Antecedentes

La historia de la toma de “La Emperatriz” empezó hace 14 años. El 16 de diciembre de 1991, 20 indígenas (entre ellos mujeres y niños) fueron asesinados en una operación conjunta entre paramilitares y fuerza pública. La masacre ocurrió en una finca llamada “El Nilo”, ubicada en el Resguardo de Huellas, al norte del Cauca. El caso se llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el gobierno colombiano se comprometió en ese momento a entregar, como parte de la reparación integral por la masacre y para solucionar los problemas de tierra de las comunidades afectadas, 15.663 hectáreas de tierras cultivables, que serían adquiridas entre 1992 y 1994.

Los tiempos estipulados pasaron sin que las tierras fuesen entregadas y a partir de 1995 se firmaron sucesivos acuerdos que ratificaban los compromisos. En 1997 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos produjo resoluciones confirmando la responsabilidad del estado en la masacre y conminándolo a entregar las tierras pactadas. Y el 28 de julio de 1998, en un acto público, el entonces presidente Ernesto Samper reconoció la responsabilidad del Estado en la masacre y se comprometió a garantizar el cumplimiento de los acuerdos.

En los 14 años transcurridos desde 1991, se compraron 9.047,6 hectáreas de tierra para los Nasa, y 6.615,4 hectáreas siguen pendientes[1]. El problema, sin embargo, no es solo de cantidad. Según las comunidades indígenas, las tierras que se les han asignado no les permiten asegurar su soberanía alimentaria, pues “Tan solo un 12% del total de los territorios de los resguardos es apto para la producción pecuaria y de alimentos, sin tener a dónde ampliar la frontera agrícola debido a que [las circundantes] son zonas de conservación para la producción de agua”[2].

Hay sin embargo, otro argumento que ha estado en el centro de las demandas indígenas. Se trata de la convicción de que la tierra, como ente vivo, debe ser colectiva. Según expresan las comunidades, “Nuestra madre, la de todos los seres vivos, está sometida, según la ley que se impone, tiene dueños, es propiedad privada. Al someterla como propiedad para explotarla, le quitaron la libertad de engendrar vida y de proteger y enseñar el lugar, las relaciones y el tiempo de todo lo que vive”[3]. En ese sentido, la toma se enmarcó en la voluntad de “liberar a la madre tierra”, al recuperar el carácter colectivo del territorio. Según señaló Manuel Rozenthal, de la ACIN, “La razón de fondo de la recuperación es que para las comunidades indígenas la tierra es la madre. Mientras la tierra sea privada, como lo es la finca ‘La Emperatriz’, la tierra será improductiva, la tierra será explotada de manera tal que será destruida, y la gente sufrirá hambre y exclusión. Las comunidades indígenas realizan esta recuperación no solo por sus derechos, sino como un llamado a que la tierra debe ser puesta en libertad para que sea colectiva, para que pueda vivir la misma tierra y en consecuencia alimentar a sus hijos”[4].

La toma

En la madrugada del 2 de septiembre, con el apoyo de la Guardia Indígena, los Nasa entraron a la finca. Esa misma noche comenzaron los intentos de desalojo por parte de la fuerza pública. Las autoridades indígenas habían presentado ya una propuesta de diálogo, que el gobierno departamental se negó a considerar mientras se mantuviera la ocupación.

Los días siguientes transcurrieron con constantes roces entre los indígenas asentados en el predio y representantes de la fuerza pública, en especial del ESMAD (Escuadrón Móvil Anti Disturbios), quienes los atacaron con gases lacrimógenos, golpes, disparos de fusil y granadas. Entre 35 y 50 indígenas resultaron heridos en el transcurso de la semana, incluyendo al gobernador del resguardo, Maximiliano Conda, y a un niño de 13 años que perdió un ojo por las esquirlas de una granada[5].

El 9 de septiembre, un capitán del ESMAD fue retenido en medio de los enfrentamientos. De acuerdo con las autoridades indígenas, el capitán Garzón “fue rescatado y protegido por la guardia indígena cuando fue herido durante las confrontaciones en medio de la noche”[6]. Al día siguiente se organizó un acto para entregarlo al Defensor del Pueblo, en lo que Giovanni Yule, consejero del CRIC, explicó como “un acto humanitario contra la guerra y la violencia y a favor del diálogo”[7]. En la misma ceremonia, las autoridades indígenas leyeron un acta en la que decretaban la incineración de los escudos y materiales de guerra “decomisados” a otros oficiales antimotines. De acuerdo con el comunicado emitido posteriormente por las comunidades, “El Representante a la Cámara Alexander López fue testigo presencial de todo este proceso y escuchó de boca de varios comuneros como los policías y militares amenazaron a los comuneros y comuneras con que les mandarían a los paramilitares para que los mataran. El Defensor del Pueblo se comprometió a investigar estas aseveraciones”[8].

Ese mismo día, el gobernador suplente del resguardo, Feliciano Coscué, declaró a la prensa que no permitiría la infiltración de la guerrilla en la recuperación[9]. No obstante, los señalamientos del gobernador y del general Daniel Castro Castro acerca de que los indígenas le estarían “haciendo el juego” a las FARC fueron recurrentes, mientras los comunicados del resguardo insistían en reiterar su “rechazo a cualquier tipo de acción político-militar de las FARC-EP que intente involucrar al movimiento indígena en sus objetivos y propósitos”[10].

El acuerdo

Finalmente, en la tarde del 13 de septiembre representantes del gobierno y autoridades indígenas firmaron el acuerdo que habría de poner fin a la toma. La reunión, que se llevó a cabo en el Resguardo de Huellas, contó con el acompañamiento del Procurador General de la Nación Edgardo Maya, el Defensor del Pueblo Vólmar Pérez, Monseñor Darío Echeverri y el juez español Baltasar Garzón, entre otros.

El acta de concertación que resultó del proceso compromete al gobierno a cumplir los compromisos adquiridos por el estado colombiano con el pueblo Nasa y establece tiempos y procedimientos para la adquisición de los terrenos, con la especificación de que el Incoder habrá de garantizar que los predios elegidos sean aptos para la agricultura.

De acuerdo con el acta, para este año “se ha acordado comprar 777 hectáreas, de conformidad con los predios identificados y presentados por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca”[11]. Por otra parte, el compromiso firmado por Sabas Pretelt incluye “Que se dispondrá de recursos por $24.000 millones en los presupuestos de las vigencias de los años 2006 y 2007 para que se cumplan los acuerdos sobre adquisición de tierras para las comunidades indígenas que resultaron afectadas por la masacre del Nilo”[12].

Finalmente, vale la pena anotar las concesiones políticas de ambas partes que hicieron presencia en el documento, según el cual

“El CRIC-ACIN reconoce la voluntad y disposición del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez por darle cumplimiento a los compromisos adquiridos por el gobierno colombiano en 1991, así como su decisión de apoyar la adquisición de tierras para los indígenas del Cauca.

El Gobierno Nacional reconoce la vocación y compromiso de los Pueblos Indígenas del Cauca por no dejarse involucrar en los objetivos de los actores armados ilegales y su decisión de ejercer sus derechos democráticos y su autonomía en el marco de la Constitución de 1991 y la ley 21 de 1991”[13].

Solo queda esperar que los acuerdos –ahora sí- se cumplan, y que ninguna de las partes haya de retractarse de tan halagadores reconocimientos.

[1] “Acta de concertación para ratificar el cumplimiento a los Acuerdos del Nilo firmados en 1991”. Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC – Gobierno Nacional. Septiembre 13 de 2005.

[2] “Pueblo Nasa y el derecho a la tierra”. Comunidades Indígenas del Cauca, septiembre de 2003.

[3] Ibid.

[4] Manuel Rozenthal, vocero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, en entrevista con Gregorio Dionis de Radio Nizkor, el 10 de septiembre de 2005. Escuche la entrevista completa haciendo clic aquí.

[5] “Libertad para la madre tierra 11” Comunicado del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN. Septiembre 10 de 2005.

[6] Ibid

[7] Ibid

[8] Ibid

[9] “Indígenas liberan a policía retenido”. Diario El País, septiembre 10 de 2005.

[10] “Comunicado a la opinión pública”. Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC y Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN. Septiembre 6 de 2005.

[11] “Acta de concertación para ratificar el cumplimiento a los Acuerdos del Nilo firmados en 1991”. Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC – Gobierno Nacional. Septiembre 13 de 2005.

[12] “Acuerdo para desalojar hacienda”. Diario el país, septiembre 14 de 2005.

[13] “Acta de concertación para ratificar el cumplimiento a los Acuerdos del Nilo firmados en 1991”. Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC – Gobierno Nacional. Septiembre 13 de 2005.

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