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Scooter Libby (a la izquierda), Lawrence Franklin y Karl Rove

La capital estadounidense está acostumbrada a los casos de espionaje que la sacuden cada seis o doce meses. Cada uno de ellos tiene, a su manera, sus propias características. Por ejemplo, hace dos años el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, montó, prácticamente a espaldas del Congreso, un nuevo servicio secreto [1]. Se acusó entonces al Pentágono de querer librar una guerra secreta dirigida a la vez contra amigos y enemigos.

Históricamente, los republicanos han sentido siempre la necesidad imperiosa de conocer los secretos políticos de los demás y de coleccionar montones de expedientes comprometedores sobre sus propios amigos, sin mencionar a los enemigos. Es bien sabido que la discreción y el carácter impredecible han sido siempre signos distintivos de la política de Washington bajo las administraciones republicanas, digan lo que digan sus defensores.

Por ejemplo, Filipinas no ha sido nunca un país hostil a Washington. Se trata incluso de un aliado fiel, aunque Manila estuvo en el pasado bajo protectorado estadounidense. Pero, como la costumbre se convierte en reflejo, los servicios especiales estadounidenses armaron un expediente comprometedor sobre la presidenta Gloria Arroyo, expediente que, según el ministro filipino de Justicia, «podría ser utilizado para desestabilizar al gobierno de Filipinas».

Sin embargo, quiso el destino que Estados Unidos se viera a su vez, debido a un efecto de bumerang, en la mirilla de espías que trabajaban –¡gran paradoja!– para la oposición filipina.

Un ex marine estadounidense de origen filipino, Leandro Aragonchillo, que trabajó tres años en la Casa Blanca, y luego en el FBI, fue arrestado por haber transmitido cientos de documentos y datos confidenciales a sus cómplices de Manila. Aunque se trataba principalmente de opositores, no se excluye la posibilidad que responsables del gobierno en funciones estén implicados también en la red. El espía no era sin embargo lo suficientemente profesional y actuaba casi abiertamente, vaciando las computadoras en el propio corazón del poder «americano».

Todo eso puede parecer bastante extraño. Pero de ser cierto, los responsables de muchos países, sobre todo aquellos cuya vida interna Estados Unidos pretende democratizar, tienen bastantes razones para inquietarse, sobre todo ciertos aliados fieles del Cercano y el Medio Oriente que no mencionaremos aquí. Para colmo, esta historia hace suponer que un sistema de seguridad tan vulnerable debe haber llevado a otros países aliados de Washington, cuando no a sus enemigos, a preguntarse por simple curiosidad si la Casa Blanca tiene en su poder documentos comprometedores sobre ellos.

Otro caso que viene a confirmar esa hipótesis es el de Lawrence Franklin, responsable del departamento político del Pentágono, que parece haber estado entregando durante varios años documentos confidenciales a la embajada de Israel en Estados Unidos y al American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).

Otros países también deberían cuestionar la sinceridad de sus socios estadounidenses y su grado de confiabilidad, sobre todo teniendo en cuenta hechos que van más allá del escándalo.

Por ejemplo, la cadena televisiva ABC, la primera en haber anunciado el arresto del marine citando fuentes de la CIA y el FBI, afirmó que se trataba del primer caso de espionaje dentro de la Casa Blanca, cosa que es inexacta. En diciembre de 1971, también bajo los republicanos, un escándalo de espionaje sin precedentes sacudió la administración Nixon. En aquel episodio, conocido como «caso Moorer-Radford», se vieron implicados un almirante estadounidense que ocupaba el cargo de comandante en jefe del estado mayor conjunto y un suboficial del servicio de codificación de la US Navy que trabajaba en la Casa Blanca.

Gracias a un acceso prácticamente ilimitado a la documentación confidencial, incluidos los papeles personales del consejero de Nixon para la defensa nacional, Henry Kissinger, el suboficial transmitió al estado mayor, durante dos años consecutivos, expedientes secretos sobre los proyectos de Nixon y Kissinger en política exterior y en el plano militar, proyectos que ambos escondían a diplomáticos y militares.

Se trataba en realidad de una célula de espionaje militar infiltrada dentro del aparato de la Casa Blanca por el Comité de Jefes del Estado Mayor que se oponía a las prioridades de Nixon en política exterior, incluidas las conversaciones con la URSS sobre la reducción del armamento estratégico. La elección presidencial estaba cerca, y Nixon enterró el asunto de una forma totalmente inesperada… prolongando por un año el mandato del jefe del estado mayor conjunto. Radford fue licenciado con toda discreción y los demás cómplices sólo recibieron sanciones leves sin que se viera opacado el honor de la Casa o el de la US Navy. Posteriormente, durante el verano de 1972, estallaría otro escándalo, tan singular como el anterior pero más grandioso, conocido con el nombre de Watergate, y el caso Moorer-Radford se vería relegado a un segundo plano. A juzgar por las afirmaciones de responsables de la CIA y el FBI, hoy está totalmente olvidado.

Pero el caso existió y puede comprobarse que fue muy característico para Washington. «El presidente Nixon, Henry Kissinger y otros responsables cercanos a ambos hicieron conscientemente esfuerzos sistemáticos, y especialmente eficaces, por disimular sus verdaderos objetivos sobre las más sensibles cuestiones relativas a la seguridad nacional. El disimulo y la mentira eran ampliamente utilizados en detrimento de la opinión pública, de la prensa, del Congreso estadounidense, de los aliados y hasta de los dirigentes del ejecutivo que, debido a sus funciones, estaban a cargo de las consultas en materia de seguridad nacional», según escribió en sus memorias el almirante Elmo Zimwalt.

Hay que señalar que los aliados no escapan a la enumeración, lo cual no es nada nuevo. La vigilancia de amigos o enemigos, según la coyuntura política, es parte integrante, desde hace tiempo, de la cultura política estadounidense, firmemente fiel a sus dobles raseros y preocupada por alcanzar sus mezquinos objetivos. Son muchos los que invocan la Constitución para denunciar que se traiciona la confianza pública, análisis típicamente estadounidense. Otros Estados priorizan la confianza en aliados y socios.

[1] «Le SSB, service secret personnel de Donald Rumsfeld», Voltaire, 24 de enero de 2005.