó sus ideas: “La desmovilización del Bloque Cacique Nutibara ha sido una parodia. En Medellín, los paramilitares siguen actuando como una fuerza militar; matando y amenazando a defensores de derechos humanos y a activistas comunitarios, realizando reclutamientos, actuando conjuntamente con las fuerzas de seguridad y controlando partes de la ciudad”.

Ante tales afirmaciones, el Alcalde de Medellín respondió con frases como: “poco cuidadoso”, “vulgaridad académica” e “indecencia intelectual”, para refutar los conceptos esgrimidos por AI para referirse al proceso de reinserción que adelanta su administración con apoyo del Gobierno nacional.

A su vez, el secretario de Gobierno municipal, Alonso Salazar, aseveró que la ciudad tiene avances importantes en materia de convivencia. “Si en el 2002 teníamos 3.721 homicidios y el proyecto a 2005 son 700, Amnistía Internacional no puede, de manera ligera, borrar el esfuerzo que una sociedad completa, su Estado, y muchas organizaciones, han hecho para que esta situación mejore diciendo que los logros se deben a la hegemonía paramilitar en la ciudad”.

En entrevista con la Agencia de Noticias del Instituto Popular de Capacitación (IPC), Antonio López y Giovanni Marín, voceros de la Corporación Democracia, organización no gubernamental integrada por 2.931 reinsertados de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada (desmovilizado el pasado 1º de agosto), coincidieron en señalar que “hay unos antipatriotas que denuncian hechos que ellos mismos saben que son falsos y los llevan a tribunales internacionales donde tienen aplausos en Europa y otros países, pero saben que le hacen daño al país porque no están haciendo una lectura precisa a un proceso de paz”.

Ratifican señalamientos

El informe de Amnistía Internacional recoge los múltiples señalamientos que, de tiempo atrás, han venido haciendo diversas organizaciones no gubernamentales de Medellín con respecto a la paramilitarización de la ciudad y al proceso de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos armados ilegales de extrema derecha que operan en diversos barrios de la capital antioqueña, la segunda ciudad del país, con poco más de 2 millones de habitantes.

Las denuncias públicas van desde la cooptación del trabajo de las ONG en las comunidades, pasando por el control ciudadano, la connivencia con organismos de seguridad, hasta el reclutamiento de menores de edad por presuntos desmovilizados, tema que ya traspasó las fronteras barriales, locales y nacionales, y preocupa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA.

El mismo día que AI hizo público el informe “Colombia: Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legalización?”, el periódico antioqueño El Colombiano divulgó la solicitud hecha por Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la CIDH, a la Cancillería colombiana, en la que le reclama información sobre las medidas adoptadas para "garantizar la protección de los niños y niñas de la comuna 13 de Medellín frente a los miembros y ex miembros de grupos armados al margen de la ley en la zona".

La misiva está relacionada con la solicitud de medidas cautelares que hizo el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos de la ciudad a la Comisión, en respuesta al aumento de las denuncias sobre reclutamiento forzado y amenazas contra menores de edad en esa comuna, un territorio históricamente dominado por las guerrillas de las Farc, el Eln y los Comandos Armados del Pueblo (Cap) hasta octubre de 2002, tras la operación Orión, adelantada por la Policía, el Ejército y la Fiscalía, para recuperar la zona, pero tomado luego por grupos de autodefensa.

Entre las denuncias están las citaciones a los menores de edad por ex combatientes del bloque Cacique Nutibara para imponerles tareas como cobro de vacunas o cuotas de dinero en las tiendas, traslado de armas, hacer guardia u oficiar de informantes sobre personas que visitan los barrios. Los testimonios dan cuenta de amenazas de muerte o desaparición contra niños e incitación a la prostitución de niñas.

Este tipo de acusaciones fueron retomadas por AI para señalar que, en Medellín, “los paramilitares siguen actuando como una fuerza militar, matando y amenazando a los defensores de los derechos humanos y a los activistas comunitarios locales, reclutando a miembros y actuando conjuntamente con las fuerzas de seguridad. Sin embargo, en lugar de actuar en grupos grandes, fuertemente armados y uniformados, como hacían en el pasado, ahora encubren cada vez con más frecuencia sus actividades fingiendo ser miembros de empresas privadas de seguridad o actuando como informantes para las fuerzas de seguridad”.

Aunque AI reconoce que en los últimos años la tasa de homicidios en Medellín se redujo, advierte que los paramilitares controlan varios sectores de la ciudad, por lo que la seguridad de la población civil sigue dependiendo del antojos de ellos. "No puede garantizarse el Estado de derecho en una ciudad en la que cualquier intento de cuestionar o desafiar el control de las fuerzas paramilitares puede tener, y tiene, como respuesta la violencia política", dice el informe.

Pero de fondo, lo que se plantea es un cuestionamiento a la Ley de Justicia y Paz, recientemente sancionada por el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y que, según AI, “le abrirá la puerta al reciclaje de los miembros de grupos paramilitares, incluso de aquellos que sean responsables de homicidios, secuestros, desapariciones y torturas, convirtiéndolos en guardias de seguridad, policías civiles e informantes”.

A juicio de la ONG londinense, "al garantizar que los responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad no rindan cuentas de sus actos, y al alentar el ‘reciclaje’ de quienes han cometido abusos contra los derechos humanos, el gobierno no está apartando a los combatientes del conflicto sino que parece estar negociando contratos de impunidad".

Dos solicitudes hizo Amnistía Internacional en su informe: una, al gobierno colombiano, para que revise el actual marco jurídico para la desmovilización de los miembros de grupos armados ilegales, con el fin de garantizar el cumplimiento de la ley; y dos, a la comunidad internacional, para que no respalde, ni política ni económicamente, el proceso de desmovilización hasta que el gobierno colombiano ponga en práctica un marco jurídico para la desmovilización de los grupos armados ilegales que sea plenamente conforme con las normas internacionales del derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Alcalde responde

“El informe de Amnistía Internacional es injusto, erróneo, irresponsable, dañino, y tiene que ver con unos motivos ideológicos que, manipulando la información con afirmaciones bajas y vagas, da una visión de lo que es la ciudad de Medellín con respecto a este proceso”, declaró el Alcalde en la rueda de prensa.

Hablándole a un nutrido grupo de periodistas de medios locales y nacionales, Fajardo reiteró que AI desconoce el proceso de reinserción que adelanta su administración, pues no aparece por ningún lado del informe.

“Lo mínimo que podemos afirmar es que hay deshonestidad intelectual en el manejo de la información. No podemos aceptar que jugando limpio, respondiendo como tenemos que responder, se pueda hacer una descalificación de esa naturaleza, sin ninguna contraparte”, expresó el Alcalde, quien anunció que viajará en los próximos días a varias ciudades de Europa, entre ellas Londres, para hablar cara a cara con quienes cuestionan el proceso de reinserción.

Por su parte, Alonso Salazar, secretario de Gobierno municipal, afirmó que “la Alcaldía ha hecho un esfuerzo sustancial para que la reinserción no se reduzca al desarme sino para que exista un acompañamiento de tipo sicosocial y se mantengan los caminos de la capacitación formal y el empleo. Es un proceso que, luego de dos años, la Alcaldía aún desarrolla”.

Salazar llamó la atención sobre algunas afirmaciones de AI, entre ellas que las acciones de los paramilitares se desarrollan con completa impunidad y con la colaboración de las fuerzas armadas y de policía, “pero como no visitaron el programa de reinserción, AI no informa que de los 80 reinsertados sindicados ante la Fiscalía han sido condenados 6; se encuentran en etapa de juicio 22, y hay otros más en proceso de investigación, por delitos como homicidio y narcotráfico”.

Desconoce también – agregó el funcionario – que 23 reinsertados han sido detenidos por delitos cometidos con anterioridad a la desmovilización, “lo que rebate la idea de AI en el sentido de que aquí se produjo un indulto de facto, independientemente del crimen que estuvieran acusados. Además, debo decir que a AI no le interesa reseñar ni explicar las causas por las cuales han muerto 25 de los 864 reinsertados, pareciera que estos no son sujeto de derechos”.

Con respecto a las denuncias sobre amenazas a líderes sociales de organizaciones no gubernamentales y comunitarias, Salazar aseveró: “puedo decir, sin temor, que ninguna organización de derechos humanos, hoy en Medellín, tiene problemas sustanciales para desarrollar su trabajo. Hay algunas que han tenido algún tipo de dificultad, que se pueden interpretar de muy diversas maneras, pero como autoridad, tenemos que apegarnos a cierta veracidad y no a la interpretación de los hechos”.

La Alcaldía también aventuró su propia recomendación a AI a través de Salazar: “ojalá estos informes, que tienen tan hondas repercusiones para la ciudad y sus habitantes, sean analizados con parámetros de objetividad y veracidad, sean contextualizados, y superen los prejuicios y las percepciones ideológicas”.

¿Y qué dicen los ex ‘paras’?

Antonio López y Giovanni Marín, voceros de la Corporación Democracia, respondieron a varias preguntas planteadas por la Agencia de Noticias IPC:

¿Qué tienen que decir al respecto de la denuncia de varias ONG y que ahora reposa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el reclutamiento de menores en la Comuna 13?

“Ningún hombre del Bloque Héroes de Granada ni del Bloque Cacique Nutibara dirigidos hoy por la Corporación Democracia, está vinculado a acciones armadas. Y si alguno de ellos llegara a estarlo debe ser judicializado como criminal; incluso, estamos pidiendo que los desmovilizados que tengan acciones delincuenciales sean tratados como delincuentes, no como actores políticos”.

¿Ustedes tienen alguna estructura de monitoreo que determine qué esta haciendo cada muchacho desmovilizado?

“El mejor proceso que podemos hacer con esos muchachos es la reeducación y la vinculación a la institución. El monitoreo es colectivo, y el mejor sistema es la misma comunidad. Hacemos reuniones periódicas con la comunidad, donde nos informan del accionar de nuestros muchachos, quienes deben estar vinculados a un comité de trabajo, sea laboral, social, político o educativo. Si no tienen ninguna proyección a la comunidad pierden sus beneficios”.

¿Ustedes han tenido algún contacto con organizaciones internacionales, como por ejemplo Amnistía Internacional, para que, de manera más directa, conozcan su posición o esas relaciones se las delegan al Alcalde?

“Desde hace dos años estamos invitando a la ciudad a Amnistía Internacional y a otras organizaciones e instituciones, y nunca se han hecho presentes. Nuestras puertas están abiertas, las de la Corporación y la de los barrios, para que el que quiera venga y conozca el proceso”.

Colofón abierto

Las visiones sobre el proceso de desarme, desmovilización y reinserción de los bloques paramilitares ocasionaron un choque institucional que, de alguna manera, refleja lo que se dice y se vive en las calles. La polarización aún no deja construir consensos.

Juan Diego Restrepo