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Bill Frist

Que florece la corrupción y el compadrazgo en Washington ya no es noticia. Pero sí que se exhiba a tal extremo que ahora empieza a tener costos en los niveles más altos del gobierno.

El día 28 de setimbre el líder de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, Tom DeLay, fiel aliado de George W. Bush y cabeza de la revolución ultraconservadora, fue obligado a renunciar a ese puesto cuando un gran jurado en Texas lo acusó formalmente de conspiración en una maniobra ilícita de financiamiento de campañas electorales.

Por otro lado, se dio a conocer hace un par de días que el líder de la Cámara alta, el senador Bill Frist, está bajo investigación de la Comisión de Valores y Cambio (SEC) por una posible maniobra bursátil ilícita, en la que se deshizo de millones de dólares en acciones en la empresa de su familia poco antes de que se desplomara el precio de éstas en el mercado.

Mientras, una organización no gubernamental dio a conocer una lista de los 13 legisladores federales más corruptos en Washington al señalar que, entre otras cosas, habían aceptado apoyo financiero ilícito, o que habían beneficiado a sus familias o amigos con contratos y favores, y otras violaciones del código de ética de la Legislatura.

Citizens for Responsibility and Ethics en Washington, emitió su informe esta semana, en el que nombra a legisladores de ambos partidos, algunos ya bajo investigación en agencias federales o locales, entre ellos el senador Frist, y demanda que los comités de ética del Congreso ejerzan su responsabilidad, reportó el diario Los Angeles Times.

A la vez, la empresa Halliburton (cuyo ejecutivo en jefe fue el vicepresidente Dick Cheney), criticada por su labor en Irak y por recibir contratos no competitivos gubernamentales, fue la patrocinadora de un foro para legisladores en Washington sobre el tema de la reconstrucción de Nueva Orleáns y otras zonas afectadas por el huracán. La "cumbre de reconstrucción por Katrina" reunió a unos 200 cabilidistas, empresarios y funcionarios, quienes conversaron durante cinco horas sobre temas que incluyeron: "oportunidades para la participación del sector privado", refirió el Washington Post esta semana. Todos estaban enfocados en cómo "participar" en lo que algunos calculan serán 200 mil millones de dólares en gastos federales para la reconstrucción de la zona.

Pero empresas con relaciones políticas ya están lucrando con el desastre, tal como AshBritt, ligada al gobernador republicano y ex presidente del partido, Haley Barbour, y Halliburton y el Shaw Group han sido representadas por Joe Allbaugh, el ex director de campaña de Bush y ex jefe de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA).

En su editorial de ayer, el Times señala que el gobierno está gastando diariamente más de 250 millones de dólares en sus operaciones de rescate y reconstrucción en los estados del golfo de México, y que los estadunidenses deberían de preocuparse sobre cómo se están gastando ese dinero y quién se está beneficiando. Opina que cuando el Congreso autoriza fondos para esas operaciones, "la ventaja debería ser maximizada para las víctimas, y no para el mismo elenco que ha estado lucrando con los contratos... en Irak".

Un gobierno de amiguismo

Y hablando de relaciones íntimas entre altos funcionarios, el tema del compadrazgo político en el gobierno de Bush está generando más problemas para este gobierno. CBS News reveló esta semana que el desacreditado ex jefe de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), Michael Brown, sigue en la nómina federal después de haber sido obligado a renunciar a su puesto y posiblemente está actuando como "asesor" de la agencia, que bajo su mando fue acusada de ineptitud en su respuesta al desastre de Katrina.

Vale recordar también que el ex jefe de procuración de la Casa Blanca renunció poco antes de ser arrestado por posibles actos de corrupción debido a su relación con el influyente cabildista republicano, Jack Abramoff. El inspector general del Pentágono también renunció y está bajo investigación del Congreso. El hombre que estaba por ser nombrado por Bush como subprocurador general, ahora también está bajo investigación por sus vínculos con el mismo Abramoff.

Pero hay otros ejemplos de funcionarios nombrados a puestos de salud, ambiente y otros sectores dentro del gobierno de Bush con nula o mínima experiencia en las áreas de las cuales ahora se encargan. Aunque todo gobierno otorga empleo para sus simpatizantes, aliados o benefactores políticos, casi siempre son nombramientos a puestos simbólicos o donde no pueden causar graves daños (la embajada en un país poco relevante, una subsecretaría de Comercio, etcétera). La diferencia aquí es que Bush ha colocado a personas como Brown en puestos críticos, y ahora se ven las consecuencias.

Ha llegado a tal punto esta práctica que dos legisladores -la líder de la minoría demócrata de la Cámara, Nancy Pelosi, y su colega Henry Waxman- presentaron ayer un proyecto de ley para limitar el compadrazgo político.

"Tal como lo ha demostrado trágicamente el huracán Katrina, hay serias consecuencias que resultan cuando compadres no calificados son nombrados a puestos federales de seguridad publica", afirmó Pelosi. El proyecto de ley busca prohibir que el presidente nombre a individuos no calificados a puestos críticos de seguridad pública en el gobierno.

El anuncio

"Hoy he notificado al presidente (de la Cámara) que me apartaré temporalmente de mi puesto como líder de la mayoría, tal como marcan las reglas... y por las acciones del fiscal del Condado Travis (en Texas)", declaró DeLay cuando fue informado de que fue formalmente acusado, junto con dos de sus asociados políticos en Texas. La acusación tiene una condena potencial de dos años de cárcel si llega a ser declarado culpable del delito en un juicio. DeLay y sus dos cómplices fueron acusados de conspirar para canalizar contribuciones de fondos electorales en violación de leyes estatales de Texas.

La acusación formal contra DeLay, quien ocupaba el puesto de segundo rango en la jerarquía de la Cámara, y quien en ese puesto era responsable de promover y lograr la aprobación de la agenda legislativa republicana, tendrá consecuencias para la estrategia de la mayoría republicana. Las reglas obligan a que líderes formalmente acusados en un proceso judicial dejen sus puestos de liderazgo, aunque DeLay mantendrá su curul.

El legislador combativo, quien ha encabezado las ofensivas políticas contra los demócratas y la promoción de la agenda legislativa ultraconservadora, se defiende con las mismas tácticas de siempre: el fiscal Ronnie Earle, encargado de este caso, es un demócrata y, por lo tanto, está promoviendo el caso por motivos políticos.

Sin embargo, DeLay fue amonestado en tres ocasiones por el comité de ética de la Cámara el año pasado por comportamiento político cuestionable, y ahora está bajo sospecha por aceptar viajes y otros regalos de cabildistas republicanos, principalmente de Abramoff, quien una vez dijo era "uno de mis amigos más cercanos y queridos".

La corrupción y compadrazgo en este gobierno -tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo- se está revelando más que nunca, en parte como consecuencia de las crisis en ambos golfos. Los que lucran con desastre ahora son objeto de sospecha, mientras que los íntimos vínculos entre los que se encargan del negocio de la política y los que se dedican a la política como negocio, ahora están cada vez más a la luz del día.

La Jornada