Mientras el gobernador Jorge Sobisch continúa su recorrida por el país tratando de agrupar a las fuerzas de la derecha para las próximas elecciones presidenciales, las formas de llevar adelante la política en Neuquén siguen intactas: represión a quienes exigen sus derechos.

Por estos días en tierras neuquinas se está discutiendo una nueva constitución provincial. Entre los reclamos planteados a los legisladores que forman parte de la Asamblea Constituyente, los trabajadores de Zanon Bajo Control Obreros exigen la expropiación y estatización sin pago de la deuda de la fábrica adquirida por su antiguo dueño. Al mismo tiempo, los pueblos mapuches exigen el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios.

Frente a esta Asamblea Constituyente, los obreros de Zanon han denunciado que la nueva Ley Magna “pretende legalizar la entrega de la provincia a las petroleras”.

El viernes 27 de enero, la policía provincial arremetió contra doscientos integrantes de comunidades mapuches que reclamaban frente al Consejo Deliberante para que se incluya su propuesta en la nueva Constitución. Según un comunicado emitido por la Confederación Mapuche Neuquina, el proyecto que se votaría sin respetar el presentado por ellos “desconoce el carácter de Pueblo Originario de los Mapuche y genera un sistema de control institucional y político sobre las comunidades que las hace absolutamente dependientes del poder político provincial. Su sanción constituiría una violación de derechos fundamentales y un inadmisible retroceso que afecta no sólo al Pueblo Mapuche de Neuquén sino al movimiento indígena en su conjunto”.

No es para asombrarse que esta represión forme parte de una larga lista en los haberes del gobernador neuquino, ya que Jorge Sobisch construye su nueva fuerza política con los dirigentes que no dudan a la hora de pedir mano dura o votar leyes de corte represivo: Mauricio Macri y Ricardo López Murphy integran esta lista. Entre los que se han sentado a hablar con Sobisch, también aparece el vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli. En estos días, el gobernador comenzó a tentar a personajes como Juan José Álvarez, uno de los responsables directos de la masacre de Avellaneda; el duhaldista Eduardo Camaño y el empresario Francisco De Narváez, quien financió la última campaña presidencial de Carlos Menem.

Comunicado de las Madres

La Asociación Madres de Plaza de Mayo repudia la represión desatada contra la población indefensa del Departamento de General San Martín, que se movilizó para reclamar al gobierno de Salta una solución al aislamiento que están padeciendo. El 31 de diciembre cayó el puente que une al departamento con las zonas de abastecimiento, y desde entonces los pobladores de la zona están incomunicados.

Denunciamos al Gobernador Juan Carlos Romero, que ya otras veces reprimió brutalmente a la población, y al Comisario Guantey, que fue el criminal que ejecutó sus órdenes.

Las Madres de Plaza de Mayo nos solidarizamos con los justos reclamos del Pueblo y exigimos la inmediata libertad de los detenidos.

Hebe de Bonafini Presidenta