Sobre la hipotética venida de A. Fujimori dijo Luis Alberto Salgado, presidente del Instituto de Derechos Humanos (IDH) que: “En defensa de los derechos humanos, en cumplimiento del orden jurídico del país y de los tratados internacionales que el Perú debe honrar, la Policía Nacional del Perú deberá detener inmediatamente y poner a disposición de la justicia al prófugo Alberto Fujimori tan pronto pise territorio nacional. El ministro del Interior en cumplimiento de sus deberes de función, ha de alertar a todas sus dependencias a fin de cumplir con los mandatos judiciales de captura que pesan hace años sobre la persona referida”

En relación al debate sobre el carácter revisable de las decisiones del JNE, Salgado, puntualizó que un sistema constitucional no puede amparar ni convalidar el prevaricato y que la decisión de cualquier institución debe estar sujeta al principio de la doble instancia. En este caso, debe siempre haber control de las decisiones judiciales, administrativas o parlamentarias que vulneren el debido proceso y con ello, otros derechos humanos. “El JNE no puede ser una isla al margen de los intereses jurídicos de la nación, del principio del equilibrio de poderes y de la protección ética de la sociedad peruana. Sostener lo contrario es incurrir en abuso en el ejercicio del derecho y violar claras disposiciones del derecho internacional de derechos humanos y ello es sencillamente inaceptable”.

El representante del IDH agregó que “sobre el señor Fujimori, recaen dichas órdenes de captura como consecuencia de sendos procesos judiciales en los que se han ofrecido y actuado muchas pruebas plenas y testimonios que confirman la participación intencionada en graves delitos y crímenes de lesa humanidad, cometidos con conciencia y voluntad, de quien fuera jefe de Estado de 1990 al 2000, en un amplio conjunto de decisiones, acciones y políticas de Estado que tuvieron incidencia directa en violaciones sistemáticas y reiteradas de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales (asesinatos), y el saqueo permanente de los recursos del Estado, que son de todos los peruanos y que fue la causa principal del empobrecimiento a nivel de miseria de millones de personas.”

Señaló asimismo, que “Fujimori encabezó un gobierno absolutamente corrupto habiendo hecho enorme daño a nuestra juventud y adolescencia (por el pésimo ejemplo exhibido), frenó el proceso histórico del Perú que necesitaba avanzar en su desarrollo humano y democrático, y poniendo en evidencia a nivel continental, para vergüenza del país, los siniestros negociados, componendas y robos para seguir usufructuando del poder casi total que concentraron Fujimori y Vladimiro Montesinos, en beneficio propio y de otros individuos con intereses económicos, empresariales y financieros que obtuvieron ingentes ganancias. De todo ello es responsable el gobierno de Fujimori y de ahí el carácter legal y obligatorio del cumplimiento de esas órdenes judiciales. La tuberculosis, el desempleo, la malnutrición y desnutrición de nuestra niñez que crecían año a año están entre otras de las consecuencias más graves del carácter delictivo de ese gobierno. Es más, Fujimori nunca ha expresado sincero arrepentimiento por lo cometido ni mucho menos ha devuelto la enorme cantidad de millones de dólares que le extrajo al país, dineros que utiliza para financiar su defensa a través de sus testaferros en el Perú.”

Instituto de Derechos Humanos