- Estatutos y Convenios

El Estatuto del Periodista sostiene un sistema de principios, derechos y garantías de orden político-social y jurídico que, durante más de medio siglo, articuló y sintetizó los dos aspectos esenciales e inseparables de nuestro ejercicio profesional: la libertad de expresión y una estabilidad digna del trabajo.

A diferencia de otros instrumentos protectorios, su actualidad se reafirmó en el desarrollo histórico. Durante la última década, se hizo cada vez más necesario en la vida nacional, en el periodismo y, especialmente, en la defensa de los derechos humanos.

Esto es así porque el Estatuto no representa sólo los intereses de los periodistas; ni tampoco sólo de la actividad periodística en general. Abarca y compromete una conjunción muy amplia de instituciones y prácticas sociales democráticas: sus contenidos son el eje central del Derecho Social a la Información incorporado a la Constitución Nacional en 1994 y a la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1996.

En ambos casos, esa incorporación fue promovida por la UTPBA y otros sectores coincidentes en una concepción democrática del rol de los medios de comunicación porque, como expresáramos oportunamente en nuestras propuestas, " el diseño de herramientas jurídicas que resguarden la labor profesional de los trabajadores de prensa se traduce necesariamente en más y mejor información para el conjunto de la sociedad". A la misma concepción respondió que hayamos propiciado, además, la derogación del desacato, la preservación de las fuentes, la doctrina de la "real malicia", la ampliación del concepto de riesgo profesional y la defensa de los derechos de autor, entre otras muchas garantías y condiciones laborales.

Pero, como puntualizáramos en nuestro Congreso Mundial de la Comunicación de 1998,

"no hay democracia informativa sin democracia económica", aunque haya formas de democracia política, situación que caracteriza la actual realidad nacional.

El marco que asocia el trabajo periodístico con las libertades individuales y los derechos sociales fue decisivo para quienes dictaron la ley. De ahí que, por un lado, elevaran su rango jurídico por encima de la legislación laboral ordinaria, estableciendo su carácter de orden público, principio que asigna a una norma legal valores que reflejan las inspiraciones de la Constitución Nacional y, por otro lado, que consagraran la estabilidad del trabajador de prensa como la base esencial del Estatuto, en particular ante las posibles persecuciones ideológicas, profesionales o gremiales de las empresas o los gobiernos.

Tales características, sin embargo, no impidieron los fuertes intentos de abolir o modificar partes sustanciales del Estatuto por vías legales o de facto, directas o indirectas, a pesar de su implicancia en los preceptos constitucionales. Al contrario. Tanto porque la libertad de expresión es limitada o abolida en regímenes donde prevalece cualquier forma de dictadura como que la estabilidad en el empleo condiciona cualquier plan de precarización laboral, el Estatuto y la situación de los trabajadores en los medios de comunicación -sujetos y objetos relevantes del poder dominante- han sido, siempre, una variable de los procesos políticos. Y, por consecuencia, la legalidad de nuestros derechos nunca fue suficiente. Su aplicación también dependió y depende de la acción y la fuerza -es decir la política- con que la defendíamos.

El Estatuto y los convenios colectivos conservan hoy su total vigencia legal pero el respeto a sus normas y principios, en la práctica cotidiana, está sujeto al contexto general, al estado del conflicto social y a nuestras luchas.

La última dictadura militar, por ejemplo, apenas rozó el texto, eliminando solamente las franquicias para el transporte y las comunicaciones, pero suspendió sus contenidos políticos y profesionales, engrosó la lista general de torturados, presos, muertos y desaparecidos con más de un centenar de compañeros, empujó al exilio al triple de esa cifra y convalidó innumerables despidos; todo ello sin disimulo porque, para cumplir sus objetivos, necesitaba estrangular la libertad de expresión y las condiciones laborales del conjunto del gremio de prensa.

Actualmente, al amparo de una política del Estado que ha implantado gravísimos retrocesos en el Derecho del Trabajo, pero que no alcanzaron legalmente al gremio, las empresas intentan arrasar, en todas las formas posibles, alguna o varias cláusulas del Estatuto.

Desde 1991, a partir del proceso neoliberal de concentración de la riqueza y de la consecuente concentración de los medios de comunicación, la dictadura económica que domina el país -juntamente con las reformas legislativas y los acuerdos sindical-empresariales que precarizaron el trabajo y con la política destinada a ahogar el pluralismo informativo para instaurar el pensamiento único- no dejó de impulsar, repetidamente, la desaparición del Estatuto. No menos de siete veces, la ofensiva se plasmó en iniciativas públicas del gobierno de Menem, frustradas por la acción de la UTPBA antes de tomar estado parlamentario.

En otras muchas ocasiones, el mismo propósito se tradujo en falsas invocaciones a la necesidad de "actualizar la parte laboral" con engañosas convocatorias a negociar con las empresas o con el gobierno.

La clara y permanente política de lucha de la UTPBA, respaldada por la inmensa mayoría de los compañeros, logró que esos muchos intentos no se cristalizaran.

Dicha política se caracterizó por dos actitudes. En primer lugar, por dar una contundente respuesta en todos los campos a los sectores que, desde el poder, insinuaron maniobras tendientes a eliminar o desnaturalizar el Estatuto, recurriendo, todas las veces que fue necesario, a las movilizaciones públicas, a la Justicia, al Congreso de la Nación, a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) y a la Organización Internacional de Periodistas (OIP). En segundo lugar, por rechazar la parcialización de la importancia de sus preceptos, reafirmando, siempre, que no existe separación posible entre el atributo profesional que preserva la libertad individual y las condiciones del trabajo colectivo, no aceptando integrar ninguna mesa de "acuerdo o concertación" porque, como lo expresamos en toda ocasión, no hay nada que discutir ni nada que negociar.

Eso es lo que permitió y permite emplear el Estatuto en todos los conflictos colectivos e individuales por condiciones laborales, despidos, cierres de fuentes de trabajo y litigios judiciales.

Los convenios colectivos

La misma política de lucha e innegociabilidad del Estatuto se aplicó, por supuesto, en la defensa de los convenios cuya modificación fue ininterrumpidamente demandada por el poder.

Para obtener esa modificación se apelaron a varias vías. Primero, con respecto a los salarios, se hizo la promesa de ajustarlos a los futuros índices de productividad de cada empresa o sector económico, en reemplazo de la anterior indexación sujeta al costo de vida; segundo, respecto del conjunto de las condiciones de trabajo, se enarboló la presunta justificación de las implicancias laborales de las nuevas tecnologías. En realidad, no hubo trampa que no se inventara y no fueron pocos los que cayeron en ella.

La productividad de la economía en el período 91-99 alcanzó al 70 %, en tanto los salarios quedaron congelados en 1993, cuando se reunió, por última vez, el Consejo Nacional del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que lo fijó en 200 pesos, a pesar de la garantía constitucional de su continuo reajuste.

Los gremios que sufrieron las modificaciones de sus convenios por acuerdos entre sus organizaciones y el empresariado, perdieron casi todas sus conquistas precedentes: la cláusula de la norma más favorables, la inamovilidad y la unifuncionalidad del puesto de trabajo, la jornada máxima de 6 u 8 horas, los regímenes de accidentes y enfermedades inculpables y de indemnización, licencias, aguinaldos, categorizaciones, etc.

En definitiva, la UTPBA fue una de las pocas organizaciones que ha conservado la legalidad de los derechos de los trabajadores que representa. Por eso, el conocimiento y la comprensión política de esos derechos así como de la importancia de la lucha y del fortalecimiento de la organización, debe ser hoy, indudablemente, la principal preocupación de todos los compañeros.

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