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El ministro del Interior ruso Rashid Nurgaliev ha hecho una declaración sensacional: la corrupción dejó de ser una amenaza de carácter local transformándose en un fenómeno transnacional que afecta a la economía de todos los países de la CEI.

El funcionario ruso dejó constancia del problema en el transcurso de una reunión celebrada en Ereván por los titulares del Interior de los Estados comunitarios. Semejante revelación por parte del máximo responsable policíaco de Rusia podría interpretarse como una acción de relaciones públicas o medida de autoprotección preventiva contra la indignación ciudadana y las nubes que se van cerniendo sobre su cabeza desde el Kremlin.

La verdad es que no pasa una semana sin que en el departamento del Interior ruso se produzcan nuevos escándalos o se lleven a cabo las operaciones especiales para descubrir a los funcionarios venales, implicados en los casos de homicidios, robos con violencia, estafa, sustracción de vehículos, por no hablar de la práctica generalizada de sobornos dentro de la policía de tráfico.

Aún así, la confesión de Nurgaliev no encuadra en la campaña encaminada a poner orden en el ministerio del Interior. Todo parece indicar que en Rusia, paralelamente a las medidas de ordenación en materia tributaria, se está desplegando una labor a gran escala con el objetivo de revisar todos aquellos aspectos de las actividades funcionariales que representan un caldo de cultivo para el florecimiento de la corrupción.

El presidente Vladímir Putin también intervino a mediados de septiembre pasado con una declaración drástica acerca de este asunto. Al reunirse con los dirigentes regionales del Sur de Rusia, el Jefe de Estado afirmó que la vida económica de esta zona se ve frenada por la corrupción y la existencia de clanes.

«Es un problema del país entero, no solamente del Sur» - reconoció el presidente. Y el Gobierno federal anunció el otro día la decisión de someter todos los proyectos de leyes y normativas departamentales a un peritaje anticorrupción con participación de expertos independientes.

Si las autoridades rusas están tomando esas medidas extraordinarias, es porque año tras año se multiplican las denuncias por parte de empresarios o simples ciudadanos contra las arbitrariedades burocráticas y la imperfección de los actos legislativos adoptados en el país.

Una inspección al azar demostró que, como regla general, es el departamento promotor de la determinada normativa el que sienta las bases para futuros casos de corrupción en la respectiva materia.

Cuando, por ejemplo, se sometieron a un peritaje independiente las enmiendas propuestas para la Ley rusa de fármacos, se hizo obvio que solamente una de las cláusulas incluidas en el documento resultaba irreprochable en cuanto al peligro de la eventual corrupción.

Dentro del Parlamento ruso, según admiten numerosos diputados, existen desde hace años las tarifas no oficiales de sobornos: la adopción de una ley conveniente puede costar un millón de dólares o más, y una enmienda importante, entre decenas y centenares de miles de dólares.

Una interpelación significativa por parte de la Cámara baja de esta legislatura vale US$7,000-10,000 como mínimo. En la Cámara alta es una tecnología algo distinta, la de formación de lobbies que funcionan como una especie de grupo de asalto. Los senadores jamás se ocuparán de una interpelación que cueste varios miles de dólares. Sus tarifas son muchas veces superiores.

Según las evaluaciones del Comité Nacional Anticorrupción, las interpelaciones parlamentarias a nombre de funcionarios de alto rango representan en Rusia un mercado de varios miles de millones de rublos.

Las medianas empresas de Moscú, según se desprende de algunas encuestas realizadas en esta capital donde se concentra aproximadamente un 25% de todas las pymes rusas, pagan a los funcionarios de diverso rango comisiones cuyo importe alcanza US$600 millones al mes, es decir, supera US$7,000 millones al año.

El ministro de Desarrollo Económico y Comercio ruso Guerman Gref reconoce que los sobornos en el mercado de la construcción de viviendas ascienden a US$3,500 millones anuales.

Una de las primeras cosas que hizo en esta materia Mijaíl Fradkov, jefe del Gabinete ruso, fue duplicar o hasta triplicar los sueldos funcionariales. Dicha medida, según se hizo obvio un año más tarde, no surtió mucho efecto.

En el transcurso de la reforma administrativa empezó la polémica de si conviene erradicar la corrupción a la fuerza o es mejor crear las condiciones económicas para impedirla. Poco a poco se llegó a la convicción de que lo ideal sería combinar diversas soluciones, así que el Gobierno definió al menos cinco direcciones de la lucha anticorrupción.

Se trata de reducir drásticamente la intervención del Estado en la economía, recrudecer las sanciones penales contra los sobornos, subir el sueldo a los cargos públicos, ofrecerles garantías sociales e instalar cámaras no sólo en sus despachos sino en la totalidad de aquellos lugares donde los funcionarios suelen contactar con los empresarios.

Con todo, los métodos enumerados difícilmente podrán aportar los resultados necesarios a menos que los dirigentes públicos de diverso rango manifiesten suficiente voluntad política y si no se fomenta un ambiente de intolerancia con respecto a la práctica de sobornos. Es poco probable que tal objetivo pueda lograrse en un plazo breve.

Fuente
RIA Novosti (Rusia)