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El atentado contra el abogado Ernesto Moreno Gordillo [1] fue ejecutado por dos sicarios a las 07:30 del 16 de noviembre en el sur de Bogota. Las cuatro balas asesinas destrozaron gran parte del rostro y el brazo del abogado.

El atentado es parte de un plan para atentar contra la vida a políticos de izquierda, defensores a los presos políticos, periodistas que no obedecen los lineamientos del gobierno del presidente Uribe y dirigentes populares en general.

Esa es la opinión de Miguel González [2], permanentemente amenazado a muerte y defensor de Rodrigo Granda (alias Ricardo González), llamado “el canciller de las FARC-EP”, en una entrevista otorgada a este periodista unas horas después del atentado contra Moreno Gordillo en la capital colombiana.

Pero los ataques contra los abogados de los presos políticos no solamente tienen sus expresiones físicas, como el atentado esta mañana. Porque mientras las cabecillas de los paramilitares son escoltadas por unos inmensos operativos militares cuando van, como hace poco, a la Corte Suprema de Justicia en la capital colombiana, al acusado Rodrigo Granda le niegan la presencia de él en la primera audiencia pública en la ciudad de Cúcuta. Esta ciudad es totalmente controlado por los paramilitares en un régimen de terror y en donde, también, tanto la fiscalía como el DAS son acusados por ser controlado por los paramilitares.

Niega al abogado visitar su cliente

Granda esta en peor situación que Saddam Hussein, dice González. Porque Hussein si hace presencia en su juicio en Bagdad, pero a Rodrigo Granda le toca a quedarse en la cárcel en el departamento del Boyacá durante la primera audiencia en contra él. Los defensores de Granda permanecieron durante tres días en Cúcuta permanentemente amenazados a muerte por los paramilitares. En esas circunstancias es difícil, dice, hacer su trabajo. Pero ahí no para los obstáculos para una defensa y un juicio correcto contra Granda.

Acabo el día de ayer interponer una tutela en contra el jefe de la secretaria común de la Fiscalía Especializada en Bogota. Ese funcionario me niega la renovación el permiso que tengo yo de derecho de obtener para realizarle la visita como abogado de confianza a Rodrigo en su lugar de reclusión en Cómbita, cárcel de máxima seguridad en la ciudad de la ciudad de Tunja, departamento de Boyacá.

“Me parece que es el colmo de la violación total de garantías y derechos fundamentales, entre otras cosas, porque se viene aplicando en la justicia colombiana la llamada “teoría del derecho penal del enemigo”. Entonces el Rodrigo Granda al interior de esos procesos penales no es considerado un ciudadano colombiano sino un “enemigo” al que hay que combatir. En ese sentido se le niega todas las garantías del orden constitucional como es lo que yo te estoy señalando”.

¿Es decir, se esta cortando e impidiendo la defensa al acusado?

“¡Claro! Un funcionario esta obligado a respetar y hacer respetar la constitución que es la norma superior en Colombia. El sabe que uno de los derechos fundamentales de rango constitucional es el derecho a la defensa. Y ese derecho se materializa en la medida en que el abogado tiene una relación confidencial con su defendido. Si a mi no me permite de asistir a la cárcel y entrevistarlo para establecer las estrategias procesales y de la defensa a la persona que estoy yo defendiendo, pues, esta violando un derecho del orden fundamental. Además es un derecho como tú sabes, esta consagrado en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, no esta violando solamente la constitución colombiana sino los pactos y tratados internacionales a los cuales esta obligado el estado colombiano, subraya el abogado González.

Planes siniestros y atentados

Hace un mes el doctor Ernesto Moreno Gordillo hace parte de la defensa a Rodrigo Granda y se encargó de uno de los cuatro procesos que esta en contra el guerrillero diplomático de la insurgencia más antigua de América Latina.

González, que encabeza la defensa desde el primer día a Granda, desde el mes de abril, dice, que hasta la capital de Colombia reina una tensión preocupante. Ya son varios los planes y atentados en contra personajes populares.

Hace un mes fue víctima de un atentado el senador German Vargas Lleras, político de la extrema derecha. El mismo senador rechazó las acusaciones en el sentido que el atentado habría sido realizado por las FARC-EP. Sin embargo se sospecha que son elementos del mismo movimiento “uribista” o sectores de las fuerzas militares que esta detrás el atentado para crear un ambiente político de caos que le de pretexto a un golpe de palacio al estilo de Fujimori del 1992, cuando éste disolvió el congreso y el poder judicial y siguió gobernando con decretos presidenciales hasta el 1996.

La semana pasada se reveló que existe un plan concreto para matar a los congresistas Gustavo Petro y el Wilson Borja, del Polo Democrático (PDI) y el Partido Comunista Colombiano, respectivamente. En el mismo plan estaría también como blanco de los sicarios el director del semanario VOZ, Carlos Lozano. En una ruda de prensa, los dos congresistas informaron que detrás los planes del atentado, que fueron facilitados por la fiscalía de la nación estarían el “Don Berna”, el jefe narcoparamilitar que esta en negociación con el gobierno de Alvaro Uribe Vélez.

Policía de Uribe al servicio a los “paracos”

La policía política, DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, que obedece directamente bajo las ordenes de la presidencia, esta pasando también un escándalo sin precedentes. Fue revelado hace poco un supuesto plan para instalar una oficina de inteligencia adentro del aparato del DAS dirigido por varios jefes máximos del DAS al servicio a los paramilitares. La revista Semana, que no es nada de izquierda, reveló también en su último número la semana pasada, como varios agentes y seccionales enteros del DAS están al servicio directo y en forma material y de inteligencia a los paramilitares en varios departamentos del país.

Son estos los antecedentes que explica la tensión que viven los defensores de la rama judicial en el país. Y es un país, según la revista Semana, en donde las fuerzas militares en varias regiones, en concordancia con los paramilitares uniformados o vestidos civiles y en cargos de alcaldes y concejales, preparan la reelección del presidente Alvaro Uribe.

El gobierno a su vez se defiende y dice, que a través “la ley de garantías electorales” la oposición tiene todas las garantías necesarias para ejercer su campaña electoral que ahora comienza en Colombia en donde se va a elegir congresistas y un nuevo presidente.

Pero ahora ni siquiera andan seguros en la capital en donde son victimas de emboscadas abogados y defensores de los presos políticos.

[1] Moreno también es economista y fue alcalde por la Unión Patriótica en un municipio del departamento del Meta pero tuvo que desplazarse hace unos años por la guerra sucia y las amenazas de muerte en contra él. El defensor no tenía protección o escoltas.

[2] Secretario General de la Asociación Colombiana de Juristas Demócratas.