Haciendo eco de las fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos nacionales como internacionales, el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea acaba de tomar una decisión con respecto al apoyo pedido por el gobierno colombiano al programa de desmovilización, inscrita en la Ley de “Justicia y Paz”.

En el documento final emitido en Luxemburgo el lunes 3 de octubre “el Consejo anotó que las preocupaciones expresadas por la OACNUDH y otros, de que la ley como fue aprobada no toma suficiente cuenta de los principios de verdad, justicia y reparación en acuerdo con estándares internacionales acordados. El Consejo compartió muchos de estas preocupaciones incluyendo: el énfasis insuficiente en la necesidad de un desmonte efectivo de las estructuras paramilitares colectivas; la desdibujación de distinciones entre crímenes “políticos” y de otro tipo; el poco tiempo permitido para la investigación de confesiones, y para la investigación de bienes que pudieron haber sido adquiridos como resultado de actividades ilegales; la restricción de oportunidades para que las víctimas pidan reparaciones; la limitación de penas máximas para los crímenes más serios; y la fuerte presión por recursos sobre el sistema legal colombiano para sobrellevar las exigencias de la nueva ley”.

“Estoy contento que el texto del Consejo contiene la totalidad de las críticas pronunciadas por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos en Bogotá“, dice Alain Lipietz (hhtp://lipietz.net), diputado verde en el Parlamento Europeo y Presidente de la Comision UE por la relación con los países andinos. “Los miembros del Consejo han comprendido los análisis hechos por multiples instancias internacionales, entre ellas la Comisión Internacional de Juristas (www.icj.org ), que el grupo de los Verdes había invitado al Parlamento Europeo hace dos semanas“.

Laëtitia Sédou, Coordinadora a nivel de Europa de la Organizacion Mundial Contra la Tortura OMCT (la coalición de 260 ONGs más grande en el mundo que se ocupa de tortura, desaparición forzada, ejecuciones sumarias, etc., www.omct.org ), desde Bruselas declara que “estamos también decepcionados ya que con las ONGs en Bruselas habíamos puesto bastante presión también, pero tampoco fue una gran sorpresa. Desafortunadamente el clima actual en Europa está mas que todo focalizado en la lucha contra el terrorismo, inmigracion etc., así que es cada vez mas y mas difícil defender los derechos humanos frente a otros intereses.

Mariana Duarte - Observatorio Internacional por la protección de defensores de derechos humanos (Programa OMCT-FIDH), desde Ginebra, agrega que “acerca de las conclusiones nosotros no teníamos muchas esperanzas pues la mayoría de los países miembros no querían oponerse a Uribe; pero acreditamos que las acciones de ONGs hayan contribuido a que el Consejo de la UE reiterara algunas preocupaciones de la oficina de la ACNUDH en torno a la aplicación de ley.”

Christiane Schwarz, -Ong KOLKO-, desde Berlín enfatiza que “si bien con un lenguaje un poco crítico, se optó por un apoyo del proceso. También han dicho que si la ley se implementa efectiva y transparentemente, puede ser una efectiva contribución a la búsqueda de la paz, y sientan las bases para involucrarse en un proceso de monitoreo.

Amira Armenta –Programa “Droga y Democracia” del Transnational Institute TNI (www.tni.org ) de Amsterdam cree que “la actitud de la UE no ha sido sorpresiva. Ya se veía venir, especialmente conociendo la posición de Zapatero francamente de apoyo a Uribe. De todos modos el lobby hecho por las ONG en Bruselas fue y sigue siendo importante. Gracias a ello el respaldo de la UE quedó condicionado”.

El “grupo de amigos de España de las comunidades de paz de San Jose de Apartadó” en una nota declara desde Madrid “que el Consejo UE toma un partido claro a favor de la ley de justicia y paz, y a favor del gobierno colombiano en su forma de aplicarla. Son unas conclusiones totalmente injustas con el pueblo colombiano, y con la necesidad que tienen las víctimas de verdad, justicia y reparación. Aunque el Consejo apoya a la población civil, y a todos y todas los defensores de derechos humanos que trabajan en Colombia, también apoya la forma en que el presidente Uribe está llevando a cabo su proceso de "reconciliación" nacional, proceso que deja al margen a muchas de las víctimas del conflicto.

Valérie TECHER - Buró nacional de la red «France - Amérique Latine » lanza desde París una propuesta: “estaríamos en favor de una carta conjunta al consejo de la UE y al Parlamento Europeo. Nos parece importante reafirmar los principios de nuestra última carta (http://www.omct.org/base.cfm?cfid=2...) y llevar la palabra del movimiento de víctimas de crimenes de Estado así como de otras organizaciones.”

Intercambio en Comisión de Desarrollo

Un intercambio sobre la situación de los derechos humanos en Colombia tuvo lugar el martes 4 de octubre en el Parlamento Europeo, organizado por la Comisión del Desarrollo. El debate fue introducido por la presidente de la Comisión del Desarrollo, diputada Luisa Morgantini. Morgantini recordó las innumerables violaciones de los derechos humanos en Colombia así como la total impunidad frente a los crímenes perpetrados, en su mayoría contra la población civil inocente, contra mujeres y niños, contra defensores de la paz y de las libertades contra la prensa y los sindicatos. Los grupos paramilitares responsables de tales actos, así como agentes del Estado y grupos de guerrilla, los cometen en todo el país. Morgantini citó, entre otros, el caso de Luis Eduardo Guerra de las comunidades de paz, asesinado con su mujer y su hijo a principios del 2005, y el caso de Ingrid Betancur, ex-candidata presidencial en Colombia, secuestrada por la guerrilla de las FARC el 23 de febrero de 2002. Frente a esto, la Unión Europea no puede esperar, declaró Morgantini. Colombia es el mayor beneficiario entre los países de América del Sur del Fondo Europeo de ayuda humanitaria. La ley "Paz y Justicia" aprobada por el Congreso colombiano en el mes de junio del 2005 presenta demasiados puntos contestables, como subrayó ayer el Consejo Europeo en sus conclusiones".

Adriana Arboleda, representante de la ’Corporación Jurídica Libertad’, una ONG colombiana comprometida con la defensa de los derechos humanos, recordó las obligaciones del Gobierno de Colombia con el derecho internacional y los compromisos hechos a la UE y al Alto Comisionado de Naciones Unidas al respecto.

Dick Oosting, Representante de Amnesty International ante las instituciones europeas, expresó su decepción por las conclusiones del Consejo del 3 de octubre en relación con la situación en Colombia. Apoyar esta ley, así sea de manera ambigua y mencionando sus carencias, significa favorecer la impunidad y el reciclaje de paramilitares, entre los cuales algunos son sospechosos de graves violaciones de los derechos humanos.

Carlos Franco, Director del programa presidencial sobre los derechos humanos en Colombia, recordó los esfuerzos realizados por el Gobierno de Colombia para hacer progresar la promoción y el respeto de los derechos humanos en ese país. Citó el trabajo de protección de los civiles realizado por la fuerza pública, los esfuerzos para aplicar las recomendaciones de la Comisión de los derechos humanos, los progresos realizados en el marco del plan nacional de acción, la orden presidencial que permite la revisión de archivos de inteligencia, la incorporación de una política de igualdad entre hombres y mujeres en las política públicas, la lucha contra la impunidad y las sanciones contra los agentes que violan las ordenes gubernamentales, los esfuerzos por extender la cobertura y mejora la calidad de la educación, la disminución de la violencia en la población y la que cometen las instituciones.

Gay Mitchell (MPE, Grupo del Partido Popular europeo y de los Demócratas Europeos), señaló que había leído con interés el documento del gobierno, pero también los informes críticos de Naciones Unidas y de Amnesty Internacional sobre el proceso de desmovilización. La visión de las cosas tiene que ser equilibrada.

Fridhjof Schmidt (MPE, Grupo de los Verdes) recordó que la nueva ley es efectivamente criticada por todas partes. Los grupos paramilitares no han sido desmantelados y la impunidad impera. El Consejo, en sus conclusiones de ayer, pidió una verificación de la aplicación de la ley, y hay que instaurar mecanismos para ello.

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado que reúne asociaciones de víctimas, familiares y sobrevivientes; organizaciones de derechos humanos, sindicales, de mujeres, étnicas, sindicales, campesinas, expresiones juveniles, entre otras, señala frente al pronunciamiento de la Unión Europea del 3 de octubre, lo siguiente:

1. Contrario a lo que señala el gobierno colombiano sobre la desmovilización de las estructuras paraestatales, lo que ha venido ocurriendo es la institucionalización de estos grupos, la legalización de miles de hectáreas arrebatadas a los campesinos mediante masacres y desplazamiento -así como de las fortunas obtenidas por el narcotráfico y la impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

2. Las propias conversaciones muestran hacia dónde avanza este proceso: No se ha respetado el cese de hostilidades, como han denunciado múltiples organizaciones; la población civil continúa en muchas zonas del país siendo víctima del control paramilitar; se han denunciado múltiples casos de legalización de dineros criminales a través del control de los juegos de azar, negocios de prostitución y contrabando, y la presión por obtener los dineros de las empresas prestadoras de salud; son cada vez más evidentes los nexos de sectores de la política y de los gremios económicos con los paramilitares, que no han sido debidamente investigados.

3. Al tiempo que se conforman las entidades que ejercerán la reducida investigación y el otorgamiento de “penas alternativas” previstas en la ley de “justicia y paz”, una gigantesca operación de testaferrato y de legalización de fortunas fraudulentamente adquiridas se produce sin que las autoridades emprendan ninguna clase de iniciativa que permita decomisar los capitales y bienes usurpados. Todo esto con el fin de que las tierras arrebatadas a los desplazados, la posesión ilegal de territorios, los capitales del narcotráfico y los dividendos de otros negocios ilícitos, escapen exitosamente a toda acción judicial.

4. Esta ley carece de total seriedad en cuanto a la participación y reparación de las víctimas. No entendemos cómo se pretende financiar la reparación cuando las cuentas de los victimarios no serán tocadas. En la medida que las grandes fortunas de los paramilitares quedan intactas, será la población la que termine pagando los daños ocasionados por los paramilitares. No puede ser digna una reparación que parte del criterio de que deben ser los fondos de la cooperación internacional -o peor aún, los empréstitos internacionales- los que otorguen indemnizaciones a una mínima parte de las familias y comunidades que han soportado el impacto de la acción criminal. Acudir a la ayuda internacional, y dejar intactas las inmensas fortunas de quienes detentan bienes que han sido arrebatados por la fuerza a los desplazados, a los “desaparecidos” y a los asesinados, es sin lugar a dudas una nueva afrenta para las víctimas y la sociedad.

5. Denunciamos todo el proceso de “negociación”, rechazamos el marco legal adoptado con violación de múltiples convenios internacionales y desconocemos la Comisión de Reparación y Reconciliación que pretende representar a las víctimas de crímenes de Estado. La representación de las víctimas no puede ser decidida al gusto del Gobierno. Reiteramos que al igual que en los casos de los países del Cono Sur del continente, lucharemos porque la verdad salga a la luz, se juzgue a los responsables, se restaure la memoria colectiva de nuestro país, siendo conscientes que el camino a recorrer es largo.

6. Consecuentes con estas consideraciones, nuestro movimiento y otros sectores del país hemos demandado la Ley de “Justicia y Paz”, que nosotros llamamos “Ley de impunidad”, por violar abiertamente la normativa nacional e internacional en la materia, otorgar carácter de delincuentes políticos a los paramilitares y negar la responsabilidad estatal en los crímenes, los cuales nunca prescribirán y nunca olvidaremos”.

*Cristiano Morsolin, educador-periodista italiano y operador de redes internacionales. Trabaja en Latinoamérica desde 2001 con experiencias en Ecuador, Perú, Colombia, Brasil. Fundador del Observatorio Independiente sobre la Región Andina SELVAS. E-mail: [email protected]