Pareció en su momento que la verdad comenzaba a surgir desde
atrás de los nubarrones que la escondieron por más de dos
décadas. La estrategia del gobierno progresista sumada a las
promesas teniente general Angel Bertolotti y los otros dos
comandantes, nos hicieron entrever una realidad que durante
largos meses no pudo concretarse.

Los militares luego de tantos años de ocultamiento parecía que se
abrían y decían una verdad, cargada de claros y oscuros, pero que
establecía un rumbo que al emprenderse mostraba como niebla,
por lo menos en su apariencia, comenzaba a desaparecer en el
camino a la verdad.

Sin embargo las horas pasaron y las excavaciones en los
batallones 13 y 14, en aparente lugares de presuntos cementerios
clandestinos, parecieron fracasar. Primero no aparecieron los
restos de María Claudia de Gelman, la muchacha de 19 años,
asesinada y hecha desaparecer por los militares que arremetían
contra la vida humana en defensa - decían - de los valores del
"occidente cristiano".

Nadie creyó – quizás montados en la ansiedad impaciente de
quienes reclamábamos resultados - que la exhaustiva investigación
que continúa encontrara algo allí. Sin embargo en los estertores
de la misma los primeros restos aparecieron en una chacra de
Pando y unos días después en el Batallón de Blindados No 13.

El presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez y, también,
en su medida, el secretario de la Presidencia, el doctor Gonzalo
Fernández, pese al creciente desánimo general, mantuvieron hasta
el último momento su decisión de continuar con los trabajos.
Ellos les creyeron a los antropólogos intervinientes que dieron
cuentas pormenorizadamente de las dificultades de las
evacuaciones y, más que en ellos, confiaron en la acción de los
comandantes de las tres armas a quienes se les ordenó averiguar
el lugar de esos enterramientos.

¿Alguien habrá mentido en el marco del proceso? Es posible qué
haya habido una concertación de algunos “nostálgicos”
responsables de buena parte de las tropelías es contra de los
derechos humanos, para provocar una frustración gigantesca.

Frustración, por supuesto, de quienes buscan la verdad y la
justicia y del propio gobierno que, más allá de otras
consideraciones, trató todo este tiempo de restañar la herida que
fue abierta por la dictadura y que se mantiene incambiada desde
hace, por lo menos, dos décadas.

Sin embargo ha habido grados distintos en la información
proporcionada. La Fuerza Aérea, en una actitud responsable,
entregó datos bastante ajustados – hoy lo sabemos – y el éxito
del descubrimiento en Pando en un resultado de ello. Mientras
tanto los restos encontrados en el Batallón Blindado No. 13,
fueron el resultado de una información anónima no de los datos
recabados por el comando del Ejército. ¿Es que alguien organizó
una acción de "contrainteligencia" para desestabilizar al general
Bertolotti dejándolo en blanco?

La verdad es que en el medio del proceso se encuentra la llamada
“Operación Zanahoria”, con la cual se habrían desenterrado
cuerpos de los campos del Ejército que al parecer luego se
incineraron y las cenizas restantes fueron esparcidas en
superficies importantes, por lo qué parece improbable que
aparezca algún vestigio .

Sin embargo hay algunas más graves que otras. Si hubo mentiras
o acciones de "contrainteligencia", destinadas a desestabilizar al
comandante Bertolotti y, por consiguiente, dejar en blanco al
gobierno, es evidente que se deben investigar esos extremos y
emprenderse las acciones adecuadas para que esos grupos dejen
de "jugar" con elementos de esa trascendencia para todos los
uruguayos.

Claro, igualmente, la estabilidad en el cargo –para algunos- de
Bertolotti estaría en juego, porque se demostraría que su mano no
es todo lo firme, necesidad imperiosa para gobernar al Ejército.
Dicen que un comandante no puede ser engañado de esa manera
sin que haya reaseguros y consecuencias para los mentirosos.

Sin embargo no consideran que la carpeta esté cerrada, que ahora
la jugada está en manos del propio Bertolotti que –eso es
innegable – mantuvo una inigualable lealtad con el gobierno de
Tabaré Vázquez y ello, en un país de conspiraciones y monjes
grises, es mucho.

Debemos indicar otro elemento que nos afecta a todos.
Obviamente, está el tema de la ansiedad. Hace demasiados años
que esperamos por la verdad, por conocer sobre esos 200
desaparecidos cuyo trágico destino todavía nos oprime el corazón.

Creímos que el proceso iniciado bajo el gobierno del Encuentro
Progresista nos llevaría a la verdad y, tras ella, comenzaría a
resplandecer la justicia por más que la Ley de Caducidad de la
Pretensión Punitiva del Estado (Ley de Impunidad) es una valla
difícil de sortear. ¿Es posible que los violadores de los derechos
humanos, personajes siniestros que pululan hoy en las cantinas
de los clubes militares, sigan manejando sonrisas sobradoras
entendiendo que su impunidad es permanente?

Pero: ¿cómo hacer justicia? ¿Cómo lograr que los represores,
asesinos, torturadores, etc., sean enfrentados a algún estrado
judicial uruguayo, si durante dos décadas esto no fue posible a
través de ningún arbitrio legal? ¿Cómo lograr que alguno de los
responsables cuyas tropelías superaron nuestras fronteras, sean
extraditados?

Por eso debemos hablar del tiempo que inexorablemente
transcurre. ¿Cómo es posible para una sociedad democrática
como la uruguaya que un represor, eventualmente torturador o
asesino, no sea juzgado por los hombres? ¿Cómo es posible que
reciba mejor trato que sus víctimas, pues muchas de las que
quedaron con vida – luego de la orgía de sangre de la represión
dictatorial – fueron sometidas a largos años de reclusión en las
peores condiciones?

Los gendarmes, funcionarios públicos al fin, quienes en nombre del
Estado, agredieron al pueblo, a miles y miles de personas que
pagaron con su vida o su flagelación el ser opositores de la
dictadura, nunca fueron tocados. Solo han recibido el desprecio
de la gente. ¿Es posible que estos señores, amparados incluso
por la seguridad social – la que muchas de sus víctimas todavía no
tienen – sigan impunes?

Sabemos que el transcurrir del tiempo es implacable, que su paso
todo se borra, por ello es necesario replantearse el escenario y
tratar de modificar en él algunos elementos fundamentales. El
gobierno tiene suficiente peso en la opinión pública, como para
modificar algunas cosas.

¿No sería posible replantearse la vigencia de esa “Ley de
Impunidad” e intentar su derogación como plantea incluso la
central obrera?

La aparición de estos restos nos ha conmovido, como a casi todos
los uruguayos, pues a los testimonios desgarradores de miles de
torturados se le sumaron ahora las comprobaciones de los viles
asesinatos que se concretaron en una lucha en contra de todo el
movimiento popular.

ALAI-AMLATINA