Como venía anunciándose a cuentagotas por los diferentes medios de comunicación, la Corte Constitucional avaló la reelección inmediata de Presidente de la República contenida en el Acto Legislativo 002 de 2004. En ausencia del texto completo de la sentencia, los analistas han tenido que contentarse con un enigmático comunicado de prensa. No obstante, el tono general ha sido el de calificar el fallo como trascendental, aún cuando se resaltan más las desavenencias internas en el Alto Tribunal y las particularidades que tendrá el debate electoral, que entre otras inició hace rato, que el fondo del asunto.

Varios son los temas sobre los que deberá aplicarse especial atención una vez sea conocida en su integralidad tanto la respectiva sentencia como los salvamentos o aclaraciones de voto de los magistrados. Y, como se puede apreciar sin dificultad, en ninguno de ellos existe mucha claridad por el momento.

El primero de ellos tiene que ver con la competencia del Congreso para reformar la Constitución. Aún cuando parezca de perogrullo, el Tribunal restringe la misma al hecho de reformar, no de sustituir la Carta. ¿Es posible distinguir entre uno y otro escenario? ¿o, por extensión, uno de los términos lleva necesariamente al otro?

Hasta el momento, y conforme al comunicado, la Corte parece establecer la diferenciación en lo siguiente: la sustitución que estaría prohibida es aquella que contenga una propuesta opuesta o integralmente diferente a la actual. Sagaz. Pero, ¿qué define lo integralmente diferente? ¿hay parámetros objetivos para hacerlo?

Aparentemente, la Corte fijará en la sentencia esos elementos esenciales. Por el momento, nos avisa que incluyen: ser Estado Social de Derecho, fundado en la dignidad humana, con instituciones de vigilancia y control que conserven un sistema de pesos y contrapesos y con condiciones para que el pueblo decida soberanamente a quien elige.

Pero el ejemplo que acompaña la decisión parece más polémico que ilustrativo. La única inexequibilidad decidida por el Tribunal Constitucional fue la competencia del Congreso para atribuirle al Consejo de Estado una facultad legislativa en caso de que el Congreso no adoptara la ley de garantías para la oposición, o que la Corte lo declarara inexequible. Encuentra el Alto Tribunal que en este caso sí se da la sustitución de la Constitución, no meramente la reforma, por cuanto “la norma crea un poder legislativo transitorio carente de controles efectivos… se reemplaza temporalmente al Congreso y además se elude o torna inocuo el control constitucional sobre las normas estatutarias…”[1]. Los medios de comunicación han aplaudido esta decisión: en el ánimo de garantizar las famosas garantías a la oposición, se llegó muy lejos. El mismo Congreso habría considerado que puede ser sustituido por un órgano que no es de elección popular, y por ende no representa al pueblo. Error fatal de democracia.

¿Qué tan sólido es el argumento, cuando los mismos constituyentes del 91 le otorgaron al Consejo de Estado una competencia similar, en un artículo transitorio, para expedir el Reglamento del Congreso de la República en caso de que éste no lo hiciera? ¿habrían incurrido ellos mismos en una sustitución de la Carta que acababan de aprobar? Y, si lo hicieron, ¿la actual decisión sólo confirma la que se tomó de facto catorce años atrás? Razón sustantiva para leer el fallo con atención, y ver cómo el galimatías se logra comprender.

Porque, a la ambigüedad que supone esta construcción gramatical entre sustitución y reforma, el comunicado de la Corte agrega otro que oscurece a más no poder el panorama: anuncia que en Colombia no existen cláusulas pétreas. Se refiere así a lo que en el lenguaje jurídico simbolizan fórmulas, derechos o figuras constitucionales intocables. Y ello por cuanto en algunas Constituciones, como el caso de la alemana después de la experiencia nazi, se decide que ciertas normas son intocables, como las de los derechos fundamentales. Pero, si la Corte dice que no hay normas intangibles o principios inmodificables, todo se puede cambiar. Entonces, ¿qué es lo que no se puede sustituir?

Estos dos aspectos del fallo son capitales, pues de ello deriva la competencia de la misma Corte para realizar el análisis de constitucionalidad. Al respecto, diversos académicos y analistas habían calentado ya el terreno. La norma constitucional establece este control únicamente sobre vicios de forma. Para algunos, esta disposición debía superarse por una interpretación integral o sistemática de la misma Carta, pues a su juicio, si una reforma era de tal calibre que ponía en riesgo sus principios fundantes, la Corte tenía que pronunciarse sobre el fondo del asunto, precisamente en desarrollo de su función de guardián de la Constitución. El mismo Tribunal venía de alguna manera preparando el terreno para dar el salto hacia una interpretación de ese tipo. Sin embargo, parece que en este fallo habría adoptado más bien una tibia vía intermedia. Veamos.

Aunque manifiesta que su control es exclusivo sobre la forma, no la materia, incluye la competencia como vicio de forma. Es decir, considera la pregunta ¿podía el Congreso cambiar lo que cambió? como una pregunta de procedimiento. Con esto dejaría contentos a todos aquellos críticos que ya se preparaban lanza en ristre a cuestionar el auto otorgado poder omnímodo de control, que iba más allá de lo que literalmente la Carta les prohibía. Pero el punto vuelve a ser el mismo. Al estudiar la competencia del Congreso, ¿cómo puede la Corte decidir lo que excede o no excede ésta sin un análisis de fondo sobre la materia?. Y, por ahí, nuevamente llegamos a la pregunta: ¿existe un criterio objetivo para realizar la comparación entre reforma y sustitución, sobre todo si no existen cláusulas pétreas, o quedamos al arbitrio de la subjetividad de los magistrados? Como parece más la segunda opción que la primera, lo que podría concluirse es que la Corte sí introdujo el famoso control material, aun cuando sea por una vía espuria. O, por lo menos, más peligrosa. Porque quienes le pedían un control por esta vía sí partían de la existencia de algunas cláusulas o principios intocables. Si la Corte le dice no a éstos, se multiplican las razones para leer con cuidado el fallo definitivo.

Estocada final, sin movernos del punto de discusión. Conforme al comunicado, del estudio realizado se desprende que con la reelección presidencial inmediata “las instituciones de vigilancia y control conservan la plenitud de sus atribuciones, el sistema de pesas y contrapesas continúa operando. La independencia de los órganos constitucionales sigue siendo garantizada, la reforma prevé reglas para disminuir la desigualdad electoral que será administrada por órganos que continúan siendo autónomos y los actos que se adopten siguen sometidos al control judicial para garantizar el respeto al Estado Social de Derecho[2]”.

Constituye motivo de curiosidad máxima el ver cómo la Corte llega a esta conclusión. Sobre todo porque varias de las demandas insistían en que los sistemas de vigilancia y control previstos en la Constitución quedaban arrasados con la reelección presidencial inmediata. No hay que ser un vidente para presagiar lo que ocurrirá con las nominaciones a los más altos cargos de la Junta Directiva del Banco de la República, la Fiscalía, la Procuraduría o la misma Corte Constitucional.

Pero la cuestión podría ir más allá. Dado que la reelección inmediata no altera el cuidadoso sistema de controles al poder, ¿por qué lo debería hacer la reelección por dos veces más, o la indefinida? ¿qué es lo que cambiaría sustancialmente de uno a otro escenario? ¿quién podrá protegernos cuando el candidato presidente, sus escuderos y las mayorías que siempre recompone el Ejecutivo en el Congreso, tras la desbancada de los partidos políticos, nos prueben con encuestas y estudios de popularidad que la gente dice que dos no son suficiente, y que más vale malo conocido una y otra y otra vez? Seguramente, la Corte Constitucional no. Y para los que creen que tan sólo se trata de un ejemplo extremo, no hay que ir muy lejos para encontrar que el patio latinoamericano es fértil en ese tipo de autoritarismos disfrazados con la piel de la democracia.

[1] Comunicado Corte Constitucional, en El Tiempo, jueves 20 de octubre de 2005, p. 1-10.

[2] Ibid.