Uruguay,1992. El Ejecutivo lleva al Congreso un proyecto de ley para la venta de las empresas públicas estatales. La respuesta no se deja esperar, el movimiento social terrirorial -junto a la Central Única de Trabajadores y los partidos de izquierda-, pone en marcha una iniciativa para desarrollar un referendo, en contra de la ley, que finalmente se realizaría el 31 de octubre de 2004.

La pretensión gubernamental no se detiene. Tres días antes del referendo el gobierno aprueba y publica el decreto que permite la concesión de los servicios de agua potable y alcantarillado al sector privado, en la localidad de Manantiales - departamento de Maldonado, finalmente entregada en junio de 1.993.

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Esta concesión realizada de mala fe, ante un plebiscito que el gobierno sabía que iba a perder, favorecía a una empresa de capital uruguayo, que meses después cede la concesión a la empresa francesa Suez Lyonnaise des Eaux. Pero no es todo, en el año 2.000, el gobierno aprueba una nueva ley, que permite la privatización de la concesión del agua, autorizando a la empresa estatal uruguaya (OSE), a ceder los servicios de agua potable y saneamiento a la empresa Uragua, filial de Aguas de Bilbao, de capital español.

El proceso de organización contra la privatización

No satisfechos con lo concesionado, en el año 2002, el presidente Jorge Battle anuncia la entrada en subasta pública de los servicios de suministro de agua potable y alcantarillado de las principales ciudades del país, al igual que los recursos mineros.

Las ambigüedades del Código Minero uruguayo permite considerar las aguas subterráneas como recursos minerales y se reconoció que por esa vía se ponían en subasta los acuíferos como el Guaraní, del territorio uruguayo.

Mientras esto sucedía, el movimiento social no se detenía. En el año 2000, con la recolección de 30.000 firmas de respaldo se inició la lucha contra la privatización de los servicios públicos. Pero aún, no se sentía con la suficiente fuerza para revertir el proceso privatizador.

Ya en el 2002, cuando el Ejecutivo habló de subasta, se inició un movimiento más amplio y se conformó la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDVA) -nombre que se tomó de la experiencia boliviana en Cochabamba, donde por acción popular se logró la expulsión de la multinacional norteamericana del agua Bechtel. La CNVDA se conformó con delegados de las Juntas de vecinos de los barrios, sindicatos, organizaciones sociales, redes como Amigos de la Tierra y miembros docentes de la Universidad de la República, así como otras organizaciones sociales y políticas. En febrero de 2003 se integra a esta Comisión el Frente Amplio (coalición de partidos de izquierda), aportando toda su infraestructura territorial organizativa de Comités de Base.

La CNDAV denunció que el Directorio de OSE tramitó y firmó en secreto un «Memorando de entendimiento» con Safege (Sociedad Anónima Francesa de Estudios y Gestión, Suez Lyonnesse des Aux), para que esta empresa ejerciera el control de la gestión del agua en el país.

Dentro de la CNDVA se conforma una Subcomisión Técnica que asume la tarea de redactar la reforma constitucional, intentando integrar en ese texto todos los elementos necesarios para evitar el avance de la privatización, consumar su reversión y garantizar la defensa de los recursos hídricos tanto la propiedad estatal, como su preservación y conservación.

Finalmente, el 31 de octubre de 2004 se efectúa el referendo, respaldado por el 65% de los votantes, el cual explicita:

  1. El agua es de dominio público.
  2. La prestación directa y exclusiva del servicio de agua potable y saneamiento por personas jurídicas estatales.
  3. La gestión sustentable del agua y el ordenamiento del territorio a nivel de cuencas hidrográficas.
  4. Participación de los usuarios y la sociedad civil en todas las instancias de planificación gestión y control de los recursos hídricos.

Pero ahí no paró la lucha. Vinieron las presiones de las multinacionales para impedir la entrada en vigencia del mandato popular. La amenaza más fuerte, llevar ante los tribunales internacionales al Estado uruguayo, en cabeza del nuevo gobierno popular que gana las elecciones en marzo del 2005.

Pero también se defienden en los tribunales locales, enjuiciando por difamación a miembros de la CNDVA. Es el caso de la iniciativa tomada por la empresa Aguas de La Costa, filial de la Suez, intentando de esta manera intimidar y dividir la acción popular.

Nuevo gobierno, nuevas esperanzas

El Frente Amplio asume el gobierno el 1 de marzo del 2005, de inmediato se inicia la exigencia del cumplimiento de la reforma constitucional, o sea la recuperación de la prestación del servicio del agua por el estado en Maldonado.

En el primer debate las empresas transnacionales, empezaron a presionar al gobierno para quedarse y en caso de salir, llevarlo a juicio en tribunales internacionales, por cambio en las reglas de juego de la vigencia del contrato.

Se inicia un debate nacional de cómo solucionar esta situación. Las empresas transnacionales presionan, mientras la CNDVA no cede, exige su retiro e inicia una estrategia de denuncia a nivel nacional e internacional, no sólo por los incumplimientos y las deficiencias en su operación, sino por las presiones que ejercen ante un gobierno elegido democráticamente y el desconocimiento de la voluntad popular de la reforma constitucional.

El 20 de mayo del 2005 el presidente del país aprueba en Junta de Ministros un decreto por el cual la reforma constitucional sería aplicable desde la fecha de su aprobación en adelante, pero no se aplicaría para los contratos realizados con anterioridad.

El decreto gubernamental es demandado por la CNDVA por inconstitucional. Se inician al mismo tiempo movilizaciones, marchas desde Maldonado a Montevideo para abrir espacios de diálogo entre la comisión y el gobierno. Ante ese equipo el gobierno plantea el riesgo de los juicios internacionales a los que lo llevarían estas empresas y que en las condiciones del país, no podría enfrentarlos para pagar las demandas. La Comisión plantea que no habrá lugar a demandas ni condiciones debido a que las empresas han incumplido los contratos con delitos sociales y ambientales.

En junio del 2005 hubo un encuentro en París de organizaciones sociales de los países de América del Sur donde esta empresa opera y se hizo una declaración que fue leída en la reunión anual de sus accionistas. Se denunció su comportamiento en estos países. Se tuvo el apoyo de Danielle Mitterand quien en septiembre hizo una gira por Bolivia, Brasil, Argentina y Uruguay, apoyando la campaña y denunciando el comportamiento de la Suez en territorio francés.

El pasado 8 de octubre el estado uruguayo recuperó los servicios de agua potable y saneamiento del departamento de Maldonado antes consecionados a la empresa Uragua. Se inicia, de esta manera, a transitar hacia el cumplimiento de la Reforma Constitucional. Un primer logro concreto de la lucha legal que se libró en el país. En la actualidad se negocia el retiro de la otra empresa –Aguas de la Costa de Suez-.

Otros desafíos se están enfrentando: aportar elementos para elaborar la política nacional del agua, la construcción de una autoridad nacional del sector y su forma de funcionamiento, precisar y centralizar las competencias sobre el agua, actualmente diseminadas en varios ministerios y la definición territorial de las cuencas hidrográficas.


Las empresas privadas en Maldonado

El departamento de Maldonado fue una base de experimentación de la privatización puesta en vigencia en Uruguay desde 1992. Reunía dos características que lo identificaron para tal designio: 1. Rentabilidad, por ser la segunda zona del país; 2. Menor resistencia, derivada de su inexperiencia organizativa y de lucha.

Efectos de la privatización

El más nocivo y directo para los usuarios de los servicios públicos del agua, fue el aumento en las tarifas correspondiente a 700% en acueducto.

En el Uruguay, el sistema de cobro de acueducto funciona con dos componentes: el cargo fijo y el cargo por volumen de consumo en metros cúbicos. En los mecanismo de facturación pública el cargo fijo es bajo y el consumo es alto. La empresa Uragua en su área de operación invierte el sistema, el cargo fijo alto y el de consumo bajo. Como consecuencia los usuarios de área turística, utilizaron el agua para llenado de piscinas, riego de jardines y zonas recreativas, produciéndose un desperdicio y sobre explotación de la fuente, la Laguna Blanca, la cual al cabo de cuatro años de operación se secó, con graves consecuencias ambientales y ecológicas.

Además, se presentaron problemas de saneamiento debido a que la empresa realizaba vertimientos de aguas negras, directamente a la bahía de Punta del Este en temporada alta de turismo.

En el sistema de acueducto, el agua tenía presencia de coniformes, que llevó a las autoridades de la División de Saneamiento de la Dirección de Ambiente, a advertir a la población que no consumiera el agua distribuida por esta empresa.