El Perú es y será un país minero, no cabe duda al respecto. Por sobre los 3,500 a 4,000 metros de altura no hay mayor actividad económica significativa que la minería (aunque se debe tener en cuenta el valor de los servicios que dichas áreas geográficas brindan a través de su rol en los ecosistemas locales y globales); más del 20% de nuestro territorio está por sobre dicha altitud. De otro lado, sería mezquino no reconocer que la minería moderna en nuestro país, especialmente la gran y mediana minería, ha mejorado la calidad de sus operaciones significativamente, a todo nivel y ámbito; sin embargo, ¿por qué tantos problemas con la actividad minera en los últimos tiempos? Se debe tener en cuenta la gran responsabilidad existente por parte de los agitadores sociales profesionales -muchos con más de una agenda oculta y con fuentes de financiamiento- las motivaciones políticas y el descuido del Estado de sus obligaciones; sin embargo, enfocaré el problema, a título personal, desde la perspectiva de la empresa minera, dado que, entre otros motivos, “el que más sabe y tiene es el que más puede y debe”.

Partiremos del principio básico del respeto al estado de derecho, para desde allí, centrarnos en las causas del problema y no en los síntomas. Evitar las movilizaciones no autorizadas vía represión puede tener resultados en el corto plazo, pero no ser efectivo en el largo plazo.

La visión moderna de manejo de riesgos nos lleva a reconocer que si un evento o una contingencia puede afectar materialmente el desempeño y rendimiento de las operaciones de una empresa, entonces es un riesgo relevante al cual la empresa misma debe prestar atención ya sea vía su retención (mitigación) y/o transferencia (financiamiento).

La historia contemporánea -para no remontarnos hasta la época de la Colonia- de la minería en nuestro país, arroja un saldo desfavorable desde el punto de vista social y ambiental, principalmente, porque gran parte de la misma fue llevada a cabo por el Estado. Por lo tanto, no considerar los pasivos tangibles (p.e. contaminación) e intangibles (p.e. reputación de la actividad) de dicha historia, como parte de los riesgos de la gestión minera moderna, por el simple hecho de que no fueron causados por la misma, no resulta prudente. Ello podría explicar parcialmente por qué buena parte de las poblaciones afectadas indirectamente por la minería sirven de caldo de cultivo para ser movilizados y protestar.

De otro lado, es indispensable identificar y respetar la cosmovisión (cultura: mapa mental) de las poblaciones ubicadas en las zonas de influencia de las operaciones mineras (es claro que un mismo evento puede tener tantas lecturas / interpretaciones -verdades o no- como personas lo vivan o presencien), y hacerlas parte del sistema minero, el cual a su vez debería adecuarse en lo posible y pertinente, al sistema existente que lo precede. No basta con ofrecer a los pobladores servicios básicos de salud, educación e infraestructura, que por lo demás apuntan más al bienestar físico, que al de la realización personal. Entendemos a la “licencia social” de operación, no como un logro el cual se obtiene en un determinado momento y por un determinado plazo, sino, por el contrario, como un proceso al cual se somete la empresa día a día.

Consideramos que las ciencias medioambientales están aún, en términos relativos, en una etapa primaria en cuanto al “stock del conocimiento”, por lo que, las leyes y regulaciones ambientales tienden a ser reactivas. Por ello, resulta indispensable que la actividad minera se guíe por el espíritu de las normas y vaya más allá de lo que las leyes exigen (cumplir con ellas, p.e. requisitos actuales de un Estudio de Impacto Ambiental, incluido el Plan de Manejo Ambiental, es una exigencia mínima), ya que es casi seguro que mañana éstas evolucionarán creando nuevos riesgos y oportunidades para el sector.

Finalmente, resulta claro que la actividad minera (como cualquier otra) genera impactos, en mayor o menor medida, a nivel tanto ambiental como social y económico; lo importante es darlos a conocer, comunicándolos efectivamente -en función del público objetivo-, el cual debe incluir también a la opinión pública. En este contexto, la pregunta pertinente sería: ¿Qué implica realmente la minería moderna en el Perú?; o es que nos podemos dar el lujo de detener dicha actividad? Intentaremos esbozar algunas aproximaciones en futuros artículos.