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Los generales Eduardo Aldunate Hermann y Juan Emilio Cheyre: la Dina y la CNI dejaron una huella indeleble en el alto mando del ejército.

La denuncia contra el general Aldunate se basa en la declaración de Carlos Labarca, un ex agente de la Dina que lo identificó como integrante de la Brigada Mulchén, calificándolo como elemento de temperamento peligroso. "Locazo", fue el término utilizado. Circulan informaciones sobre la trayectoria de Aldunate que confirmarían la denuncia.

Tanto Eduardo Aldunate como el gobierno niegan que este oficial de comandos perteneciera a la Dina, aunque reconocen que estuvo en la CNI. Como subteniente participó en el asalto a La Moneda el 11 de septiembre de 1973. De formación católica integrista, fue un leal y entusiasta partidario de la dictadura, sobre la cual escribió artículos laudatorios en publicaciones castrenses.

Según la versión oficial, Aldunate fue destinado a la CNI en marzo de 1978. Se le destinó a la Unidad Antiterrorista bajo el mando del capitán Guillermo Salinas Torres, ex miembro de la Brigada Mulchén de la Dina, implicado en el asesinato de Soria. Aldunate permaneció hasta noviembre de 1978 en la CNI, dicen que haciendo un curso de inteligencia. Un aplicado alumno sin funciones operativas a pesar de su temible entrenamiento como comando.

La gravedad de los cargos exige una investigación. Así lo indica el sentido común. Lo ha solicitado la Comisión de DD.HH. de la Cámara de Diputados y lo ha pedido el Partido Socialista, que además señala que es necesaria la remoción del alto oficial. En cambio, la actitud del gobierno ha sido sorprendente. Cierra filas en torno al cuestionado oficial. Primero, niega toda vinculación de Aldunate con servicios de inteligencia y luego, el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, tiene que reconocer que fue integrante de la CNI durante "unos diez meses". Pero le da pleno respaldo como lo ha hecho también el general Juan Emilio Cheyre.

Este agrega que es injusto acusar sin pruebas a un oficial y sindicar como eventuales responsables de crímenes a todos los uniformados que sirvieron en los aparatos de inteligencia y seguridad que aplicaron el terrorismo de Estado. Pero no todo lo que dice el comandante en jefe del ejército debe ser aceptado de buenas a primeras. El mismo ha sido acusado de violaciones a los derechos humanos, cargos que han quedado en la nebulosa porque no han sido investigados.

Por otra parte, el ejército ha dado señales reiteradas de que no abandona a sus ex agentes. Tampoco la información que dice manejar es irredargüible. Se maneja en secreto; diversos archivos pueden haber sido destruidos y tampoco deben descartarse manipulaciones del Alto Mando por razones institucionales o bien de cofradías secretas derivadas de la dictadura, todo lo cual implica que Aldunate pudo estar ligado a la Dina, antes de llegar a la CNI. Se ha informado que 13 de los 36 generales del ejército fueron agentes de la Dina o la CNI. Esto complica las cosas en vísperas del retiro de Cheyre.

La pertenencia a un organismo de seguridad y represión no es precisamente un buen antecedente, porque actuaron muchas veces como bandas criminales. No todos los que pertenecieron a ellos pueden ser sindicados a priori como culpables de atrocidades. Pero al menos puede presumirse que supieron de los crímenes y que pueden entregar información de importancia para su esclarecimiento. Que no supieran nada parece muy dudoso. Después de la segunda guerra mundial nadie creyó tampoco en la inocencia a priori de los ex miembros de la Gestapo o de las SS (tropas de asalto) nazis.

Con estas prevenciones y dudas, lo menos que podría esperarse es una investigación exhaustiva. Y también el relevo del general Eduardo Aldunate Hermann de su cargo de segundo comandante de la Fuerza de Paz de Naciones Unidas en Haití. Existe duda razonable de que no todo sea tan transparente y ejemplar como lo presentan sus superiores y el gobierno. Parece conveniente dejar de lado las declaraciones altisonantes, la soberbia o un mal entendido sentimiento institucional. Así se perjudica a oficiales, clases y soldados que no tuvieron que ver con la represión ni están manchados por crímenes y torturas. Así se perjudica a los soldados profesionales, correctos y dignos, que merecen integrar las filas del ejército de Chile.