Voy a comenzar este documento[1] con una afirmación tajante: la cuestión de los grupos de autodefensa dejó de ser un problema de criminalidad y se convirtió en el problema político de principal magnitud en Colombia, en el sentido en que existen unos grupos armados que han construido formas de Estados regionales que amenazan cualquier proyecto democrático de Estado y el proyecto de la Constitución del 91 en particular. En lo que queda del texto voy a intentar exponer en qué consiste la forma del Estado de las autodefensas, las razones que explican su consolidación y expansión, y algunas posibles alternativas que se presentan para reivindicar la democracia y un capitalismo próspero y moderno en la Colombia actual.

En el plano regional es más que evidente que el dominio de las autodefensas se ha traducido en su apoderamiento del Estado local. Son ellos quienes regulan y extraen tributos a las transacciones económicas, amenazan y protegen a las comunidades, moldean la justicia y el orden político de acuerdo a su conveniencia, y poseen el control, y por consiguiente las mayores ganancias, del tráfico de drogas. En suma, son ellos quienes determinan el orden social de las comunidades.

Se trata de un orden social que, aunque sangriento y casi primitivo, es absolutamente sólido y coherente, y es por esto que se han constituido en una amenaza para la democracia. Han logrado someter a la clase política local mediante la lógica del dinero y las balas. Imponen a los alcaldes, diputados y concejales, y al grueso de la burocracia pública. Las votaciones en las comunidades, que son el fundamento de la democracia participativa de la Constitución del 91, quedaron convertidas en simples procedimientos que hay cumplir para continuar gobernando. Más grave aun, desde el caudal electoral de sus regiones los jefes de las autodefensas deciden gran parte de los senadores y representantes que ocupan los cargos de la rama legislativa del poder. Logran así suficiente ascendencia sobre poderes estratégicos como la rama judicial y las fuerzas armadas. Con su elección garantizan que la estructura política que define los equilibrios de poder entre el Estado central y su contraparte local guarde la inmunidad indispensable para mantener la rentabilidad y la viabilidad del narcotráfico y demás economías extractivas en su región. Las famosas entrevistas de Mancuso y Vicente Castaño, en que se ufanaban de controlar el 35% del Congreso, han despejado cualquier duda sobre la existencia de tales redes de influencia.

No obstante el poder intimidatorio de una violencia sin escrúpulos y de la persuasión de recursos inagotables en una elección, la falta de apoyo de la población local ante el sometimiento de los políticos locales es un llamado de atención a la indolencia con que se manejaron los presupuestos públicos. Las autodefensas no se inventaron la corrupción: la clase política profesional no era tan violenta, pero igualmente no tenía reparos a la hora de hacerse al presupuesto de la salud en un municipio o a las partidas para construir un acueducto. Tras la falta de solidaridad de la población a los profesionales de la política frente a la arremetida de los violentos, está toda una cuenta de cobro por la manera deshonesta y en ocasiones incompetente como se ha administrado el gasto social.

Las autodefensas también han creado una dinámica de apropiación de los excedentes del capitalismo local, una condición indispensable para mantenerse en la guerra. Pero tras la codicia de estos guerreros se esconde toda una nueva forma de organizar la economía para canalizar ganancias hacia las comunidades que dominan. Los recursos provenientes de la droga, de la corrupción pública y demás actividades delincuenciales, le reportan en el corto plazo cuantiosos ingresos a regiones que en condiciones legales tendrían que llevar a cabo profundas transformaciones para producir y comerciar bienes lícitos. En otras palabras, las autodefensas han construido un sistema económico que suple la crisis regional en la producción de bienes transables, es decir, aquellos bienes que pueden ser exportados a otras regiones e incrementarían el consumo y la inversión más allá de los pocos ingresos que produce su población localmente.

No es que esté sucediendo un milagro económico en las regiones de Colombia, sino que las inversiones del narcotráfico y de la corrupción pública que organizan las autodefensas han permitido mantener niveles básicos de consumo en sociedades acostumbradas a una pobreza crónica. Sólo con el control de la sociedad llevado a cabo por estos guerreros, han podido los empresarios del narcotráfico realizar una acumulación masiva y sostenida de capital en las regiones. Antes del dominio de las autodefensas no existían las garantías de inmunidad ni la certidumbre en las condiciones de inversión para que narcotraficantes y demás delincuentes invirtieran localmente algo de sus riquezas.

Otro aspecto en que ha cambiado el orden social con la expansión de las autodefensas es en la naturaleza de los aparatos coercitivos en las regiones. Las autodefensas ya no son paramilitares, ya no están subordinados a los narcotraficantes, las Fuerzas de Seguridad del Estado, los caciques políticos y demás figuras de poder en las comunidades. Aunque son fuerzas fragmentadas, son verdaderos ejércitos regionales con una doctrina, un mando, una identidad simbólica (uniformes, escudos, himnos, etc.) y un armamento de guerra. Los Mancusos, los Macacos, los Don Bernas y demás, son dueños de su propio poder, que emana de un ejército que les garantiza su hegemonía local.

La supremacía de los ejércitos privados en las regiones ha conllevado a que sean los jefes de las autodefensas quienes se han transformado en los jueces de las disputas y de los litigios que suceden entre sus habitantes. Solo ellos tienen la autoridad suficiente para hacer cumplir los acuerdos y los derechos de propiedad que se establecen entre los miembros de la comunidad local. Sin complicadas elaboraciones jurídicas, ni exhibiciones de justicia salomónica, las autodefensas han ganado inmensos espacios de legitimidad apenas con resolver conflictos entre linderos de predios, cobrar viejas deudas, hacer cumplir los acuerdos en la venta de una vaca vieja e incluso en solucionar problemas maritales. Poca atención le han prestado los últimos gobiernos en su estrategia de guerra a crear mecanismos de aplicación de justicia en sus niveles más simples, que ofrecen enormes posibilidades de ganar la lealtad de la población.

La suma de todas las anteriores circunstancias y situaciones ha generado una consolidación de estos poderes locales que, aunque fragmentados y en constante disputa interna, han construido un nuevo orden social que desafía los principios de la Constitución del 91. Y ésta es la raíz de fondo del conflicto colombiano: la incompatibilidad entre un proyecto progresista, con una visión moderna de la sociedad y concientes de la necesidad de construir una verdadera democracia para el desarrollo del capitalismo como fuente de riqueza colectiva, versus el proyecto fragmentado de autodefensas, y de las mismas guerrillas, que quieren dispersar el poder del Estado para construir gobiernos y sociedades regionales moldeadas alrededor de la inmunidad de empresas criminales.

¿Qué posibilidades tiene entonces al Estado para imponerse en el contexto de este conflicto? En primer lugar, reconocer que se trata no de una guerra por alcanzar la supremacía militar -eso ya se ha conseguido- sino de una guerra por imponerse a sí mismo en la totalidad de las regiones del país. Esto es, ser la única fuerza que posee un aparato coercitivo que protege a la población, que cobra impuestos y que regula a la administración pública y a la sociedad de acuerdo con las normas constitucionales. Es decir, que el Estado se imponga como único sistema político en el territorio.

De momento, se pueden proponer cuatro decisiones imprescindibles para solucionar el grado de estancamiento del conflicto actual. En primer lugar, se necesita una reforma a las transferencias de recursos para el gasto social y las competencias para su administración. Sin querer decir que haya que reducir el gasto en educación, salud, energía y demás servicios básicos -al contrario, hay que incrementarlo- es indispensable una mayor capacidad regulatoria del Estado central sobre el gasto social de las regiones. No se puede dejar que los dineros de las transferencias, regalías y demás partidas del gobierno vayan a parar a las finanzas de los grupos armados o de funcionarios corruptos.

En segundo lugar, se necesita una gran reforma agraria pensada más que como un mecanismo de redistribución de tierras, como un plan de reordenamiento demográfico del país. Las guerrillas, igual de narcotraficantes que las autodefensas, han encontrado en los colonos cocaleros de las sabanas y selvas en los extramuros de la frontera agrícola, una base social desde la cual mantener su guerra contra el Estado. Las autodefensas, por su parte, han hecho de la concentración de tierras una de sus principales estrategias de guerra. Su sentido de apropiación desmedida de predios guarda una racionalidad política antes que económica. La rentabilidad de los grandes latifundios es pobre cuando se compara con otros negocios como el narcotráfico y la extorsión. Pero la rentabilidad del control de tierras es invaluable desde el punto de vista del poder político y de la inmunidad ante la justicia nacional e internacional. Una reforma agraria orientada a reubicar los campesinos ubicados en los bordes de la frontera agrícola en las propiedades de las autodefensas, además de quitarle la base social a la guerrilla, disminuye el poder político que las autodefensas adquieren por ser grandes propietarios.

En tercer lugar, un cambio en la concepción defensiva de las fuerzas armadas. Ganar la guerra mediante la desaparición de los jefes guerrilleros es atractivo por lo poco costoso y rápido que resulta, pero en la práctica es un imposible, tanto por su dificultad como por el hecho de que la guerrilla es una fuerza que a pesar de su progresiva criminalización ha construido numerosos cuadros de liderazgos capaces de reemplazar las bajas de comandantes. La guerra se gana solamente cuando se recupere la hegemonía del Estado en todo el territorio. Y para ello se necesita también de fuerzas de seguridad capaces de defender y controlar los territorios donde se ha logrado recuperar la superioridad de fuerzas. Son estas fuerzas las encargadas de las funciones policivas, de la protección de la población y del orden social de la democracia. Una propuesta podría provenir de los mismos campesinos reubicados en el proceso de reforma agraria. Como pago por la tierra recibida, estos podrían prestar un servicio militar con énfasis en lo policivo cerca a su lugar de vivienda, lo que evitaría intentos de reconquista por los antiguos propietarios paramilitares.

Y en cuarto lugar, se necesita la modernización económica de las regiones de modo que se conformen verdaderos mercados internos. Autodefensas y guerrillas no necesitan de ideologías muy sofisticadas para ganarse la lealtad de la población, les basta con garantizar unos ingresos básicos así provengan de actividades ilícitas. El desafío para el Estado consiste entonces, no sólo en recuperar el monopolio de la fuerza en un territorio, sino también en construir un orden socioeconómico que garantice la viabilidad de la producción de bienes transables desde regiones con falencias estructurales de competitividad. Se puede subsidiar a los empresarios honestos cubriendo la diferencia que hace rentable su producción, y se puede también invertir en mejorar las condiciones de competitividad regionales, tales como la infraestructura de transporte, comunicaciones y tecnología, mano de obra capacitada, servicios públicos, disponibilidad de tierras productivas, etc. La primera opción es menos costosa y más fácil de ejecutar en el corto plazo, pero en un horizonte indefinido no es sostenible por la necesidad de generar un gasto periódico. La segunda opción es más costosa y difícil de implantar, pero en el largo plazo es la única forma de garantizar el compromiso de la población local con el orden institucional de un Estado democrático y de un capitalismo honesto.

[1] Una versión de este texto se presentó en el Foro Partido Liberal: Barranquilla, Octubre 24 de 2005.