Luis Posada Carriles

El diario oficial cubano GRANMA público este miércoles el titular “Infamante decisión judicial: Posada al abrigo del imperio”. En el comentario se señaló que “según divulgaron medios en Miami ,
Abbott informó por escrito que Posada, acusado de planear la voladura de un avión donde murieron 73 personas en 1976, pudiera ser torturado en esos países (Cuba y Venezuela) , y que bajo la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura no debe ser extraditado”.

“Con esa decisión infamante, la justicia de Estados Unidos demostró el doble rasero de su política al negar la extradición del terrorista Posada Carriles a Venezuela”, expuso el rotativo, que es órgano del gobernante Partido Comunista de Cuba.

“La decisión no descarta que el reo sea enviado a otro país, lo que permitiría a Washington salir de un huésped indeseable en momentos en que la Casa Blanca se declara abanderada de la lucha contra el terrorismo”, comentó el diario.

El artículo citó a José Pertierra, jurista en Estados Unidos especializado en asuntos migratorios y que representan a las autoridades venezolanas en el caso, quien subrayó que “esta es una crónica de un acuerdo anunciado, desde el día en que Luis Posada decidió viajar a Estados Unidos”. Agregó que todo comenzó “cuando agentes del FBI (Buró Federal norteamericano de Investigaciones) lo escoltaron de Panamá a Honduras, y siguió cuando estuvo sin ser detenido varias semanas en Miami. Continuó con el trato preferencial del Departamento de Seguridad de la Patria, que lo transportó en un carrito de golf, y así hasta el día de hoy”.

No obstante, Pertierra aclaró que “lo de Abbott no es una decisión que invalida el pedido de extradición del terrorista realizado por el Gobierno de Venezuela, porque el trámite de inmigración es paralelo e independiente del proceso de extradición. Es más, el proceso de extradición tiene prioridad ante el trámite de inmigración”, puntualizó.

De acuerdo con reportes desde El Paso, donde se sometió al terrorista anticubano a un proceso, el juez del caso concedió al gobierno federal estadounidense un plazo de 90 días para encontrar un tercer país dispuesto a recibir al individuo. La Fiscalía tiene un mes para apelar la decisión de Abbott.

“Hasta que no venzan los 30 días, el dictamen de Abbott no es una decisión final, salvo que la Fiscalía decida no apelar y lo declare, cosa que dudo mucho”, opinó el jurista Pertierra.

“Hay dos peligros en estos momentos, que el Gobierno de Estados Unidos lo envíe a un tercer país durante los próximos 90 días, para evadir su extradición a Venezuela; o que Estados Unidos declare que no pretende deportarlo y le conceda la libertad bajo palabra, como hizo con el compinche de Posada, Orlando Bosch.”, manifestó.

En la capital venezolana, la viceministra para América del Norte, María del Pilar Hernández, dijo que en el juicio que se le ha seguido a Posada Carriles -nacido en Cuba y nacionalizado venezolano- en El Paso, Texas, ha prevalecido una actitud oficial estadounidense complaciente.

“¿De donde la sacaron (la decisión de Abbott) y dónde están las pruebas que la avalen, cuando por el contrario la Constitución venezolana prohíbe la tortura y cualquier tipo de vejámenes físicos y/o sicológicos?”, puntualizó la vicecanciller, quien defendió el derecho de Venezuela a juzgar al terrorista.

“Resulta sorprendente cómo a Posada, un terrorista confeso, se le juzga en el país norteamericano porque entró en forma irregular a su territorio y se obvia el homicidio en primer grado de las 73 personas que iban a bordo del avión cubano que explotó en pleno vuelo con la bomba que mando a colocar aquél”, denunció Hernández.

Reiteró que la demanda de extradición sobre Carriles hecha por Venezuela se basa en un Tratado de Extradición con Estados Unidos firmado el 19 de enero de 1922, en la Convención Internacional de Aviación Civil, firmada en Montreal, Canadá, el 23 de septiembre de 197, y la Convención Internacional para la Supresión de Ataques Terroristas, suscrita el 15 de diciembre de 1997.

En un dictamen de siete páginas divulgado el martes, el juez Abbott reconoció que “de hecho, no existe un estatuto que prohíba la postergación de deportación de acuerdo con la ley vigente”.

En un intento de justificar su decisión, escribió que “el más odiado terrorista o genocida calificaría para una postergación de deportación si es capaz de mostrar pruebas suficientes acerca de la probabilidad de tortura en el futuro. Esta es nuestra posición colectiva como nación, que nadie, no importa cuál sea su pasado, será deportado a un país donde exista una clara probabilidad de tortura”“.

El mismo martes, los abogados del terrorista dijeron que tienen el proyecto de solicitar su liberación “por motivos humanitarios” lo cual, en opinión de expertos, cerraría el círculo de una maniobra de protección en torno a Carriles, quien fue agente de la Agencia Central de Inteligencia, en la cual se adiestró para llevar a cabo violentos ataques principalmente contra Cuba.

WDS