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Durante la conferencia de prensa convocada por Kofi Annan en el marco de la 60ª sesión de la Asamblea General de la ONU, en la sala en más de una ocasión se dejó oír el vocablo «fracaso».

En honor a la verdad, no emplearon este vocablo los jefes de Estado y de Gobierno de 150 países participantes en la cumbre, sino que periodistas una vez que hayan conocido la fórmula de compromiso a que llegaron los embajadores ante las Naciones Unidas tras los debates que duraron varios meses.

El choque de intereses resultó ser tan fuerte que el proyecto de reforma radical de la ONU, presentado por Annan, quedó sustancialmente modificado. Y esta versión alisada del documento final fue presentada a la aprobación de la Asamblea.

«Disponías de mucho más tiempo para este trabajo que Dios, cuando creaba el mundo», recuerda Annan lo que le había dicho en uno de los encuentros el embajador ruso. (El ex representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Serguei Lavrov, hoy, ministro de Exteriores. A lo que el secretario general replicó que Dios trabajaba a solas sin contar con la Asamblea General ni con el Consejo de Seguridad, en referencia a que la reforma podría prosperar siempre y cuando refleje los intereses de todas las naciones.

Además del mencionado Consejo de Seguridad, también la reforma de la Comisión de Derecho Humanos de la ONU con sede en Ginebra suscitó debates acalorados entre los 191 países miembros de las Naciones Unidas. De haber sido aprobada la versión de este reforma, recogida en el documento final, en la ONU aparecerían dos Consejos de Seguridad. En el momento actual ocupan puestos permanentes en este organismo los miembros más influyentes de la comunidad mundial, investidos de derecho a veto.

Hasta ahora resultaron vanos los intentos emprendidos por varios grupos de países de modificar la composición de este organismo y ampliarlo. Se suponía que el nuevo Consejo de los Derechos Humanos sea integrado por ciertos miembros permanentes seleccionados entre los países más democráticos del mundo y con derecho de dictar sentencias a otros miembros de la ONU. Se sugería reducir la composición del Consejo del que actualmente forman parte 53 miembros rotativos y reservar puestos de «miembros democráticos permanentes» a unos 20-25 países, previamente rigurosamente seleccionados, que debían ajustarse a determinados criterios. Desde luego, sería muy difícil cambiar luego la composición de estos «miembros democráticos permanentes».

La idea partió de EE UU y un grupo de sus correligionarios y quedó ampliamente recogida en los célebres 700 enmiendas que había presentado el nuevo embajador de EE UU ante la ONU, John Bolton, al documento final de esta sesión de la Asamblea. A propósito sea dicho, estas enmiendas han dejado entrever que la reforma de la ONU difícilmente avance con facilidad y rapidez porque se opusieron a las mismas muchos países.

Es harto conocida la pasión de EE UU por la mitología democrática. Al pronunciar el 14 de septiembre su discurso inaugural de esta sesión, el presidente estadounidense George Bush hizo mención de una curiosa lista de países, cuya vocación es libertad: Afganistán, Irak, Líbano, Palestina, Kirguizia, Ucrania y Georgia. Según sus palabras, precisamente en estos países «decenas de millones de electores han votado en elecciones libres», inspirando a millones de otros para seguir su ejemplo en Oriente Próximo. Habida cuenta de que en los países mencionados la votación tuvo una acogida muy dispar entre los expertos, EE UU se enfrentarían con serios problemas a la hora de tratar de conseguir que sea aprobada su versión de la reforma de la Comisión de los Derechos Humanos. En la resolución que la Asamblea General adoptó en su plenario la reforma quedó reducida a cambio de nombre de este organismo. Es decir, el Consejo de los Derechos Humanos va a funcionar, pero aún se desconocen su estructura y atribuciones.

Comentando la posición rusa sobre este particular, el embajador de Rusia ante la ONU, Andrei Denisov, dijo que no debe existir un club de elegidos que dicten conferencias sobre problemática legal a otras naciones. De aparecer tal club, sería violado el principio clave de la ONU, por el cual todos los miembros de la comunidad mundial deben gozar de oportunidades iguales en lo que respecta a la participación en las instituciones de la Organización.

Los debates en torno a la creación del «nuevo Consejo de Seguridad» se inscriben en las tendencias perfiladas últimamente en el mundo. Se asiste al aumento de protagonismo e influencia de nuevos países y a los intentos de otros Estados de conservar sus palancas de influencia. Los primeros pretenden asegurarse puestos en aquel Consejo de Seguridad que responde por el empleo legal de la fuerza en el mundo. Los segundos quieren reservarse el derecho de ejercer la influencia moral sobre las decisiones de empleo de la fuerza.

En las relaciones internacionales el uso de la fuerza siempre ha requerido de justificación moral, no sólo en 60 años de existencia de la ONU. Los cruzados y Gengis Khan no se cansaban de explicar que en el plano moral eran justas las acciones tan radicales que emprendían. El Consejo de los Derechos Humanos podría llegar a justificar muchas actuaciones que causan deterioro a los derechos e intereses de las naciones. Así que los debates en torno a esta institución no han concluido.

Fuente
RIA Novosti (Rusia)