El Tratado de Libre Comercio (TLC) negociado entre Perú y Estados Unidos el 7/12/05 fue celebrado por el gobierno peruano como “un instrumento que contribuirá a fomentar la protección ambiental” (Pablo de la Flor, Ministerio de Comercio, Informativo TLC No. 261). Un eufórico Toledo declaro a la TV, “el Perú le gano a los EEUU” (Washington Post 8/12/05). La realidad es diferente, el TLC es un asalto a la soberanía del país, a la salud del pueblo peruano y el medio ambiente. El gobierno sostiene que las provisiones del TLC mejoraran los estándares de protección ambiental a través de la cooperación de los EEUU al Perú (CAE), impulsara y facilitara la transferencia de tecnologías, y el aumento de la actividad económica atraerá fondos para los programas ambientales. Pero un análisis preliminar del Capitulo 18 (Medio Ambiente) del TLC es suficiente para demostrar lo contrario. El TLC tiene referencias vagas o ambiguas a la protección del medio ambiente en los capítulos referentes a medidas sanitarias y fitosanitarias, inversiones y solución de controversias. Por un lado el TLC reconoce y garantiza la protección de la salud y el medio ambiente de EEUU por la labor de mas de 35 años de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), por otro lado garantiza y hace perpetua la irrelevancia de las leyes peruanas en proteger la salud y el medio ambiente frente al ataque de las trasnacionales mineras y petroleras que operan en nuestro país. Contrario a las leyes ambientales de EEUU que tienen bajo control y en jaque a sus corporaciones contaminadoras, las leyes peruanas de protección ambiental existentes fueron diseñadas deliberadamente raquíticas y desdentadas por el FujiMonteCinismo bajo el subterfugio de “atraer inversiones”. Estas leyes necesitan ser revisadas o reemplazadas por verdaderas leyes de protección ambiental basadas en ciencia y análisis de riesgo que sean comparables a la ley internacional (niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud o los estándares promulgados por la USEPA). En el TLC no existen provisiones que garanticen estudios de impacto ambiental, de acción correctiva, de cierre y monitoreo de zonas toxicas, de responsabilidad financiera, etc. Claro que esos requerimientos existen para proteger a ciudadanos norteamericanos en su país, pero están deliberadamente ausentes en el tratado para proteger a sus trasnacionales en claro perjuicio a los ciudadanos peruanos. La hipocresía del imperio es pedir que el Perú mantenga las leyes fujimontecinistas, consolidando al Perú no solo como su patio trasero sino también como el paraíso de las trasnacionales más contaminadoras del mundo. Así se ahorran millones de dólares en inversiones de protección ambiental. Pablo de la Flor, negociador del gobierno toledista, lo explica mas claro: “Las negociaciones relacionadas al medio ambiente no entrañan la imposición de los estándares ambientales de un país a los otros, sino la búsqueda de garantías para el cumplimiento de los estándares ambientales y de la legislación propia de cada país…es por eso que el TLC no nos obligara a realizar cambios en nuestra legislación, sino que básicamente nos compromete a cumplir con las normas que ya tenemos.” (Ídem). La inefectividad de las leyes peruanas de protección ambiental no solo son debidos a la falta de recursos económicos y falta de capacidad técnica sino por la grosera interferencia del poder político central que protege los intereses de las trasnacionales, y esta labor es complementada por un poder judicial corrupto que en vez de proteger a la población reprime a las victimas poniéndose al lado de las trasnacionales (casos de Newmont-Yanacocha y Billiton-Tintaya).

Si el TLC se firma antes de la promulgación de los nuevos niveles de protección nacional, cualquier cambio posterior bajo un nuevo régimen será bloqueado por la “Comisión del TLC” controlada por EEUU bajo el pretexto de ser “barreras a la inversión” (Articulo 18.2(2)).

El TLC no tiene ninguna provisión que indique con claridad como se va garantizar el cumplimiento de las leyes de protección del medio ambiente, especialmente si un nuevo gobierno se atreva a promulgar nuevas guías y regulaciones. Al contrario, el Articulo 18.4 da carta blanca a los trasnacionales contaminadoras, otorgándoles “flexibilidad y mecanismos voluntarios para cumplir los estándares ambientales”. Los PAMAS quedaran en el museo de los recuerdos, ahorrándoles millones y millones de dólares a las trasnacionales, y asegurando una muerta lenta a la población impactada. Con el TLC, las continuas postergaciones de las PAMAS por la trasnacional Doe Run de La Oroya se harán permanentes. El TLC nos vende promesas de proteger el medio ambiente bajo la falsedad que la ley ambiental del Perú “tiene los instrumentos para proteger a la población”. Con este propósito, crea un Consejo de Asuntos Ambientales constituido por burócratas del gobierno que “presentaran informes periódicos a la Comisión de Libre Comercio (“la Comisión”) que será controlada por los Estados Unidos (Articulo 18.5 (2-b)). Esta Comisión supranacional resolverá conflictos ambientales que resulten por ejemplo entre las comunidades campesinas y las trasnacionales. La participación ciudadana en el Consejo no es obligatoria, sino dependerá de la voluntad del gobierno a convocarlos (Articulo 18.5(5)). Además, el Consejo se otorga la libertad de contratar sus propios expertos “independientes” para justificar sus torcidos argumentos a favor de las trasnacionales contaminadoras, ignorando así la opinión técnica que puedan tener los gremios profesionales e instituciones del Perú como son las universidades y el Colegio de Ingenieros (Articulo 18.6(8)). El TLC no impone penalidad alguna a las trasnacionales por contaminar el ambiente local (agua, aire, sedimentos, etc.) o agravar problemas de contaminación global (lluvia ácida, calentamiento global, deforestación, la capa de ozono, etc.) La polución esta garantizada. Pero si de trata de productos agrícolas y alimentos peruanos para ser exportados a EEUU, las provisiones del Acta de Aire Limpio de EEUU, no permitirá que entre productos que han sido expuestos a pesticidas o manufacturados con sustancias químicas dañinas (pueden ser legales en Perú pero prohibidos en USA) que de acuerdo al texto del TLC su prohibición esta basado en “ciencia y análisis de riesgo.” No se ve en el TLC ninguna referencia a la educación ambiental (que tanta falta hace en el Perú) como lo hicieron con NAFTA o en el tratado ambiental entre EEUU-China. El TLC no obliga a la parte peruana a garantizar el cumplimiento de las leyes ambientales. No dice nada sobre los fondos necesarios para hacer cumplir la ley ambiental, dejan a la voluntad de Dios o “la decisión adoptada de buena fe respecto a la asignación de recursos “ ( Articulo 18.2(1-b)). En este rubro hubiera sido necesario crear una tarifa que garantice el cumplimento de la ley ambiental, por ejemplo, fijando un impuesto anual a las cuantiosas riquezas que las trasnacionales sacan del país creando el rubro de protección ambiental por un periodo de 5-10 años. El Articulo 18.7 sobre “cooperación ambiental” es hueca y demagógica. No hay nada especifico, solo frases vacías de “desarrollo sostenible” y “armonía de comercio y medio ambiente”. Todo queda en promesa nada en concreto. Dice que las “partes se comprometen a cooperar” pero no nos dice como ni cuando lo harán. El TLC pone como referencia el Acuerdo de Cooperación Ambiental entre EEUU y Perú (ACA) que nació muerto por falta de oxigeno. Los negociadores peruanos, ignorantes obesos y perezosos, ni siquiera se molestaron en leer el acuerdo ambiental entre EEUU y China. ¿Porque no pidieron que la USEPA entrene a profesionales peruanos en la ciencia de la protección ambiental? ¿Porque no pidieron que científicos e ingenieros de la USEPA vengan al Perú a hacer estudios de riesgos humanos y ecológicos en los lugares donde las trasnacionales destruyen la salud humana y el medio ambiente? ¿Por qué no pidieron que EEUU nos ayude a resolver el problema del envenenamiento de plomo de 30,000 personas en La Oroya? ¿Por qué no pidieron que estudien el envenenamiento toxico de los ríos amazónicos por las trasnacionales petroleras?

Otra sección muy importante concerniente al medio ambiente es el Capitulo 21 (Solución de Controversias). Este capitulo viola la soberanía nacional, las leyes nacionales. Crea una Comisión controlada por los Estados Unidos que “resolverá” problemas laborales, ambientales y sobre todo velara por los intereses de las trasnacionales bajo el manto de “obstáculos técnicos al comercio” (Articulo 21.5). La Comisión convocara a sus “expertos que considere necesarios” y convocara a un panel de 8 individuos, 5 extranjeros (la mayoría) y tres peruanos (minoría) quienes serán los que decidan el destino de los conflictos, convirtiéndose este panel en juez y parte de problemas territoriales peruanos (Articulo 21.7). Si la decisión de este panel es desfavorable para ellos, las trasnacionales demandantes tienen la opción de acudir a tribunales secretos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o el Centro de Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones CIADI (un “juez sin rostro” del Banco Mundial) ambos controlados por el imperio (Articulo 21.6). Así el Estado peruano, si trata de proteger los derechos de los ciudadanos peruanos impactados por la contaminación, será denunciado a estas cortes internacionales por miles de millones de dólares por las trasnacionales mineras, energéticas, pesqueras, farmacéuticas, etc. Esto le esta ocurriendo a Méjico, Argentina, Indonesia y otros países. El Estado peruano entrega su soberanía al tener el mismo peso que una trasnacional en un tribunal controlado por Estados Unidos que decidirá el destino de las comunidades afectadas. La constitución del Perú se ira al tacho de basura.

El Presidente de la CIADI es nada menos que Roberto (Bobbie) Dañino, conocido chulo del BID y el BM, y consumado lacayo de Estados Unidos que durante su labor de primer ministro de Toledo, entrego las mejores riquezas del Perú a las trasnacionales.

Conclusiones

1. El TLC es un asalto a la salud del peruano y el medio ambiente, por lo tanto el Perú no debe firmar el TLC negociado por el régimen vendepatria y títere de Toledo. 2. Movilizar al pueblo para impedir que el Congreso corrupto de Toledo ratifique esta afrenta contra la soberanía del país. Los lobbies de las trasnacionales se encargaran de comprar sus conciencias. 3. Luchar por la recuperación de todas nuestras empresas nacionales de carácter estratégico (energéticas, mineras, puertos, aeropuertos, etc.). 2. Ningún gobierno peruano verdaderamente nacional y democrático (esto no es aplicable a dictaduras fascistas violadoras de DDHH como las de Fujimori-Montesinos y García Pérez), debe aceptar tribunales supranacionales para resolver problemas territoriales del Perú. Los derechos del pueblo peruano están por encima de los intereses comerciales de las trasnacionales. La constitución del Estado peruano en los limites del territorio nacional debe tener fuerza y efecto sobre todos los habitantes, sobre todas las empresas, sean estas nacionales y extranjeras (Resolución 3171 de las Naciones Unidas, 17/12/73). 4. La ONU el 12/12/74, otorgo el derecho a los Estados a nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de bienes extranjeros pagando una compensación adecuada conforme a la ley de cada Estado. Esta parte es muy importante porque las privatizaciones de las grandes empresas estratégicas del Perú, durante el régimen ilegal de Fujimori-Montesinos y las de transición (Paniagua y Toledo), se ejecutaron a través de subastas envueltas en coimas y sobornos.