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Alfredo Palacio

El presidente Alfredo Palacio, que asumió el poder tras la insurrección ciudadana del mes de abril de 2005 que derrocó al régimen del coronel Lucio Gutiérrez, remitió al Tribunal Supremo Electoral, basado en el artículo 104 de la Constitución que le faculta consultar al pueblo sobre “cuestiones de trascendental importancia para el país”, un proyecto de decreto para consultar al pueblo sobre si está o no de acuerdo sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente, en la que estarían representados los partidos políticos en un 50% y la sociedad civil en otro 50%.

Con una inusitada celeridad no vista en otros casos, cinco de los siete vocales del Tribunal Supremo Electoral, conformado por representantes de los partidos políticos, desecharon el proyecto de consulta del ejecutivo calificándolo de “improcedente” y de no estar ajustado a la Constitución. El Partido Social Cristiano (de derecha) Izquierda Democrática (socialdemócrata), Partido Renovador Institucional Acción Nacional (populista), Partido Roldosista Ecuatoriano (populista), Movimiento Popular Democrático (izquierda) votaron negando la propuesta de Palacio, en tanto que los representantes de los movimientos Pachakutik y Nuevo País lo hicieron a favor de la consulta sobre la Constituyente.

Cuestionados por la ciudadanía, los partidos políticos han cerrado filas y han rechazado de plano la posibilidad de una Asamblea Constituyente, misma que asumiría todos los poderes y podría cesar en sus funciones no solo al Congreso sino al propio Presidente. Ante la presión de las movilizaciones de los quiteños/as que exigen que se “vayan todos”, el presidente del Congreso Nacional, Wilfrido Lucero (Izquierda Democrática) propuso a Palacio la convocatoria a una consulta para “establecer una Asamblea Constitucional (no constituyente) que dure dos meses, con el único propósito de reformar la Constitución Política vigente y que todos los aspirantes a ser parte de ella se sometan a los mismos requisitos y las mismas condiciones”. El caudillo del Partido Social Cristiano (PSC), León Febres Cordero, se ha pronunciado en el mismo sentido.

Palacios no ha dado el brazo a torcer, y, apoyado por algunos grupos sociales, se ha reafirmado por la convocatoria a una Asamblea Constituyente. La pugna con el Congreso se mantiene y la crisis institucional que vive el Ecuador se agrava, más aún cuando, desde hace 7 meses, el país no cuenta con Corte Suprema de Justicia y Tribunal Constitucional. En la mañana del 27 de octubre, el Congreso, con un voto favorable de 68 de los 79 legisladores, aprobó un acuerdo en el que pide a la Organización de Estados Americanos que “actúe inmediatamente, activando el mecanismo de acción colectiva en defensa del orden institucional y democrático del Ecuador”. Al mismo tiempo, “responsabilizó al gobierno por los efectos que pueda generar la pública incitación al caos y a la violencia efectuada por el Primer Mandatario”.

¿Una convocatoria con piola?

La decisión de Palacio de impulsar la Asamblea Constituyente, es una especie de “grito desesperado por apoyarse en algo que le permita sostenerse en el poder”, afirma el profesor universitario Milton Benítez. El gobierno se ha sometido al chantaje de los grupos de poder y ahora recurre a reivindicaciones que estuvieron presentes en las jornadas de abril para ganar apoyo, agrega Benítez.

El Palacio de fines de octubre no es el Palacio de abril que ofrecía refundar el país y convocar a una Asamblea Constituyente. En este corto período se ha esmerado por reconciliarse con Bogotá y Washington. Ha pactado con la Izquierda Democrática abiertamente y por debajo con el Partido Social Cristiano. Atrás han quedado las políticas que cuestionaban los recetarios del Banco Mundial y del FMI, la declaratoria de neutralidad frente al conflicto colombiano, la priorización del gasto social en lugar de pagar la deuda externa. Uno a uno, han salido los ministros que representaban el espíritu del “movimiento forajido” como Rafael Correa en Economía y Antonio Parra de Relaciones Exteriores, siendo reemplazados por funcionarios como Magdalena Barreiro en Economía, que ha “normalizado” las relaciones con los organismos multilaterales o por Francisco Carrión en Relaciones Exteriores que cumple igual función con el gobierno de Uribe Vélez y con Washington.

Varios representantes de movimientos sociales consideran que el gobierno de Palacio, con el tema de la Constituyente, estaría echando una cortina de humo para distraer la atención sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, cuyas negociaciones, según anuncios oficiales, deberán concluir – a más tardar- el próximo 24 de noviembre en Washington. Con este propósito, Palacio mantuvo una reunión en Quito con Alvaro Uribe en la mañana del 23 de octubre en medio de un gran despliegue policial que reprimió las protestas de los movimientos sociales. Si se concluye el TLC con Estados Unidos y es ratificado por el Congreso, pierde sentido la Asamblea Constituyente pues, al tratarse de un acuerdo obligatorio para las partes, la nueva Constitución que resultare del proceso de la Asamblea, tendría que adaptarse y aprobar las exigencias contenidas en el TLC.

Por lo señalado, los movimientos sociales han dado un apoyo condicionado a la propuesta de Palacio. Luis Macas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), manifiesta que “la Asamblea Constituyente no es una cosa nueva, la venimos discutiendo en el movimiento indigena desde 1990, durante los 25 años de retorno a la democracia aquí no ha habido la Asamblea Constituyente que exige el movimiento indígena. Esta es una oportunidad y una necesidad, pero bajo condiciones. Si el Presidente de la República quiere recobrar la credibilidad, la mejor forma de demostrarlo es que declare, a través del Ministro de Energía y Minas, la caducidad del contrato de concesión con la compañía norteamericana Occidental. Otra de las condiciones es que en la consulta se incorpore el TLC, no puede quedar fuera esto, o nos está metiendo gato por liebre, porque en el momento en que está discutiendo la Asamblea va a estar firmando el TLC y renegociado con la compañía OXY. La tercera condición es que la Asamblea Constituyente, debe darse desde la propuesta de la sociedad civil y no desde los partidos políticos, por eso decimos que el 100% de representantes deben ser de la sociedad civil. Esta una oportunidad histórica para ponernos de acuerdo todos los sectores y que ésta sea una propuesta de cambio que desea el pueblo ecuatoriano y terminar con la institucionalidad que está caída y por los suelos”.