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El gobierno progresista del doctor Tabaré Vázquez cumpliendo órdenes de las Naciones Unidas de aumentar el contingente de tropas de ocupación en Haití, reforzó la presencia de soldados uruguayos en el país más pobre del continente.

Una actitud de las fuerzas progresistas en el Gobierno, contradictoria con la tradicional política de la izquierda uruguaya, de no intervención en los conflictos internos de las naciones.

El gobierno progresista se negó rotundamente a participar con sus pares del MERCOSUR, Argentina y Brasil para negociar en conjunto, con los acreedores extranjeros.

Todo el mundo daba por descontado que el flamante gobierno progresista apoyaría al candidato brasileño como probable sucesor del uruguayo Enrique Iglesias a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo.

Al contrario de lo que se suponía, a último momento, el ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori, se definía por el representante de Colombia un ex embajador de ese país en Estados Unidos.

El ministro de Industria y Energía Jorge Lepra solicitó en Washington en una reunión con el Departamento de Defensa Norteamericano la colaboración norteamericana para modernizar los servicios de radares del Aeropuerto internacional de Carrasco en su lucha contra el narcotráfico.

En plena borrachera de los festejos electorales durante la presencia del presidente venezolano Hugo Chávez, el gobierno progresista firmaba “petróleo barato” del cual ya cumplió la Revolución Bolivariana enviando un barco muy fotografiado por la prensa.

Y también un compromiso de coparticipación en un canal multiestatal llamado TELESUR del cual Uruguay sería socio fundador junto a Brasil, Cuba y Venezuela; el que el gobierno progresista todavía está por cumplir.

Primero fue denunciado el silencio de la directora Sonia Breccia del Canal 5 Estatal Tveo.

Y recientemente en su estadía en Cartagena de Indias el propio presidente progresista criticó duramente las imágenes transmitidas por TELESUR del legendario líder guerrillero de las FARC Manuel Marulanda Vélez, “Tiro Fijo”.

Las declaraciones del doctor Tabaré Vázquez y sus afirmaciones respecto al terrorismo y el narcotráfico durante su estadía en Colombia, fueron hechas en compañía de uno de los hombres más calificado de derecha del continente; y fuertemente cuestionado por las Organizaciones Defensoras de los Derechos Humanos, dada su cercanía de los grupos paramilitares colombianos.

La peor actuación que un mandatario de nivel pueda tener en este caso es tomar partido por el presidente Uribe, más allá de las opiniones personales que el doctor Tabaré Vázquez tenga sobre la insurgencia colombiana y la legitimidad del conflicto armado.

Quien pretenda colaborar con la paz en Colombia deberá comenzar por no intervenir en el conflicto y propiciar en cambio, el intercambio humanitario de prisioneros como un primer paso a contribuir al diálogo y a la pacificación futura.

Los únicos que han optado por el camino del presidente progresista uruguayo hasta ahora, han sido George W. Bush, Tony Blair, y el español José Aznar.

El Gobierno progresista en su afán de atraer inversores extranjeros que posibiliten el desarrollo sustentable y el crecimiento de la economía, cae en manos de las peores “industrias de la muerte” rechazadas en el primer mundo por contaminantes del medio ambiente.

Dirox, en San José, con su “cromo más seis” un producto altamente cancerígeno.

Las gigantescas plantas de pasta de celulosa de BOTNIA y ENCE con sus residuos tóxicos de dioxinas y lluvias ácidas.

Una determinación que el presidente progresista Tabaré Vázquez ha reiterado en Washington y en Buenos Aires; y cuya actitud ha significado el rechazo y la confrontación con el gobierno argentino.

Después de las declaraciones contrarias del canciller argentino Rafael Bielsa y el Gobernador de Entre Ríos, Bustti, el propio presidente Argentino, Néstor Kirchner, aseguraba a sus conciudadanos preocuparse personalmente del problema.

Durante la conmemoración de los 60 años de existencia de las Naciones Unidas los delegados argentinos denunciaron oficialmente ante los organismos internacionales incluido el Banco Mundial las irregularidades y la ilegal instalación de las plantas de celulosa.

Fue en Nueva York durante su actuación en una reunión con los empresarios de la Cámara de Comercio Estados Unidos Uruguay que el presidente progresista Tabaré Vázquez le garantizara a los futuros inversores estadounidenses la disposición de su gobierno de firmar el Tratado de Inversiones recíprocas entre Estados Unidos y Uruguay.

Un nuevo giro de las declaraciones anteriores del doctor Vázquez quien había sostenido en repetidas oportunidades, a los medios de prensa uruguayos que, quien debería tomar esa decisión, debía ser libremente y democráticamente los legisladores del Parlamento Nacional.

Vázquez participó directamente según a trascendido en los nombramientos de los señores embajadores progresistas en el exterior.

En Cuba, el primer intento generó ciertos problemas, al haberle ofrecido la representación uruguaya a una periodista de larga trayectoria en la isla y escasa trayectoria política. Posteriormente el segundo y definitivo nombramiento recaería en un reconocido dirigente de la izquierda.

La designación del doctor Gros Espiel para la representación uruguaya en París despertó también algunas críticas por parte de militantes frenteamplistas en Francia.

El presidente progresista está obligado a conocer la historicidad del proceso colombiano por un lado.

Y por otro, cada vez que habla como mandatario uruguayo debe saber que lo hace en nombre de todo el pueblo uruguayo y de los partidos políticos que lo llevaron al poder.

Las FARC son las únicas guerrillas comunistas de todo el continente latinoamericano y su primer combate en Marquetalia, dio origen al nombre del primer local del Movimiento de Liberación Nacional en Uruguay.

Por su historia reciente en Colombia, debería conocer el doctor Vázquez la historia de la insurgencia colombiana surge en 1948 con el asesinato en la capital del líder liberal Jorge Gaitán.

Ese mismo año un alcalde del partido liberal organizó el primer grupo guerrillero de los 36 que actuaron en el gobierno de Rojas Pinilla.

Hasta que en 1957 liberales y conservadores se aseguraron en una reforma constitucional, la alternancia en el poder durante doce años.

Cuando asesinaron a Gaitán, Fidel Castro ya era un reconocido y destacado dirigente estudiantil a nivel Latinoamericano. Y estando de paso por Colombia fue sorprendido por el estallido popular conocido como el “Bogotazo”.

Fidel se incorporó de inmediato a la lucha callejera y participó activamente durante el levantamiento insurreccional junto a los liberales, fusil en mano.

En 1957 liberales y conservadores se aseguraron, por medio de una reforma constitucional, la alternancia en el poder durante 12 años.

Las FARC, (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), lideradas por Manuel Marulanda, “Tiro Fijo”, y Jacobo Arenas hicieron su aparición en 1964, cuando un pequeño grupo se levantó en armas en Marquetalia.

La guerrilla incorporó al sacerdote Camilo Torres Restrepo, cofundador del ELN (Ejército de Liberación Nacional), caído en combate en 1965.

La guerrilla rural fue enfrentada por grupos de “autodefensa” armados y pagados por los latifundistas, con apoyo del ejército y a veces, de mercenarios internacionales.

Aunque sin admitirlo oficialmente, el ejército también creó grupos paramilitares, denunciados por organismos de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional.

En 1974, el presidente liberal Alfonso López Michelsen intentó dar mayor atención a los reclamos populares, pero los grandes intereses económicos hicieron fracasar esa política.

En 1978, sólo 30% de los trabajadores ocupados recibían prestaciones sociales; en el sector agropecuario, ese índice descendía a 11%. El ingreso de divisas dependía del precio del café en los mercados de Estados Unidos y Alemania Federal, que absorbían 20% y 36% respectivamente de dicho producto colombiano.

La guerrilla, en particular las FARC y el Movimiento 19 de Abril (M-19), muy activos desde la década anterior, enfrentaron una intensa represión del gobierno de Julio C. Turbay Ayala (1978-1982), recientemente fallecido.

En 1982, el conservador Belisario Betancur fue elegido presidente. Periodista, poeta y humanista, Betancur había participado activamente en la búsqueda de la paz en los conflictos de América Central.

Desde el gobierno, incorporó a Colombia al Movimiento de Países No Alineados, defendió el derecho de las naciones deudoras a negociar en forma colectiva ante los acreedores internacionales y en 1983, inició conversaciones de paz con el M-19.

En 1980, el dirigente del M-19, Jaime Bateman, había propuesto celebrar una cumbre en Panamá para dialogar sobre la crisis y sus soluciones. Bateman murió en un “accidente” de aviación, y las conversaciones quedaron suspendidas.

Por su parte, las FARC llegaron a un acuerdo con delegados del gobierno, basado en un documento que apuntaba al cese de hostilidades y a la adopción de medidas de carácter político, social y económico.

Los hacendados opusieron fuerte resistencia al diálogo gobierno y guerrilla.

La oligarquía agraria -4% de los propietarios, son dueños de 67% de las tierras productivas- denunció la pacificación como “concesiones a la subversión” y propuso la creación de ejércitos particulares. Resurgieron las acciones paramilitares e investigaciones posteriores revelaron la presencia del grupo MAS, “Muerte a los Secuestradores”, opuesto al retiro del ejército de las zonas guerrilleras.

Comenzó una tregua prevista por un año, de la cual el M-19 se retiró cinco meses después, por considerar que el Ejército no cumplió el alto el fuego.

En enero de 1985 el gobierno adoptó medidas de ajuste económico que agudizaron la recesión -reducción del gasto público, incrementos en el precio de los combustibles y el transporte, aumento de los impuestos; la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y una aceleración de las devaluaciones-. El objetivo era dar prioridad a las exportaciones y reducir en 30% el déficit fiscal, de 2.000 millones de dólares.

Rechazado por las centrales sindicales y los partidos de izquierda, el plan tampoco satisfizo a los acreedores. Una comisión de 14 bancos, presidida por el Chemical Bank, afirmó que el gobierno debía firmar una carta de intención y llegar a un acuerdo formal con el FMI, dos pasos que Betancur quería eludir.

El Comité Permanente por los Derechos Humanos denunció la desaparición de 80 prisioneros en un año, las torturas a detenidos políticos y la comprobación de 300 ejecuciones clandestinas.

La cifra de militantes desaparecidos ascendía a 325.

El 6 de noviembre de 1985, 35 guerrilleros del M-19 ocuparon el Palacio de Justicia, en Bogotá. La intervención del Ejército provocó una verdadera masacre. Murieron todos los efectivos del M-19 y otras 53 personas, entre magistrados y civiles.

El comandante guerrillero Alonso afirmó que los muertos “fueron sacrificados deliberadamente por el ejército”.

Mientras más de dos mil militantes de izquierda eran víctimas del terrorismo en 1987 fue asesinado Jaime Pardo Leal, integrante de la Unión Patriótica.

El senador y candidato presidencial liberal a las elecciones de 1990, Luis Carlos Galán, fue asesinado en agosto de 1989.

Había prometido desmantelar los grupos paramilitares y combatir la droga. Se desencadenó, entonces, una guerra a todo nivel entre el gobierno y la mafia de la droga.

En marzo de 1990 fue asesinado Bernardo Jaramillo, candidato presidencial de la Unión Patriótica y, 20 días más tarde, cayó muerto Carlos Pizarro, sustituto de Jaramillo.

Datos oficiales confirmaron la existencia de más de 140 grupos paramilitares en el país, la mayoría financiados por el narcotráfico. Mientras tanto, la DEA (Drug Enforcement Administration) de Estados Unidos fue acusada de bombardear plantaciones de coca con herbicidas químicos.

En las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990, el liberal César Gaviria fue elegido presidente, con 48% de los votos, en unos comicios con 58% de abstenciones.

En diciembre de 1990 se celebraron elecciones para integrar la Asamblea Constituyente. La abstención fue del 65%.

La ADM-19 obtuvo 19 bancas, apenas 4 menos que el oficialista Partido Liberal.

A partir de junio de 1991, miembros del gobierno de Gaviria y representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), integrantes de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que operaba en 35% del territorio, debatieron en Caracas la desmovilización guerrillera, la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, el desmantelamiento de los grupos paramilitares y la reinserción de los guerrilleros en áreas de influencia política.

El 27 de octubre de 1991, por medio de un pacto del presidente con las tres mayores fuerzas de la Constituyente, se redujo el número de representantes y, tras la disolución del Congreso, se efectuaron elecciones parlamentarias. El Partido Liberal, aún disgregado en varios grupos, consiguió el 60% de los votos y el apoyo al ADM-19 bajó al 10%.

En las elecciones municipales de marzo de 1992, en medio de un abstencionismo del 70% del electorado, esta tendencia se confirmó.

El proceso de paz llegó a su perfil más bajo a partir de 1992. Luego de la interrupción de las conversaciones, el gobierno promovió la llamada Guerra Integral, que autorizaba la intervención en organizaciones civiles vinculadas a los grupos insurgentes.

La Coordinadora Simón Bolívar resistió la ofensiva de las fuerzas armadas y mantuvo sus acciones militares. Como contrapartida, se reinició la actividad de los grupos paramilitares. Su acción se concentró en el Magdalena Medio, Boyacá y la ciudad de Medellín.

La violencia produjo un desplazamiento masivo de población desde las zonas de conflicto a otras regiones del interior del país.

El presidente Gaviria fue designado secretario general de la OEA, con el apoyo de Estados Unidos, y favoreció el triunfo del candidato de su partido, Ernesto Samper, que en las elecciones de 1994 venció, con 50% de los votos, al conservador Andrés Pastrana, respaldado por 48,6% del electorado.

La ADM-19 cayó a 4% de los votos en los comicios, mientras que el abstencionismo se redujo levemente al 65%.

Samper inició su gobierno con una sucesión de victorias contra el narcotráfico, pero en setiembre de 1995 estalló un escándalo político, cuando un vocero del cártel de Cali reveló detalles de las contribuciones de esa organización a las campañas electorales de Samper y Pastrana. El ministro de Defensa, Fernando Botero, ex director de la campaña de Samper, fue enviado a prisión por enriquecimiento ilícito.

En agosto de 1996, Samper declaró el estado de emergencia para controlar la ola de violencia y secuestros, hecho que fue interpretado como un intento de protegerse de los escándalos vinculados a la droga. Sin embargo, los asesinatos de líderes opositores y las acciones de las FARC y el ELN, que atacaron líneas de alta tensión, oleoductos e instalaciones policiales y militares, no cesaron.

Con casi 100 frentes abiertos, estos dos grupos controlaban regiones cada vez más extensas y económicamente poderosas en la zona cafetalera, el Caribe e incluso, las cercanías de Bogotá o Medellín.

Estados Unidos retiró en marzo de 1996 a Colombia de su lista de países que cooperaban en la lucha contra la droga, hecho que lo privó de la ayuda bilateral y bloqueó su acceso a fuentes financieras externas. Washington negó la visa a Samper, en un intento por acorralar diplomáticamente al presidente colombiano.

Unos 1.900 precandidatos renunciaron a presentarse en los comicios locales del 26 de octubre, mientras que, desde principios de este año, 49 alcaldes y concejales fueron asesinados y más de 180 secuestrados. A pesar de la acostumbrada baja participación en la votación, más de cinco millones de personas adjuntaron a sus sufragios boletas simbólicas de “voto por la paz”.

El procurador delegado para los Derechos Humanos reveló, en noviembre, que desde agosto de 1995, su oficina ordenó sanciones disciplinarias, incluyendo 50 destituciones, contra 126 militares y policías por violaciones a los derechos humanos.

En el mismo período, fueron abiertos más de 600 casos contra miembros de las fuerzas de seguridad, relacionados con 1.338 víctimas de asesinato, tortura o desaparición.

Alrededor de 500 secuestros, principalmente por miembros de las FARC y el ELN, fueron reportados en ese tiempo.

Estimaciones de diversos organismos indicaron que a principios de 1997, un millón de colombianos habían sido desplazados de sus hogares en la zona de conflicto, principalmente por la acción de los grupos paramilitares.

En febrero de 1998, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, decidió, por razones de “interés nacional”, reintegrar a Bogotá como un estado cooperador en la guerra contra las drogas.

En junio, el ex alcalde de Bogotá, Andrés Pastrana, conservador, fue electo presidente. Líder del partido Nueva Fuerza Democrática, Pastrana obtuvo el 50,4% de los votos, y puso fin a un período de 12 años ininterrumpidos de gobiernos del partido Liberal.

En agosto de 2000, Pastrana anunció el Plan Colombia, inspirado por Estados Unidos, por el cual proyectaba erradicar desde el aire 60.000 hectáreas de cultivo de coca. El Plan Colombia implicaba la creación de tres batallones antinarcóticos, entrenados y equipados por fuerzas especiales de Estados Unidos, respaldados con 60 helicópteros que dieran movilidad a estas fuerzas.

Estados Unidos se comprometió, además, a colaborar con 1.300 millones de dólares, mayormente en ayuda militar.

El objetivo era debilitar económicamente a la guerrilla y a los narcotraficantes, en lugar de confrontarlos en el campo de batalla.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 sobre Estados Unidos, Colombia fue incluida por ese país entre los objetivos de su “guerra contra el terror”, aunque Washington no especificó las características del nuevo Plan Colombia.

Esto permitió que EEUU sorteara las prohibiciones de su legislación interna y colaborara activamente con aporte de más fondos, inteligencia y un número mayor aunque no precisado de efectivos en la guerra del gobierno colombiano contra la guerrilla.

Las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC se rompieron el 20 de febrero de 2002, tras el secuestro de figuras políticas realizado por éstas, en el intento de influir en el resultado electoral y forzar un canje por guerrilleros presos.

En momentos de la elección parcial del 10 de marzo, los políticos secuestrados eran 12, incluyendo la candidata presidencial Ingrid Betancour.

En los comicios perdió el gobierno y se fortalecieron fuerzas afines al candidato de la derecha Alvaro Uribe Vélez, a quien se lo vinculaba a las fuerzas paramilitares agrupadas en AUC, Autodefensas Unidas de Colombia.

El padre del candidato murió torturado por las FARC y él se declaraba opositor a todo acuerdo de paz con la guerrilla.

Tras el rompimiento de las negociaciones, las FARC realizaron atentados en las ciudades que cobraron un alto número de víctimas civiles.

Una partida de 2.600 millones de dólares, el doble del total del Plan Colombia, fue liberada por Washington en mayo de 2002.

Se iniciaba así una decidida intervención militar de EEUU en el continente.

Al mismo tiempo, el gobierno de Pastrana mantenía conversaciones de paz, en Cuba, con el ELN.

El gobierno puso en marcha en abril el Plan Democracia, una estrategia mediante la cual 212.000 efectivos del ejército, la policía, la fuerza aérea y el servicio secreto buscaron garantizar los comicios presidenciales del 26 de mayo en todo el territorio colombiano.

Los pocos ciudadanos que acudieron a las urnas lo hicieron en medio de un ambiente enrarecido por intentos de sabotaje de la guerrilla, que dejaron al menos 11 muertos, entre guerrilleros y paramilitares.

La abstención se ubicó en el 55%. Rompiendo el ciclo histórico de liberales y conservadores, el independiente Uribe Vélez se convirtió en el primer candidato en ganar en la primera vuelta, alcanzando el 52,96% de los votos, frente al 31,77% del su rival, el liberal Horacio Serpa.

Uribe había prometido, durante su campaña electoral, conseguir “seguridad para todos los colombianos”.

Si bien esto implicaba una política dura contra todos aquellos involucrados en acciones violentas e ilegales incluyendo guerrillas, paramilitares y traficantes los vínculos estrechos de Uribe tanto con paramilitares como con narcotraficantes hacían prever que su lucha se centraría en las FARC, pero sin tocar otros movimientos violentos.

En enero del 2003, Uribe reclamó la intervención directa de Estados Unidos en la lucha contra las guerrillas y los grupos paramilitares, a los que calificó de terroristas.

El mismo mes, fuerzas especiales estadounidenses se desplegaron por la provincia de Arauca, constituyéndose en el primer contingente militar de este país que participa directamente en la guerra civil colombiana.

Se estima que hay mas de 25 millones de colombianos pobres, 11 millones de los cuales viven en la miseria total. La injusta distribución de la riqueza se refleja sobre todo en la distribución de la tierra donde un 1,5% de los propietarios ostentan el 80% del área útil de explotación agropecuaria.

En junio de 2004, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), segundo grupo rebelde de Colombia, apoyó el ofrecimiento de México para una solución negociada del conflicto interno del país.

Un comunicado del ELN expresó que la obtención de la paz forma parte de la construcción del futuro de Colombia y que estaría dispuesto a aceptar la mediación de México.

En julio, más de 200 parlamentarios británicos pidieron a su gobierno la suspensión de la ayuda militar a Colombia, debido a los nexos entre los paramilitares y las fuerzas del Estado colombiano.

El diario británico The Guardian señaló que los parlamentarios, en su mayoría pertenecientes al Partido Laborista, condenaron la injerencia británica en Colombia y solicitaron al primer ministro Blair que congelara la ayuda militar.

Los parlamentarios aseguraron en su solicitud que la mayoría de los sindicalistas muertos en Colombia en 2002, fueron asesinados por grupos paramilitares vinculados a las fuerzas de seguridad estatales.

Bill Rammell, ministro británico para América Latina, declaró que se continuaría apoyando al gobierno de Uribe en materia de seguridad.

Ese mismo mes, un portavoz de las FARC señaló querer negociar cara a cara con el gobierno, el canje de rehenes por guerrilleros presos. En una entrevista dada a un programa televisivo, el jefe guerrillero Raúl Reyes aceptó la designación como mediador del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, aunque rechazó su propuesta de utilizar internet como vía de diálogo.

En octubre, cientos de miles de personas salieron a las calles en todo el país manifestando contra las políticas del gobierno de Uribe, en una de las mayores protestas realizadas en el país. Unas 50 mil personas, entre los que se encontraban maestros, trabajadores del sector hospitalario, estudiantes e indígenas, participaron de la manifestación en Bogotá.

En junio de 2005 la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, se manifestó dispuesta a asesorar a víctimas de paramilitares en sus demandas contra la Ley de Justicia y Paz que, ese mes, había otorgado estatus político a los crímenes de esos grupos.

La misma estaba destinada a aplicarse a la desmovilización de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que eran consideradas responsables de la mayoría de crímenes contra civiles en el conflicto y llevaban un año de negociaciones secretas con el gobierno, y consideraba los crímenes cometidos por esos grupos ilegales como delitos políticos.

Uribe intenta su reelección a pesar que la Constitución se lo impide legalmente.

Constantemente se ha opuesto y dificultado el intercambio humanitario de prisioneros de guerra.

La presencia de agentes y personal militar norteamericano en Colombia asesorando, entrenando y participando directamente en el conflicto no deja lugar a dudas del intervencionismo yanqui en el proceso de la guerra en ese país.

Cuatro mil millones de dólares de asistencia financiera norteamericana a Colombia en menos de una década es todo un símbolo de los intereses económicos del imperialismo yanqui en la región.

Los principales consumidores y traficantes de droga están involucrados con la CIA, el Pentágono y el Ejército de los Estados Unidos con presencia en Colombia.

Los datos son proporcionados por la prensa de ese país y los escándalos comunes de traslado de droga hacia Estados Unidos en los propios aviones de las Fuerzas Aéreas estadounidenses.

Los grupos paramilitares pertenecientes u organizados por los militares colombianos han asesinado salvajemente con el empleo de machetes y motosierras a los campesinos, sustento alimentario de la guerrilla rural, sembrando el terror y para escarmiento futuro de los campesinos e indígenas.

El Ejército colombiano conjuntamente con los mercenarios de Estados Unidos utilizan la Fuerza Aérea, los globos aerostáticos, radares, satélites y aviones espías, bombas, misiles, desfoleantes, y hasta la guerra bacteriológica para combatir a la guerrilla y los campesinos que suponen su base principal bombardeando aldeas y pueblos en la selva y la montaña.

¿Un presidente progresista no sabe quién es Manuel Marulanda?

¿Puede ser que lo confunda con un terrorista?

¿Un mandatario progresista no conoce la historia reciente de Colombia?

¿Puede ser que no sepa distinguir entre gobierno democrático y autoritarismo oligárquico fascista?

¿Un hombre progresista no es capaz de identificar al imperialismo norteamericano?

¿Puede ser que ahora se confunda la ocupación militar, las bases norteamericanas, asistencia para el Plan Colombia, la presencia de los escuadrones de la muerte, asesinatos con motosierra y desapariciones forzosas de prisioneros, campesinos, defensores de los derechos humanos y sindicalistas, con ayuda humanitaria o guerra preventiva o la responsabilidad de proteger a otros pueblos?

Un presidente progresista se confunde y se equivoca ya no hay dudas.

¿Lo trágico sería que también se confunda y se equivoque todo un gobierno progresista?

Con todo respeto recordamos fraternalmente y con firmeza.

-Remember el crimen de bernardo jaramillo comunistas.

-No olviden la gloria de marquetalia tupamaros.

-Honrar al cura camilo torres cristianos.

Que dicen que: “donde cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera sino de luz”.

RADIO CENTENARIO CX 36