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Los coautores de la resolución sobre Siria “procuran inmiscuirse en las competencias del Consejo de Seguridad de la ONU en algunas cláusulas”, declaró el ministro de Exteriores ruso Sergey Lavrov en una rueda de prensa que tuvo lugar en Nueva York.

Comentando el proyecto del documento elaborado por Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, el jefe de la diplomacia rusa afirmó que “sería incorrecto mezclar los mecanismos penales procesales con las relaciones internacionales”.

La delegación rusa, al decir del ministro, debatió el tema con otros países miembros del Consejo de Seguridad y expresó la preocupación de Moscú a este respecto. Los coautores de la resolución tomaron nota de la postura rusa, así que todo se decidirá el martes, en una reunión del Consejo de Seguridad al nivel de los ministros de Exteriores, admitió Sergey Lavrov.

La sesión, convocada por iniciativa de EE.UU., se va a centrar en torno al informe sobre la investigación del asesinato de Rafik Hariri, ex primer ministro de Líbano fallecido en febrero pasado, junto con otras veinte personas, a raíz de una explosión. Los jueces instructores que investigaron el caso sostienen que el atentado había sido organizado meticulosamente y contado con un importante apoyo financiero.

En octubre de 2005, una comisión internacional encabezada por el fiscal alemán Detlev Mehlis presentó el respectivo informe al secretario general de la ONU, Kofi Annan, y a los miembros del Consejo de Seguridad. El documento señalaba que en el asesinato de Hariri podían estar implicados los altos cargos oficiales de Siria y Líbano. El atentado, según el informe, tuvo motivos políticos y habría sido imposible sin el consentimiento de los altos funcionarios de los servicios de seguridad sirios que actuaban en connivencia con sus colegas libaneses. Siria calificó el informe Mehlis como “politizado” y “desvinculado de la realidad”.

El pasado miércoles, EE.UU., Francia y Gran Bretaña difundieron en la sede de las Naciones Unidas el proyecto conjunto de una resolución, mediante la cual el Consejo de Seguridad debería exigirle a Damasco que detuviese a una serie de altos funcionarios de las agencias secretas, supuestamente implicados en el asesinato del ex primer ministro libanés, y para someterlos al interrogatorio ante los instructores de la comisión independiente. Amenazando a Damasco con “ulteriores sanciones”, la resolución demanda que las autoridades sirias cooperen “plenamente y de forma incondicional” con los investigadores.

Según los expertos, la mención de nuevas sanciones alude al artículo 41 de la Carta de la ONU, mediante el cual “el Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones y podrá instar a los Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas”.

De acuerdo con el citado artículo, dichas medidas “podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas”.

Fuente
RIA Novosti (Rusia)