Muchos problemas, poco respaldo popular y un acelerado proceso de derechización caracterizan la gestión gubernamental de Alfredo Palacio. A medida que transcurren los días las dificultades son mayores y la debilidad del gobierno es más evidente. Encuestas recientes confirman la tendencia a la baja de su popularidad y credibilidad entre la población, y como si esto fuera poco, el descontento de los ecuatorianos los lleva a expresarse en diversas acciones de protesta, la movilización callejera y las paralizaciones sectoriales se encuentran al orden del día.

No le atormentan únicamente los problemas heredados, Palacio se ha fabricado sus propios conflictos, en unos casos; y, en otros, ha seguido el camino de sus antecesores. La corrupción, por ejemplo, no ha abandonado los pasillos de Carondelet ni las oficinas de las instituciones estatales. Así como en el gobierno de Gutiérrez actuó un clan de personajes turbios, ahora se ha denunciado la existencia de un círculo oscuro, del que formarían parte familiares del Presidente. La subasta de nombramientos para dirigir instituciones estatales y para el servicio diplomático condujo al descubrimiento de la falsificación de firmas del Presidente, que se efectuaba entre sus colaboradores. Por supuesto, ese no es el único caso de corrupción.

Al asumir sus funciones, el 20 de abril pasado, Alfredo Palacio declaró que los ecuatorianos jugarán un papel activo en la definición de las políticas estatales que conduzcan a la refundación del país; temas medulares e inquietantes para amplios sectores de la población, como las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, la presencia de los soldados estadounidenses en la base de Manta y la participación ecuatoriana en el Plan Colombia, dijo que serían sometidos a consulta popular. E inclusive fue más allá, pues, condicionó la refundación del Ecuador al funcionamiento de una Asamblea Constituyente. El estrépito pasó y hoy solo queda el recuerdo, sin faltar quienes piensen que todo fue un sueño.

Lo primero en desechar fue la Asamblea Constituyente; la reforma política, que en principio se la supeditaba a la consulta popular, ya no abarcará los temas trascendentes que se proclamó en abril, hoy se habla de una temática que encierra viejos anhelos y nuevas exigencias de la oligarquía para garantizar una gobernabilidad que es sinónimo de tranquilidad para la acumulación capitalista.

¿Por qué este cambio? Simple, la iracundia de Palacio se enfrió con un poco de presión aplicada por la embajada yanqui que le llamó al orden. Ahora condena la sola mención de que se consulte la suscripción o no del TLC y la agenda neoliberal marca la pauta de la acción gubernamental.

El tema de la reforma política y la consulta popular es utilizado por el gobierno para reflotar de sus problemas. Lo pone en el tapete para aglutinar a su alrededor a distintas fuerzas políticas y sectores sociales, particularmente los grupos empresariales. Si se deja a un lado el juego1 de la consulta, el gobierno se queda sin discurso político definido. Y aunque aquella aparece como la piedra angular de la gestión gubernamental, no hay que descartar la posibilidad de que, finalmente, no se efectúe. Sectores comprometidos con el gobierno procuran tejer una mayoría legislativa que asegure los votos suficientes para que los elementos considerados como fundamentales sean aprobados por el Congreso, con lo que se anularían los motivos para que la consulta se realice.

Pero existe otro elemento en el análisis político que conduce a pensar que la consulta se diluye, y es que en las actuales circunstancias políticas de un acelerado deterioro de la imagen del gobierno, ésta se convierta en un plebiscito condenatorio al mismo, del que el gobierno saldría más afectado en su imagen, poniendo en riesgo la aprobación de la reforma política planteada por Palacio. Pero esto, más allá de afectar circunstancialmente a este gobierno, estropea el proyecto político a largo plazo que un sector de las clases dominantes lo impulsa.

Las fuerzas políticas, las organizaciones populares y el gobierno

Todos identifican a este gobierno como débil. Los factores concurrentes son varios, pero uno de ellos, se ha dicho, es la carencia de una estructura partidaria que lo sostenga. El gobierno surgió al calor del movimiento de los forajidos, pero éste, antes que movimiento orgánico fue una expresión circunstancial y focalizada en un sector de la población, e inclusive, geográficamente, circunscrito a la capital de la república. Palacio trabaja para superar esa limitación; la Izquierda Democrática oficializó su participación en el gobierno tras la designación de Oswaldo Molestina (Sub Director de ese partido) como Ministro Gobierno, quien se venía desempeñando como Ministro de Comercio Exterior y jefe del equipo negociador del TLC; junto a él existen, en diversas instituciones, más de ochenta militantes socialdemócratas en cargos de alto nivel, entre ellos Luis Herrería Bonet, Secretario de la Administración Pública, función que le otorga un enorme poder en el gobierno; la ministra de Economía, Magdalena Barreiro, declaró ser simpatizante del partido naranja. Es decir, se ha oficializado una colaboración ya existente.

Y hay una nueva cuota del partido socialdemócrata, Francisco Carrión Mena en el Ministerio de Relaciones Exteriores, diplomático que ya acompañó a la ID en el período presidencial de Rodrigo Borja. Carrión reemplaza a Antonio Parra Gil, que tocaba una nota discordante en el gabinete, sobre todo en lo relacionado con el Plan Colombia. En estos días insistió en denunciar ante la Corte Internacional de Justicia las labores de fumigación realizadas por Colombia en la frontera colindante con nuestro país. Por eso no llama la atención su remplazo, Palacio se ha sacado una piedra del zapato.

El Partido Social Cristiano se mueve como lo ha hecho durante los gobiernos precedentes: un discurso de supuesta independencia, acompañado de la colaboración por lo bajo, buscando resultados materiales. Las explicaciones a su conducta las reduce a las consabidas “coincidencias” políticas, no de ellos sino del resto con su política. … Militantes socialcristianos también ocupan importantes funciones en el gobierno, como en la gerencia del Banco Nacional de Fomento y la gobernación de Azuay.

En estos días, una encuesta realizada por un canal de televisión respecto de si se considera que la ID y el PSC son partidos de gobierno, dio como resultado que el 80% de los consultados creían afirmativamente. En algunas paredes de Quito se lee el siguiente graffiti: “Palacio-Febres-Borjismo, más de lo mismo”.

El gobierno completa la base de apoyo con la cúpula de Pachakutik. A pesar de que esta tienda política declaró la oposición al régimen, las “coincidencias” persisten en el Congreso y lo que es más, sus militantes no han renunciado a sus cargos en el gobierno: Lourdes Tiban sigue en la dirección del Codempe; José Llumitasig y Guillermo Lombeida se mantienen como Gobernadores de Cotopaxi y Bolívar, respectivamente, para citar tres casos. Una sui géneris forma de hacer la oposición.

Con todo, esos apoyos no fortalecen al gobierno, y eso se puede evidenciar al mirar lo que ocurre estos días en el país. La agitación y movilización social va en asenso. En algo más de ciento veinte días de gobierno se han producido más de cuarenta paros y grandes movilizaciones en todo el país. Inclusive al interior de esos partidos políticos hay descontento, por el costo político que puede significarles, sobre todo estando a las puertas de un año electoral, lo que hace pensar que, tal colaboración, al menos en su forma oficial y pública, no tendría mucha duración.

Por el lado de las fuerzas populares la oposición se fortalece, solamente en esta semana se produjo el paro nacional de los trabajadores de la salud, el paro de los trabajadores eléctricos, una marcha nacional del magisterio que concentró en Quito a más de seis mil educadores, en varias ciudades hubo movilizaciones de estudiantes, empleados y profesores universitarios. Para el 27 de este mes, la Federación Nacional Única de Afiliados al Seguro Social Campesino anuncia un paro nacional campesino, la provincia de Cañar advierte una medida similar para las próximas semanas y la Unión Nacional de Educadores, UNE, ha fijado como plazo el día 4 de octubre para que se atiendan sus pedidos, caso contrario declararía un paro nacional.

Sin embargo, en este escenario, se nota las debilidades que aquejan al movimiento indígena al estar ausente de esta ola de protestas. Es el resultado de graves problemas que arrastra desde el gobierno de Lucio Gutiérrez. De hecho, el ambivalente comportamiento político de Pachakutik incide en la dirección de la CONAIE.

La agenda neoliberal

El sendero escogido por el gobierno está claro. La Pro Forma Presupuestaria para el año 2006 asciende a 8.568 millones de dólares, de los cuales se destina 2.886 millones de dólares para el pago de la deuda externa; los gastos para la seguridad nacional registran un crecimiento, en especial para incrementar sueldos a militares y policías, atender la presencia de 13.000 efectivos militares y policiales en la frontera norte (mantener un soldado o policía en esa zona cuesta mil dólares mensuales); los rubros para educación, salud, vivienda no cubren las necesidades básicas requeridas. Alrededor de 2.332 millones de dólares no están financiados, bache que será cubierto con nuevo endeudamiento.

El Presidente ha declarado el interés de “culminar con éxito” la firma del TLC, asunto sobre el cual toma fuerza la oposición al mismo, y la exigencia de que sea motivo de consulta popular. A su vez ha hecho suyo el planteamiento social cristiano de exonerar por diez años el pago de impuesto a la renta, derechos arancelarios de importación y exportación, y más, a empresas extranjeras o nacionales que inviertan en sectores como refinación de hidrocarburos, producción de bienes en la industria petroquímica, en la generación hidroeléctrica, entre otros. La ley propuesta señala que los “inversionistas podrán remitir o remesar al exterior utilidades a que tengan derecho, libre de retenciones en la fuente por remesa al exterior, impuesto a la renta, o por el impuesto que se lo sustituya”, con lo que la repatriación de utilidades, sin beneficio de inventario para el país, está plenamente garantizada.

En otros ámbitos, el gobierno adelanta acciones para concesionar las 22 empresas eléctricas y el sector telefónico. Frente al conflicto presentado con la petrolera Oxy, empresa que por ley debe abandonar el país al haber violado el contrato que mantiene con el Estado, porque así estipula la Ley de Hidrocarburos, Palacio busca proceder a una renegociación del contrato, para lo cual, mañosamente, anunció que se revisarán todos los contratos petroleros existentes. Podrían enumerarse más elementos de la gestión gubernamental, pero estos bastan para comprender la naturaleza del régimen.

La reforma política

La refundación del país ha sido un tema manoseado desde los acontecimientos que pusieron fin al gobierno de Lucio Gutiérrez el 20 de abril, y como se dijo ya, Palacio juega con ello. Los pueblos del Ecuador anhelan cambios económicos, sociales y políticos trascendentes, y así interpreta cuando se habla de alumbrar un nuevo Ecuador. No obstante, la reforma política planteada por el gobierno en nada apunta a resolver dichas aspiraciones populares. Se trata, por el contrario, de una propuesta antidemocrática y regresiva.

Los problemas medulares no se resuelven si el voto es optativo o si existen dos Cámaras en el Congreso, y menos aún se superará la crisis de representatividad democrática si se establece la distritalización de las circunscripciones electorales que conducirán al establecimiento de un sistema bipartidista. Los problemas centrales del país tienen que ver con la dependencia extranjera, con la pérdida de la soberanía, con la abismal inequidad social, con la quiebra del aparato productivo, y un sin número de manifestaciones de un sistema económico-social que se encuentra en crisis. Todo eso debe cambiarse, y no precisamente por el camino de una reforma política.

En todo caso, de cara al proceso político que se vive en el Ecuador, la reforma política y la consulta popular deben atender aspectos trascendentales como la suscripción o no del TLC, la presencia militar estadounidense en la Base de Manta, el involucramiento en el Plan Colombia, la elección universal de miembros de la Corte Suprema de Justicia, Contralor, Fiscal General, Defensor del Pueblo, el derecho al voto a los 16 años de edad, la revocatoria del mandato popular para el Presidente y Vicepresidente de la República, así como a los concejales y consejeros y a todo funcionario o dignatario proveniente de elección popular, entre otros aspectos.

Palacio asumió la presidencia de un país es crisis y su gestión la está agudizando; el panorama político no es alentador para el gobierno, pues, esta crisis política que atiza las contradicciones de clase es una constante en el Ecuador, donde existe un pueblo que busca y brega por alcanzar un verdadero cambio social.

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[1] 1 Deliberadamente hablamos del juego de la consulta, pues, se anunció su realización para el 11 de diciembre venidero, luego el mismo Presidente declaró que se la adelantará, para posteriormente ratificar la fecha inicial. Ahora la Izquierda Democrática, con su flamante Ministro de Gobierno, sugiere nuevamente su adelanto.