¿Qué tenían en común estas tres personas? Su desacuerdo con la victimización de la población civil a través del Plan Patriota. Diferentes analistas afirman que con estos hechos, el Gobierno deja claro que la oposición tiene todas las garantías en su ejercicio, siempre y cuando la población acepte las políticas oficiales.

Antonio, Roberto y Luis, eran de origen campesino llegaron al Caquetá, Guaviare y Putumayo respectivamente, movidos por el deseo de un pedazo de tierra. Tierra negada como a la mayoría de campesinos colombianos, tierra que los vio levantar su familia, albergar sus sueños y que al buscar defenderla les privó de la libertad, y hasta de la vida.

En el 2003, Antonio vio como una flotilla de helicópteros, centenares de vehículos y cientos de soldados que se descolgaban por cuerdas, cercaban a Cartagena del Chairá, en una operación desconocida hasta ese momento por sus habitantes. En pocos minutos detuvieron a miles de compatriotas, arrebatándolos de sus calles y casas, los llevaron a la fuerza para empadronarlos y reseñarlos. Más de sesenta fueron conducidos a diferentes sitios de reclusión, bajo la acusación de ser guerrilleros. Meses después, la inocencia de todos y todas fue comprobada. Sin embargo, Antonio al igual que otros de los detenidos, permanecieron durante ocho meses en la cárcel, ese fue el castigo por ser opositor al régimen.

Pero la tragedia de Antonio estaba lejos de terminar. A más de ser líder comunitario lo entusiasmaba una nueva iniciativa, convertir su tierra en una Comunidad de Paz. Decidió, entonces, conocer diferentes experiencias, entre ellas la de San José de Apartadó y con otros miembros de su comunidad, hizo parte de la Red de Comunidades en Ruptura y Resistencia (Recorre). Participó en varias cesiones de la Universidad de la Vida, incluyendo la realizada en Remolinos del Caguán, inspección del Municipio de Cartagena del Chairá.

Como precursor de la comunidad en Resistencia de Remolinos, denunció los efectos sociales que presenció en su tierra, a partir de la implantación del Plan Patriota, y junto con otras personas (Luis y Roberto, entre otros), comunidades del sur y oriente de Colombia y organizaciones nacionales e internacionales, participó en la preparación de un evento simultáneo que se realizó a principios de julio en Cartagena del Chairá, Florencia y Bogotá. A los organizadores del evento, entre ellos a Antonio, miembros de la fuerza pública los tildaron como auxiliadores de la guerrilla, a través de un panfleto, que les sindicaba y amenazaba.

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El 25 de noviembre, Antonio llegó puntualmente al auditorio María Inmaculada de Florencia, capital del Departamento del Caquetá, donde se realizaría un foro sobre la problemática de la salud en ese departamento. Allí, una explosión le cegó la vida.

Inmediatamente después y sin las debidas investigaciones, el coronel Gabriel Rodríguez Castro, Comandante de la Policía del Caquetá –ente que los pobladores de Cartagena del Chairá responsabilizan de la elaboración del panfleto, afirmó que se trataba de una granada que Antonio llevaba para atentar contra el Gobernador.

Sin embargo, las investigaciones oficiales concluyeron que el artefacto explosivo fue activado a control remoto, lo que desvirtúa lo dicho por el Coronel. No obstante, el oficial reafirmó que la víctima era responsable, y lo señaló nuevamente como guerrillero del Frente 14 de las Farc, situación que la comunidad de Cartagena del Chairá rechaza enérgicamente.

Pero en este atentado Antonio no sería la única víctima, resultaron ocho heridos más, entre ellos cinco líderes sindicales de Anthoc, y dos concejales de Puerto Rico, cuya supuesta vinculación con la guerrilla también fue denunciada por las autoridades militares.

¿Cómo a una misma hora y en un mismo lugar, personas señaladas por las autoridades militares de la región como guerrilleros, pasan a ser el blanco de un atentado? Sin dilucidar el interrogante y a pesar de su ausencia, la policía insistió en que el Gobernador era el objetivo; del artefacto explosivo.

Una historia similar sucedió con Luis, otro campesino victimizado por el Estado colombiano. El primero de diciembre, cuando se dirigía en un vehículo de servicio público desde Puerto Asís hasta Puerto Vega, a solo cinco minutos de su salida, en un retén paramilitar, cercano a un puesto de control de la policía, fue bajado del vehículo y detenido, sin conocerse siete días después su estado y su paradero [1]. Se debe precisar que este retén existe desde el año 2000 y que patrulla de manera visible y constante con miembros de la fuerza pública, situación denunciada tanto por organismos no gubernamentales como por la misma comunidad. A los miembros de este retén se les responsabiliza, además, de asesinar el 29 de junio a no menos de 28 personas y a más de 100 campesinos durante todo el año.

El 1 de diciembre, Roberto otro líder comunitario, que se encontraba en compañía de una delegación de organizaciones nacionales e internacionales y algunos integrantes de los medios masivos de información oficial, en el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, fue detenido arbitrariamente cuando se dirigía hacia Calamar.

Roberto es uno de los impulsores de la misión, cuyo propósito es recibir denuncias de la población sobre los efectos del Plan Patriota. El 23 de agosto anterior fue absuelto de un montaje que le robó parte de su vida al privarlo de la libertad. El 19 de abril de este mismo año también fue detenido durante cinco días por militares de la Brigada Móvil número 7, del Ejército. Ya en el 2003, tras una falsa acusación de ser guerrillero, había sido detenido, recibiendo amenazas contra su vida por parte de paramilitares, luego de ser dejado en libertad. Actualmente continúa detenido.

[1] Al cierre de esta edición se conoció que su cuerpo fue encontrado, asesinado, en el basurero de Puerto Asís