Sumados los proyectos concluidos y en curso, se observa que las regiones de América Latina y el Caribe responden por un 33,3% del total; el Este Europeo y Asia Central, por un 26,6%; el este de Asia y la región del Pacífico, por un 24,4%; África y Oriente Medio, por un 13,4% y el sur de Asia por un 2,2%. Se nota también, que el BM viene acelerando significativamente la aprobación de tales proyectos: entre 1990 y 1994, 3; de 1995 la 1999, 19, totalizando US$ 700 millones; desde el 2000 hasta el 2004, 25, totalizando US$ 1000 millones en préstamos.

Paralelamente, el BM viene articulando, en diversos países, cursos y talleres para la burocracia estatal directamente responsable de la implementación de políticas en el medio rural, a fin de ejercer una efectiva dirección intelectual y moral sobre la definición de la política agraria de los Estados nacionales.

Por haber concentrado su agenda en el ajuste macroeconómico, el BM prácticamente abandonó el tema agrario en los años 1980. ¿Por qué, entonces, el BM volvió a interesarse por él en la década siguiente? Básicamente, por cinco razones: a) la oportunidad de despolitizar el tratamiento del problema agrario existente en gran parte de los países del Sur, una vez que el fin de la Guerra Fría, en su visión, habría debilitado la vinculación entre la lucha por la reforma agraria y un ideario de transformación social más amplia; b) la necesidad de liberalizar los mercados agrarios, eliminando las barreras legales a la libre compra y venta y al arrendamiento de tierras, como parte de los programas de ajuste estructural; c) la necesidad de dar respuesta a los conflictos agrarios y, en algunos casos, a las acciones de movimientos sociales pro-reforma agraria, con el objetivo de garantizar la seguridad del capital; d) la necesidad de crear programa s sociales compensatorios en el campo en respuesta a los efectos socialmente regresivos de las políticas de ajuste estructural; y) la necesidad de hegemonizar la mercantilización de las tierras rurales en las sociedades del antiguo bloque soviético, de modo de acelerar y consolidar su transición al capitalismo financiero.

El lector ya debe haber percibido que, en hipótesis alguna, se debe tratar la política agraria contemporánea del BM como un tema meramente "rural", desligado de procesos económicos y políticos más amplios. En verdad, tal política agraria fue diseñada y viene operando en los marcos establecidos por el ajuste estructural impulsado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BM. Es por eso que esta política está subordinada a dos procesos antagónicos a los intereses del mundo del trabajo: de un lado, la liberalización de las economías nacionales, que profundiza la mercantilización de la vida social; de otro, a la contra-reforma del Estado, que sustituye su papel redistributivo por políticas focalizadas de "alivio" de la pobreza que no alteran las bases de la reproducción de la desigualdad y de la explotación.

¿Como se organiza la política agraria del BM? Básicamente, en ocho líneas de acción:

– Estímulo a las relaciones de arrendamiento. Este es un tópico prioritario para el BM, después que la reforma agraria de mercado entró a varios países donde fue experimentada. Implica la suspensión de barreras legales, normalmente creadas en el auge de lasa reformas agrarias, para proteger a los pequeños arrendatarios. El hecho de que este tipo de relación social fuera identificado, hace décadas, como sinónimos de explotación del campesinado y de retroceso económico por todas las organizaciones campesinas latinoamericanas - no siendo reivindicado por ninguna de ellas - no es tomado en consideración por el BM. Sus objetivos principales son aumentar el uso productivo de la tierra y disminuir los costes de producción de las empresas agroindustriales. Diversas investigaciones muestran que ese tipo de relación no está contribuyendo a mejorar el acceso a la tierra en América Latina.

– Estímulo de las relaciones de compra y venta. El objetivo también es aumentar el grado de mercantilización de la tierra, permitiendo, vía mercado, la salida de productores "ineficientes" y la entrada de productores "eficientes", bajo la óptica del capital agroindustrial.

– Titulación privada. Implica la concesión de títulos de propiedad a los poseedores, con el objetivo prioritario de disminuir la informalidad en el mercado de tierras, dando más seguridad legal a las transacciones. Para el BM, no importa si un pueblo considera que el valor de uso de la tierra es más importante que su valor de cambio, pues su visión de desarrollo está basada en la universalización de la propiedad privada en todas las sociedades humanas. En algunas situaciones, la titulación estimuló la venta de tierras por los campesinos y su posterior concentración. Además de eso, al contrario de lo que afirma el BM, varias investigaciones muestran que el título de propiedad no mejoró el acceso del campesinado pobre al mercado de crédito en América Latina.

– Cambio de la legislación agraria y creación de un nuevo aparato administrativo. Se trata de crear las condiciones legales y administrativas para la libre transacción mercantil de la tierra, simplificando y abaratando los procedimientos burocráticos y garantizando la seguridad de los contratos. En esa lógica, todo el proceso debería ser gestionado por los municipios.

– Control de los conflictos agrarios. Se trata de la creación de mecanismos de resolución o encaminamiento rápido de las tensiones sociales, preferentemente por los gobiernos municipales.

– Tributación de la propiedad rural. El BM defiende la municipalización de la tributación rural y no prioriza el apoyo a la implementación de la tributación progresiva para cohibir la especulación agraria.

– Privatización de las haciendas estatales en el Este Europeo y en la antigua Unión Soviética. Se trata de crear mercados de tierra y transformar la matriz de la propiedad en aquellas sociedades en dirección al capitalismo.

– Reforma agraria de mercado. Experimentada en Sudáfrica, Colombia y en Guatemala, entró en colapso, quedándose muy por debajo de las expectativas de sus ejecutores. En Brasil, programas de esa naturaleza fueron iniciados por el gobierno FHC y continuados por el gobierno Lula. Se trata de la concesión de crédito público a los campesinos pobres para la compraventa de tierras, con una parte variable de subsidio destinada a inversiones socio-productivos complementarias. En suma, consiste en una mera relación de compra y venta entre agentes privados financiada por el Estado.

Este modelo integra la agenda de políticas selectivas y puntuales de alivio de la pobreza rural, agravada por las políticas neoliberales de ajuste estructural. Al contrario de lo que dice el BM, éste no es otro modelo de reforma agraria, pero sí su negación, pues reforma agraria consiste en una acción pública que, en un corto espacio de tiempo, redistribuye a campesinado pobre tierras privadas apropiadas por una clase de grandes propietarios.

Su objetivo es democratizar la estructura agraria, lo que presupone transformar las relaciones de poder económico y político, causantes de la reproducción de la concentración agraria. Mientras la política redistributiva implica, antes que todo, la desapropiación obligatoria de tierras privadas que no cumplen su función social. Redistribuir tierra y poder, alterando las relaciones de fuerza en la sociedad en favor del campesinado y de las coaliciones que el apoyan, nada tiene que ver con las transacciones patrimoniales privadas financiadas por el Estado.

Es esta la política agraria del BM, en rápida expansión, especialmente en América Latina. No es difícil percibir cuáles son sus implicaciones sociales y políticas.

Traducción: ALAI

João Márcio Mendes Pereira